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Una fiscal recusó a los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que fallaron la inconstitucionalidad de la ley 18.831 (interpretativa de la Caducidad) por prejuzgar y reclamó que se aparten de las causas por violaciones a los derechos humanos.
La recusación está basada en declaraciones que hizo el presidente de la Suprema Corte, Jorge Ruibal, al diario La República en las que señaló que jueces y fiscales que pretendan seguir con las causas contra militares se encontrarán con una “muralla” en la SCJ.
La fiscal Ana María Tellechea dijo a El Observador que si bien, quien hizo las declaraciones fue Ruibal, el presidente de la Corte incluyó en sus declaraciones a los otros tres y a su juicio deben apartarse de las causas.
Si la SCJ acepta el recurso por los aspectos formales, deberá integrarse con cuatro ministros de los tribunales de apelaciones (se eligen por sorteo), quienes estudiarán la recusación y se pronunciarán, junto a Ricardo Pérez Manrique (el único no recusado) sobre su pertinencia.
La fiscal presentó la recusación en el expediente que se sigue por la muerte de Aldo Perrini, caso que la fiscal compartía con la jueza Mariana Mota. La SCJ acaba de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la ley 18.831 para ese caso, por el que era indagado el general retirado Pedro Barneix.
Los cuatro ministros recusados por Tellechea (Ruibal, Jorge Larriuex, Jorge Chediak y Julio Chalar) volvieron a plantear que es inconstitucional aplicar los delitos de lesa humanidad retroactivamente porque recién rigen para Uruguay desde 2006.
Sin embargo, Tellechea cree que la normativa internacional prima en estos casos y que se trata de delitos imprescriptibles. Su posición es compartida por los fiscales penales Carlos Negro, Ariel Cancela y María Camiño, con quienes se ha reunido en las últimas horas, como informó ayer Búsqueda.
