Traline SA: domicilio coincidiría con escritorio del escribano Adolfo Pittaluga

El domicilio de Traline SA, la empresa que compró el campo El Entrevero en José Ignacio, coincidía, en junio de 2011, con el escritorio del escribano Adolfo Pittaluga Shaw, quien redactó la escritura de compraventa por US$ 14 millones.

En el verano de 2011, el escribano consultó varios estudios jurídicos en busca de una sociedad anónima vacía, como se le llama en la jerga empresarial a las sociedades anónimas inactivas, hasta que encontró a Traline SA, cuyo capital accionario era de US$ 76.000 ($ 1,5 millones). El 23 de febrero de 2011 concretó el negocio y, de la mano de Pittaluga Shaw, Alejandro Maximiliano Acosta asumió como presidente de Traline SA.

Acosta es socio de Leonardo Fariña, el valijero de la organización que confesó al periodista Jorge Lanata, cámara oculta mediante, haber integrado una red de lavado de dinero dirigida por el empresario Lázaro Báez y el expresidente argentino Néstor Kirchner. La Justicia argentina investiga a Báez y a Fariña, entre otros, por presunto lavado de activos.

Un mes más tarde de la compra de la SA, en marzo de 2011, Traline, con la firma de Acosta como presidente de la empresa, participó en la compra del campo El Entrevero, realizada por Pittaluga Shaw como su escribano.

Pittaluga Shaw estaba obligado por ley a conocer la evolución patrimonial de la SA, que había pasado de US$ 76.000 a US$ 14 millones en menos de un mes.

El 22 de junio de 2011, Traline cambió otra vez de presidente. Óscar Osvaldo Guthux, gerente financiero de Valle Mitre SA, el grupo que administra el hotel Alto Calafate, que fue propiedad de Kirchner y hoy administra Lázaro Báez, asumió como presidente de la firma. El domicilio de la SA, desde ese día, es Treinta y Tres 1377, oficina 307. Esa dirección coincidía con la del estudio notarial de Pittaluga Shaw hasta el año pasado. Esa oficina hoy es ocupada por una empresa que trabaja en el rubro pesquero. De todas maneras, la SA que compró el campo no cambió su domicilio ante la Dirección General de Registro, según constató El Observador.