Diputado Daniel Bianchi volvió a reclamar un resarcimiento para operarios de la textil Campomar que hace 40 años fueron despedidos sin indemnización alguna por adherirse a la huelga general
El diputado Daniel Bianchi (VAMOS URUGUAY) reclamó que el Estado, en cuanto responsable -de acuerdo a resolución de la Justicia- de lo acaecido hace 40 años con los 53 trabajadores destituidos de la textil “Campomar”, de Juan Lacaze, sin recibir indemnización alguna, contemple de una vez por todas esa situación otorgándoles el resarcimiento correspondiente para cerrar definitivamente ese capítulo.
Al respecto, Bianchi presentó ante la Cámara de Representantes la siguiente Exposición Escrita:
Montevideo, 2 de julio de 2013.
Señor Presidente de la Cámara de Representantes
Señor Germán Cardoso
Presente
De mi mayor consideración:
En el ejercicio de la facultad que nos confiere el Artículo 155 del Reglamento de la C. RR., solicitamos que se curse la siguiente exposición escrita a la Presidencia de la República, al MTSS, al BPS, a la Intendencia y a la Junta Departamental de Colonia, al Municipio de Juan Lacaze, al Plenario Intersindical de Juan Lacaze y a los representantes de los trabajadores objeto de estas palabras.
Con ocasión del Golpe de Estado del 27 de junio de 1973, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), como muestra de resistencia a la dictadura que comenzaba, convocó a una huelga general, a la que entre otros sindicatos se plegó el de la empresa textil “Campomar & Soulas S.A.”, de Juan Lacaze. El Jefe de Policía de la época, con fecha 05.07.1973, encomendó a la empresa que despidiera a quienes no se reintegraran a sus tareas, y el 18 de julio, feriado, a través de un telegrama colacionado, 53 trabajadores fueron notificados que se les despedía por “notoria mala conducta”, al amparo del Decreto del P.E. del 4 de julio.
Claramente, no fueron indemnizados, pero perder su trabajo por ejercer un derecho constitucional no fue la única consecuencia, ya que muchos debieron sobrellevar situaciones difíciles, en lo laboral, en lo familiar y en lo social. Algunos fueron incluidos en listas negras, a otros se les dificultó encontrar trabajo o retornar a la actividad formal, algunos debieron optar por un trabajo con menor salario y otros se vieron obligados al exilio.
Reinstaurada la Democracia, la Ley 15.783 del 28.11.85 reparó la situación a los trabajadores de la actividad pública. Posteriormente, la Ley Nº 17.449 atendió el reconocimiento en años a los efectos jubilatorios a ex-detenidos, clandestinos y exiliados.
Posteriormente, la Ley Nº 18.033 consideró a quienes fueron despedidos por el decreto del 4 de julio de 1973, pero la reparación que se instrumentó no es tal, porque sólo les reconoció como aportado el tiempo que va desde el cese hasta su vuelta a la vida laboral formal, antes del 28 de febrero de 1985. Pero en cuanto a los destituidos de Campomar, la Justicia consideró que habían prescripto sus derechos.
Hoy, 40 años más tarde, y a pesar de los múltiples reclamos realizados ante el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, a pesar de haber planteado su problemática ante la Junta Departamental de Colonia y la prensa, aquellos 53 trabajadores, de los que viven 29, aún no han obtenido la reparación que reclaman.
Siendo claro que, constitucionalmente, la iniciativa para la asignación o aumento de pensiones, el establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios es privativa del P.E., no es el Parlamento Nacional quien puede solucionar esta injusticia, pero sí puede amparar el reclamo de los ex trabajadores para que el Ejecutivo equipare sus jubilaciones a 8 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) y les otorgue algún resarcimiento por aquella decisión que tanto los afectó. Es comprensible que, debido al paso de cuatro décadas, se dificulte el cálculo de los montos e intereses, por lo que se entiende pertinente establecer para ellos una pensión decorosa, de la misma manera que con los presos políticos, y de esta forma, restañar heridas de larga data para hacer justicia y dar por finalizada esta situación irregular de una buena vez por todas.
Por lo expuesto, solicitamos a esta Cámara nos acompañe a requerir al Poder Ejecutivo que adopte las medidas pertinentes para efectivizar el resarcimiento indemnizatorio correspondiente.
Saludamos al Señor Presidente muy atentamente,
Dr. Daniel Bianchi
Representante Nacional