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Para bajar el consumo de alcohol en la sociedad y ayudar a los alcohólicos en clínicas especializadas, el gobierno enviará este mes al Parlamento el proyecto de ley que limitará los lugares donde estará permitido consumir, modificará la carga tributaria que hoy pagan las bebidas alcohólicas y obligará a comercios y distribuidoras a “comprar licencias” para poder venderlas.
De todos modos, según fuentes oficiales consultadas por El Observador, el texto que llegará al Parlamento “suavizó” algunas de las limitantes que contenía el proyecto original que elaboró la Junta Nacional de Drogas.
La venta de las licencias –cuyo costo se definirá en la reglamentación de la ley– tiene dos cometidos específicos.
Por un lado, bajar el número de locales de venta de alcohol en un país donde 260 mil personas tienen un consumo problemático y hoy encuentran un comercio en cada esquina. Por otro lado, con los recursos que se obtengan por las licencias se financiarán las clínicas para recuperar personas con consumo problemático de alcohol. Según la encuesta de hogares de 2012 de la Junta Nacional de Drogas, unos 63 mil uruguayos requieren tratamiento o algún tipo de ayuda profesional para superar su alcoholismo.
Para el Poder Ejecutivo se está ante un problema “cultural”, según lo dijo Diego Cánepa, pro secretario de Presidencia, quien adelantó que se trabaja “en regular” y “no en prohibir” el consumo de alcohol “porque no da resultado”. Un razonamiento similar hace el gobierno para la marihuana.
