Tributo diseñado para el agro tiene cuestionamientos

Cinco expertos en tributación coincidieron en que el Impuesto al Patrimonio propuesto por el gobierno para la agropecuaria creó confusión, es contradictorio y “no es lo ideal” para un sector que depende del clima y de los precios de los commodities, durante una jornada realizada ayer en la Cámara de Comercio con el apoyo de la Asociación Rural del Uruguay y la Federación Rural.

Los contadores Juan Antonio Pérez, Gustavo Viañales, Federico Camy, Diego Bonomi y el doctor Carlos Loaiza Keel analizaron el proyecto que aún no fue aprobado en la Cámara de Diputados.
Camy destacó a El Observador que los cinco panelistas que disertaron sobre “Impuesto al Patrimonio. El desafío de la sociedad y del gobierno: recaudar sin afectar la producción” habían concluido que hubiera sido mejor para el sector buscar un impuesto “diferente”.

Explicó que, por ejemplo, se podía haber apuntado a ampliar el Impuesto a la Renta y no dejar esta inquietud en manos de un impuesto fijo, que “va a estar atado siempre a la tenencia de un patrimonio y que no tendrá en cuenta si la empresa tiene o no rentabilidad”.

“Creo que esa es la conclusión principal que se extrae como un análisis crítico técnico de un Impuesto al Patrimonio que no es lo ideal para un sector que depende del clima y los precios”, sostuvo.

Por otra parte, el experto en tributación del estudio Sanguinetti/Fodere, Carlos Loaiza, realizó tres puntualizaciones sobre la nueva norma, que atañen a aspectos jurídicos, institucionales y económicos. En lo jurídico, Loaiza señaló que con el nuevo proyecto el gobierno se cuidó “muy bien” de “blindar” la norma frente a cuestionamientos por el lado de la inconstitucionalidad, que hizo caer el impuesto anterior.

Sostuvo que eliminar la exoneración que tenía el agro en el pago del Impuesto al Patrimonio contribuye con el objetivo de “equidad” que persigue el sistema tributario, pero la aplicación de una sobretasa progresiva y la forma de valoración específica que se define para los activos del agro “introduce mayor complejidad” para la administración del tributo y se contradice con la simplificación del sistema.

Por el lado institucional, para Loaiza hay desde el gobierno una respuesta apresurada ante la declaración de inconstitucionalidad del ICIR que evade una discusión de fondo sobre su conveniencia. “Valdría la pena una reflexión más profunda y no legislar como reacción”, añadió.