El Partido Colorado rechazó en la Cámara de Diputados, al igual que antes lo había hecho en el Senado de la República, el proyecto de ley de creación del Impuesto al Patrimonio que introduce ajustes a la tributación del sector agropecuario, en sustitución del fracasado Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Igualmente, el proyecto que establece el Impuesto al Patrimonio a explotaciones rurales mayores a 12 millones de Unidades Indexadas -unos 30 millones de pesos- fue aprobado y se transformó en ley por imperio de los 50 diputados del oficialismo.
En diálogo con la prensa, el representante nacional por Colonia, Daniel Bianchi (VAMOS URUGUAY) informó que “rechazamos la reimplantación del Impuesto al Patrimonio votando negativamente porque, entre otras cosas, se trata de un impuesto injusto que significa un durísimo golpe al sector agropecuario que, en el mediano plazo, va a afectar la economía del país, y en el corto plazo, va a afectar a los productores familiares, particularmente los ganaderos. Y además va a tener precisamente un efecto inverso al que el gobierno buscaba, porque provocará la venta de las tierras a grandes inversores por parte de aquellos que ya no podrán continuar la producción. Incluso, tal como está propuesto, también podría ser declarado inconstitucional, como en su momento el ICIR”.
“Esta es una modalidad que hace ya largo rato que se está eliminando en todos los países, debido a que se trata de lo que se denomina un ‘impuesto ciego’ al activo tierra, es decir, que grava un bien sin tener en cuenta la renta de los productores, que sería una medida mucho más justa”, sostuvo.
“Esta iniciativa deja enormes dudas sobre el propósito de desalentar la concentración de inmuebles rurales en manos de pocos. Y además, las señales que envía el gobierno a un sector que ha venido creciendo sostenidamente, como el agropecuario, son muy malas, ya que desdice lo que antes había asegurado. Pero además, el sector agropecuario se caracteriza precisamente por el uso intensivo de capital y este impuesto lo ataca de manera directa”, añadió.
“El Frente Amplio ha sido claro en este sentido y ha admitido, incluso, que no se trata de un tema tributario, sino de un tema de política agraria que tiene que ver con la infraestructura y con desestimular la concentración de las tierras principalmente en manos de extranjeros, un aspecto que preocupa particularmente a la administración del presidente José Mujica. Y, paradójicamente, nunca como durante la actual administración los extranjeros han comprado tanta tierra en nuestro país”, dijo Bianchi.
“Pero además, este impuesto, por ejemplo, no va a gravar a la empresa Montes del Plata, una firma extranjera que hoy concentra una gran cantidad de tierras. No debe olvidarse que, en su momento, Mujica invitó a los inversores extranjeros a comprar y establecerse en Uruguay asegurándoles que no les cambiaría las reglas de juego, que es lo que precisamente hace ahora”, expresó.
“En este momento, más de 1 millón de hectáreas en Paraguay son propiedad de inversores uruguayos, y de subsistir este nuevo impuesto los ganaderos afectados van a hacer un cosa muy sencilla: se van a pasar a la producción forestal, con las consecuencias que de ello derive, entre ellas, la falta de materia prima, el aumento del precio de la carne y la desafectación del personal de los frigoríficos con su envío al seguro de paro”, sostuvo.
“Pero además -agregó el legislador coloniense- este Impuesto lejos está de solucionar el grave problema de las malas condiciones de la caminería rural, porque no se cumplió con el compromiso asumido en primera instancia por el presidente Mujica con los intendentes. En un principio estaba previsto destinar todo lo recaudado a los gobiernos departamentales para el desarrollo de obras de caminería rural, pero la modificación introducida prevé que lo recaudado se divida, en diferentes etapas y montos, entre las Intendencias, la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), pasando ya a partir del próximo año finalmente todo el dinero a Rentas Generales”.
“De esa manera se pierde el espíritu del acuerdo, no se soluciona el problema del mal estado de la caminería rural, se introduce un nuevo impuesto cuyo producido será vertido a Rentas Generales y se legitima una ley que no es justa”, finalizó Bianchi.