Por allí debería empezarse

Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi

Es una realidad que el alcoholismo es una enfermedad que afecta a toda la sociedad independientemente de su situación económica o posición social, y no lo es menos que, en la actualidad, los adolescentes tienen contacto con el alcohol en épocas cada vez más tempranas.

Las salidas por la noche a bailar a las discotecas, las fiestas de cumpleaños de 15, las reuniones en casas de amigos, en la rambla, en la plaza o incluso en una esquina, son ocasiones que gran parte de ellos aprovecha para iniciarse en el consumo del alcohol sin conocimiento de sus padres.

Los motivos son disímiles: para divertirse, para reírse más, para desinhibirse frente a sus amigos, como algo innato que hace a la característica “rebeldía de la adolescencia” o simplemente porque los demás lo hacen.

A veces se trata de episodios aislados, muchas otras se tornan más frecuentes de lo aconsejable, y otras, finalmente, son el inicio de una adicción que, más tarde que temprano, entrañará importantes peligros para su salud y modificará su entorno familiar y social.

Es tarea de los padres enseñar a los hijos acerca de los efectos indeseados del alcohol en el organismo y de los riesgos que éste implica.

Y es tarea del Estado controlar las condiciones en que se comercializa instrumentando las medidas para salvaguardar la salud de la población, tarea que hoy dista mucho de ejercer de manera siquiera aceptable.

Precisamente, a comienzos de la presente semana, el Poder Ejecutivo anunció que, con vistas a regular el consumo abusivo de bebidas alcohólicas, incrementará los impuestos a las mismas, establecerá restricciones a los vendedores y exigirá una licencia para vender ese tipo de producto.

De acuerdo a lo anunciado desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el aumento tributario no tendrá relación con la graduación alcohólica, sino que será un incremento del Impuesto Específico Interno (IMESI), pero en la práctica la carga impositiva será más elevada para las bebidas que actualmente ya pagan más IMESI, entre ellas el whisky, el espinillar, la grapa y el vodka.

La mencionada Secretaría de Estado ha señalado que se maneja la posibilidad de agregar el articulado que fija el incremento de los valores en el proyecto de Rendición de Cuentas, para en los días siguientes remitir al Parlamento Nacional un proyecto de regulación del alcohol.

Claro está, el aumento de la carga impositiva debería ser absorbido por las empresas, que con seguridad trasladarán la misma al precio final que llegará al consumidor, si bien desde tiendas gubernamentales se especula con la posibilidad de que las empresas absorban, a su costo, por lo menos parte del incremento.

Pero más allá de la parte impositiva, el proyecto de ley apuntará a disminuir la cantidad de locales de venta de alcohol en todo el territorio nacional y, con los recursos que se obtengan por las licencias que se pretende instaurar, financiar clínicas de recuperación de adictos al alcohol.

La intención es buena.

Implementarla no va a ser fácil.

Mucho menos cuando el texto de la iniciativa prohíbe conductas que se han hecho habituales entre los jóvenes, entre ellas las “canillas libres” y los “happy hours”, y la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública, mientras propone reforzar la fiscalización a través de un nuevo organismo especializado denominado Unidad Reguladora de Bebidas Alcohólicas, cuya efectividad permítasenos poner de antemano en tela de juicio habida cuenta de lo que es el control de varios temas en nuestro país.

Hasta el momento, el gobierno se ha mostrado absolutamente ineficaz para regular el mercado de bebidas alcohólicas. La venta en todo el país es casi incontrolable, y más allá de la prohibición de vender a menores o después de la medianoche en algunos comercios, el expendio está poco fiscalizado: supermercados, almacenes, quioscos, estaciones de servicio y todo tipo de comercio venden -salvo aquellos que con responsabilidad y corrección respetan la normativa establecida- este tipo de bebida sin mayores controles.

Las cifras oficiales revelan que el consumo problemático de alcohol afecta a alrededor del 8% de los uruguayos, nada más y nada menos que aproximadamente 260.000 personas. La cantidad global de litros de bebidas alcohólicas ingeridas por los uruguayos trepa y supera los 175 millones de litros de alcohol, la venta es casi indiscriminada y está muy poco controlada.

La responsabilidad de los padres, como apuntábamos, es cuidar la salud de sus hijos, y la tarea del Estado es salvaguardar a todos los uruguayos, ya sea previniendo el consumo abusivo, rehabilitando a los alcohólicos o, como en el caso del proyecto que se plantea, endureciendo los controles.

Como sea, tanto se hable de padres o del Estado, una verdad es incuestionable: la clave está en enseñarles a los jóvenes a ser responsables.

Con eso, gran parte del camino estaría recorrido.

Y de hecho, por allí debería empezarse.