Nota de Prensa
Por Daniel Bianchi
Marihuana, pasta base, cocaína y crack son las drogas más habituales de las cuales generalmente se incauta la Policía luego de complicadas y extensas investigaciones que a veces insumen largos meses y que, ineludiblemente, derivan en allanamientos a casas, comercios y vehículos tras los cuales muchas veces el resultado no es el esperado.
Con los pocos elementos con que cuentan, los efectivos policiales -generalmente superados por las armas, los vehículos y la tecnología de los delincuentes- realizan ingentes esfuerzos y arriesgan sus vidas para impedir el ingreso y la distribución de drogas en el territorio nacional, razón por la cual no logra entenderse cómo, antagónicamente a la labor de la Policía, el propio Gobierno anuncia, muy displicentemente, querer legalizar el consumo de marihuana y ahora también, redoblando la apuesta, de cocaína.
Mientras los operativos antidrogas montados por las Brigadas Antinarcóticos del país se realizan con renovado vigor y ocasionalmente buenos resultados, el Gobierno propone liberalizar el consumo de drogas. Incomprensible.
Pero no es todo.
En los últimos días el Gobierno presentó al Parlamento un proyecto de ley dirigido a regular las máquinas tragamonedas barriales, para lo cual prevé el funcionamiento de hasta tres de ellas en bares, pubs y cantinas que vendan bebidas alcohólicas al mostrador, iniciativa que, curiosamente, llega cuando hay otros tres proyectos de ley dirigidos a prohibir esa actividad, uno de ellos de un legislador oficialista.
El propio partido de gobierno se encuentra dividido al respecto, por cuanto algunos de sus representantes apuntan a “blanquear” estos slots mientras otros pugnan por prohibirlos. Y tanto se ha apuntado a esto último, que en el año 2009 el Poder Ejecutivo encabezado por el entonces presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley prohibiendo el funcionamiento de estas tragamonedas, al tiempo que establecía que el juego clandestino dejaba de ser una falta para convertirse en un delito que sería castigado con 3 a 24 meses de prisión.
Sin embargo, el gobierno de Mujica, lejos de prohibir esta actividad, redactó el texto de marras que propone legalizarla.
Si bien es cierto que las leyes que controlan el juego en Uruguay ameritan una revisión por su antigüedad -provienen de la época de Don José Batlle y Ordóñez, y las modalidades han cambiado- no menos cierto es que no hace mucho más de una década que las tragamonedas se encuentran instaladas en bares, cantinas, clubes deportivos, almacenes, quioscos, panaderías y verdulerías.
Se estima que las tragamonedas cuadruplican a los slots de los casinos estatales. Los comerciantes barriales aseguran que tres mil familias viven gracias a esta actividad que les reporta buenas ganancias, pero lo cierto es que funcionan en la clandestinidad y excitan la adicción a las apuestas, en especial entre los menores de edad y personas de bajos recursos económicos.
Aún más allá, el proyecto asigna la habilitación y el control de las tragamonedas a las intendencias -a través de un canon que los propietarios deberán pagar a las comunas- al tiempo que establece que el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) deberá impulsar políticas de prevención y asistencia a las víctimas de ludopatía.
No es necesario ser muy competente para darse cuenta que drogas, alcohol y juegos de azar confirman una mixtura poco recomendable.
Y menos para advertir que traspasar el control de las tragamonedas a la Intendencia de Colonia -en nuestro caso- que ha comprometido principios básicos de buena administración financiera, mostrándose además incapaz de fiscalizar el tránsito, los animales sueltos en la vía pública, los ruidos molestos, el vertido de aguas a la calle o los terrenos baldíos, sólo por señalar algunas faltas, sobrepasa con mucho la aptitud de la comuna.
Aún cuando la intendencia coloniense fuera un ejemplo de pulcritud, el control se tornaría extremadamente difícil, por cuanto mientras los slots de los casinos están conectados a través de una red informática que permite el control diario de la recaudación y el pago de impuestos, las tragamonedas barriales pagarán una tasa impositiva fija, por lo cual no existirá ningún control informático.
La competencia clandestina con los juegos del Estado perjudica económicamente a este último, ya que éstos sí se encuentran regulados y además su producido se destina a distintos beneficiarios.
La propuesta del gobierno, así, no hace más que legalizar una actividad clandestina, estimular la participación de menores y el consumo de alcohol, porque la realidad indica que el Estado -las intendencias- no tendrán capacidad para controlar esta actividad.
Parece risible, pero no lo es. Al contrario, es grotesco y peligroso.
Pareciera que el gobierno apunta a “formar” ciudadanos sin valores, sin hábitos de trabajo, sin educación y, además, estrechamente ligados a las drogas y a los juegos de azar.
“La esclavitud es hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción”, sentenciaba el libertador Simón Bolívar.
Y mucho más fácil de manipular, agregamos nosotros.