Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi
El anuncio realizado por la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) de impulsar una obra de servicios públicos no contemplada en su Ley Orgánica en la zona norte de Montevideo, donde se erigía el derrumbado Cilindro Municipal -uno de los escenarios deportivos más emblemáticos de nuestro país- ha abierto un nuevo frente de polémica respecto al proceder del gobierno nacional.
La mencionada infraestructura se denominaría ANTEL Arena, y supondría la reconstrucción del Cilindro en un lapso de tres años y su reconversión en un complejo polideportivo y centro de espectáculos que se equiparía con tecnología de punta, a un costo total de 40 millones de dólares, de acuerdo a lo anunciado por la propia presidente del ente, Carolina Cosse.
La concesión de la Intendencia de Montevideo (IDM) a ANTEL se concretaría a través de un convenio, y se extendería por un lapso de 30 años. Para la construcción del nuevo complejo edilicio se realizaría un concurso de ideas, de las cuales un jurado seleccionaría las cinco mejores propuestas para, de entre ellas, elegir el proyecto definitivo. Finalmente, se convocaría a una subasta de empresas constructoras para erigir la nueva edificación.
La jerarca sostuvo que el hecho de que las empresas de comunicaciones gestionen emprendimientos de estas características es “usual” en todo el mundo, y que la inversión tendría un retorno a través de la venta de entradas, de las promociones y venta de palcos y butacas, y del aumento del tráfico de Internet, ya que las actividades que se desarrollarían en el escenario podrían ser seguidas por la web desde todas partes del país, más allá de que el sitio se convertiría en un centro de transmisión de datos.
Y añadió que, independientemente de la recuperación financiera, la obra tendría un importante “alcance social que iría más allá del dinero”, porque se trata de “recursos públicos que vuelven al público” y el ANTEL Arena cumpliría su objetivo de transformarse en un centro de integración social y sustentabilidad económica.
Como recordará el lector, como consecuencia de un incendio cuyas causas aún se desconocen -la investigación realizada por la IDM no encontró responsables y la Dirección de Bomberos sostuvo que se trató de un “incendio accidental”- el 21 de octubre de 2010 el techo del Cilindro colapsó y se derrumbó en forma total, a partir de lo cual la comuna capitalina impulsó para su reconstrucción una licitación que fracasó debido al desinterés de inversores privados, al igual que un proceso para hacerlo con fondos propios que quedó inconcluso.
Nadie pone en tela de juicio la necesidad -y hasta la obligación- de reconstruir una estructura que no es ajena a ningún uruguayo, pero no es esta la vía para hacerlo.
Una vez más, el gobierno se equivoca. Primero, porque de forma inadmisible el propio Presidente Mujica admitió desconocer el proyecto señalando que “no tenía noción” y que sólo “había sentido un rumor”.
Segundo, porque ANTEL apunta a financiar con el dinero de todos los uruguayos -de la misma forma que Presidencia hizo con la inconstitucional patente única- a través de una asistencia mal disimulada, financiera y política, a la IDM, responsable de una malísima gestión a pesar de que recauda 1,5 millones de dólares diariamente. De tal suerte, todos los uruguayos terminan pagando la ineficacia e ineficiencia de la intendente de Montevideo y su equipo de gobierno.
Claro está, a partir de ese antecedente las demás intendencias tendrían derecho a reclamar a ANTEL la subvención de alguna obra de similar envergadura, y sólo por nombrar una en nuestro departamento, pongamos como ejemplo la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, que para el caso reúne las mismas características que el Cilindro: un escenario emblemático, que puede reconvertirse en una estructura cultural y deportiva y que, además, tiene el valor agregado de ser patrimonio histórico nacional.
O, si de alcance social se trata, puede abocarse a la construcción del nuevo hospital departamental de Colonia, que sigue siendo una silueta etérea e impalpable que día a día parece alejarse más.
La pregunta es: ¿ANTEL financiará a todas las intendencias? La respuesta es clara y contundente: No.
El emprendimiento no puede avanzar, ni en Montevideo ni en los demás departamentos, porque el Artículo 190 de la Constitución establece que “Los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales”. Por su parte, el Artículo 197 establece que “Cuando el Poder Ejecutivo considere inconveniente o ilegal la gestión o los actos de los Directores o Directores Generales, podrá hacerles las observaciones que crea pertinentes, así como disponer la suspensión de los actos observados”. Y, como si ello fuera poco, la Ley Orgánica de ANTEL establece claramente cuáles son los cometidos de la empresa, por lo cual ésta no puede abocarse a misiones que le son ajenas.
Si ANTEL insistiera con esta iniciativa, violaría flagrantemente la Constitución y la ley, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) seguramente observaría todos los gastos, y los directores del ente podrían incurrir en responsabilidades no sólo políticas sino, además, civiles y penales al destinar dineros públicos para un fin inadecuado.
Proseguir con este proyecto sería un grave error.
Insistimos en que ni la voluntad ni el capricho de los gobiernos de turno deben situarse por encima de la ley.
Aunque durante la presente administración, ese “detalle” no haya sido tenido en cuenta por nuestros gobernantes.