No lo quieren devolver

Comunicado de Prensa

Por Daniel Bianchi

La Ley Nº 18.131, promulgada el 18 de mayo de 2007, creó el Fondo Nacional de Salud (FONASA), propuesto como un conjunto de cambios en el sistema de financiamiento de la salud con base en la justicia distributiva.

En virtud de ella, todos los trabajadores realizan un aporte de su sueldo al FONASA con destino a mutualistas y hospitales.
No obstante, en algunos casos, como se trata de un adelanto estimado, aportan más de lo que el sistema requiere para cubrir su atención sanitaria, aspecto que se determina por el valor de la cuota que el Estado paga a cada prestador de salud por cada afiliado.

Hasta ahora, el Banco de Previsión Social (BPS) efectúa la devolución de ese excedente para quienes superan el tope máximo correspondiente a su franja de cobertura médica y la de sus personas a cargo a lo largo del período considerado, de enero a diciembre. La misma se hace efectiva en los locales de las redes de cobranzas autorizadas (Abitab, Red Pagos, Correo y ANDA).
Pero eso puede cambiar, porque es claro que en Uruguay ya nada es sagrado.

En efecto, el Poder Ejecutivo está analizando la posibilidad de no devolver los aportes excedentes del FONASA, y para ello creó una comisión especial cuyo objetivo es analizar la plataforma jurídica en la cual podría respaldarse para no devolverle a la gente sus aportes personales.

Esa es, según el Gobierno, la mejor alternativa para no tener que ampliar la franja más cara de aportación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el famoso “impuesto al que más trabaja” ya perimido en casi todo el mundo.

La Ley Nº 18.131 estableció que, por un lado, aportarían al FONASA, obligatoriamente, todos los residentes del país mayores de 18 años, tributando un porcentaje de sus ingresos con un mínimo no imponible y, a partir de dicho valor, tasas crecientes según el tamaño de la familia y el nivel de los ingresos. En el caso de los hijos menores de 18 años, éstos se adscribirían a la afiliación del padre que aportara mayores ingresos al Fondo.

En segundo lugar el Gobierno Nacional aportaría al FONASA a través de las asignaciones presupuestales previstas en los organismos que tienen hoy asignados gastos en salud.

Finalmente, en tercer lugar, las empresas privadas y públicas, así como la Administración Central, aportarían al FONASA un porcentaje sobre su masa salarial, tomando como referencia el aporte patronal a la ex DISSE del BPS.

¿Por qué, entonces, si la forma de financiación está debidamente establecida en la ley, el Gobierno se arriesga a realizar un cobro indebido? De concretar esta idea, incurriría en lo que, según el Código Civil, se tipifica como “enriquecimiento sin causa”, ya que, en situaciones como esta, se impone el deber de regresar lo cobrado y no justificado legalmente. Precisamente, la no devolución de lo que se debe restituir es lo que constituye un acto ilícito.

La intención del Gobierno Nacional es, con esos 50 millones de dólares anuales que debería devolver a los contribuyentes, poner en marcha planes sociales cuya financiación no incluyó en la Rendición de Cuentas, entre ellos los programas “Uruguay crece contigo” y “Siete Zonas”, este último destinado a reforzar acciones contra la vulnerabilidad en la zona metropolitana (Montevideo y Canelones), pero no en el resto del país. ¿Descentralización?

Ahora bien, es curioso que, en un presupuesto que excede largamente los 10.000 millones de dólares, no puedan incluirse 50 millones y se los pretenda quitar indebidamente a los contribuyentes. Y la razón de ello es que, como ha venido ocurriendo invariablemente, la mala gestión ha provocado que los recursos, los mayores en la historia del país, sean insuficientes en áreas claves como la Enseñanza y la Salud. Como se gastó mucho, mal y con escasos resultados, la salida es apelar una vez más a los bolsillos de los ciudadanos.

Las políticas sociales -el asistencialismo social, que no saca a la gente de la pobreza sino que la mantiene en ella- son una gran apuesta del Gobierno para tiempos electorales, por lo cual el objetivo es conseguir más dinero, no importa de qué manera.
Pero sustentar esos planes sociales, como siempre, aumentando la presión fiscal sobre los sectores medios, que son quienes ya hacen aportes cuantiosos a las arcas públicas, está muy mal.

Y hacerlo pasando, una vez más, por encima de la ley, es peor aún.