Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi
Tratando de explicar la manera en que el Poder Ejecutivo elaboró el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas actualmente a estudio del Parlamento, el Presidente de la República no dejó pasar la oportunidad de fustigar a los empresarios por su “falta de solidaridad y responsabilidad”.
En efecto, el mandatario la emprendió contra “buena parte del empresariado” señalando que la responsabilidad social empresarial «abunda por su ausencia. Para que algunas empresas contribuyan a veces con intentos sanos de enseñanza privada, a veces en cuestiones deportivas o aportes sociales, hubo que inventar el fraudulento mecanismo (sic) de canjear eventuales apoyos que se contabilizan por equivalencia fiscal”.
Según su razonamiento, «tales impuestos son sustituidos por tales aportes. Y esto como línea en el fondo lo que establece es que sigue siendo el Estado el que contribuye en cuestiones sociales (…) No sale de la voluntad libérrima del empresariado, sino que en definitiva utilizan un mecanismo de transformar impuestos en aportes. Es como si el Estado cargara con la mochila de esos aportes», y en ese sentido, dijo que sería bueno «tener un empresariado que sin pedir ventajas, sin sustituir necesidades fiscales, haga un esfuerzo real en las infinitas necesidades sociales del medio”.
Mujica se refería a la Ley Nº 16.226 de Rendición de Cuentas (Ejercicio 1990), que en su Artículo 462 establece que las empresas contribuyentes del impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio, Impuesto a las Actividades Agropecuarias, Impuesto a las Rentas Agropecuarias e Impuesto al Patrimonio, gozarán de beneficios tributarios por las donaciones que realicen para la compra de alimentación escolar, útiles, vestimentas, equipamiento, construcciones y reparaciones a escuelas públicas que atiendan a las poblaciones más carenciadas. El 75% del total de las sumas entradas convertidas en unidades reajustables (UR) a la cotización de la entrega efectiva de las mismas, se imputará como pago a cuenta de los tributos mencionados. El 25% restante podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gastos de la empresa. De acuerdo con dicho artículo, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) publica para cada año civil la lista de escuelas que atienden la población más carenciada, autorizando contribuciones hasta un máximo de 7 UR por alumno, que no podrá superar 1:500.000 UR al año, en el total de escuelas beneficiarias. La empresa contribuyente, según dicho artículo, podrá sugerir la escuela a la que desea beneficiar.
También, el mandatario aludía a otras leyes similares (la Ley Nº 18.083, entre ellas) que hacen lo propio con los liceos y las escuelas técnicas.
Como era de esperarse, las acometidas del Presidente no demoraron en tener respuesta desde el sector empresarial, que emitió el clarísimo mensaje de que, debido a la pérdida de competitividad generada a partir de la baja del dólar, las trabas comerciales con Argentina y las imposiciones tributarias, no sólo muchas empresas ya no cuentan con ganancias que repartir, sino que deben realizar enormes esfuerzos para intentar mantener su equilibrio y su rentabilidad. En otras palabras, para subsistir.
La leve suba del dólar no ha traído aparejadas mejoras a la producción nacional y, por el contrario, Brasil está devaluando el real, lo que le permite competir internacionalmente con mayores ventajas.
La cuasi generalización ensayada por el Presidente Mujica está fuera de lugar y es injusta. Si bien el concepto de “responsabilidad empresarial” es relativamente nuevo por estas latitudes, y si bien es verdad que no todas las empresas lo han incorporado a su metodología de trabajo, es igualmente cierto que hay muchas empresas que trabajan en esa línea.
Calificar como un “fraudulento mecanismo” el sistema de exoneraciones fiscales para aquellas empresas que hacen aportes a la educación, no sólo es irrespetuoso por cuanto se trata de leyes aprobadas con todas las garantías parlamentarias. Es, además, una forma más que evidente de retornar al consabido camino de evitar afrontar los problemas, deslindar responsabilidades, de culpar a terceros de los problemas del país y de desconocer la obligación de dedicarse, de una vez por todas, a la búsqueda de soluciones a los problemas de competitividad que perjudican el trabajo de todos los uruguayos.