Junta Departamental respaldó a los destituídos de Campomar

Comunicado de Prensa

Tras escuchar el planteo realizado por dos de ellos en representación de todos, la Junta Departamental de Colonia otorgó un firme respaldo a los trabajadores que hace 40 años fueron despedidos sin ser indemnizados de la empresa textil «Campomar & Soulas S.A., de Juan Lacaze, y resolvió conformar una comisión que realice las gestiones necesarias para lograr la reparación.

“Este problema surgió hace cuatro décadas y aún hoy sigue sin ser resuelto. Si quienes adhirieran a una huelga en un régimen democrático fueran despedidos, entonces en este momento habría 10.000 docentes sin trabajo, por poner un ejemplo. Y si además el despido fuera sin indemnización, entonces el exceso sería aún más arbitrario y muchos levantaríamos las voces para denunciar ese atropello. Es impensable e injustificable que eso pueda suceder”, sostuvo el edil departamental (S) Gabriel Gabbiani (VAMOS URUGUAY), quien propusiera invitar a los trabajadores a Sala.

Durante la Sesión Extraordinaria del pasado jueves 10, el edil batllista dijo tener “sentimientos encontrados, de alegría por ser esta la primera vez desde el retorno de la Democracia que los destituidos vienen a la Junta -ya que esta problemática había sido abordada durante muchísimos años pero sin que los trabajadores concurrieran a hacer oír sus voces- y a la vez de tristeza, porque hoy iban a venir más de aquellos viejos luchadores y por cuestiones de enfermedad, debido a la avanzada edad de algunos de ellos, no pudieron estar”.

Gabbiani señaló que “de la sesión de hoy tiene que partir una decisión firme, porque 40 años de espera es un tiempo más que suficiente para cualquiera”.

Los trabajadores agradecieron el respaldo de la Junta, y solicitaron toda la ayuda posible para seguir luchando por una reparación que demora demasiado en llegar.

Finalmente el deliberativo aprobó una moción presentada por la bancada del Partido Colorado, así como conformar una comisión integrada por dos representantes de cada partido político para que gestione ante las autoridades nacionales las reparaciones que correspondan.

El texto de lo resuelto es el siguiente:

VISTO: Que con fecha 18 de julio de 1973, a instancias del Jefe de Policía de la época y con la aquiescencia de la Dirección de la empresa, 53 trabajadores de la textil Campomar & Soulas S.A., de Juan L. Lacaze, que se habían adherido a la huelga general que distintos sectores sociales llevaron a cabo el 27 de junio de 1973 en rechazo al golpe de Estado, fueron destituidos a través de un telegrama colacionado por “notoria mala conducta” al amparo de un Decreto del 4 de julio;

CONSIDERANDO I: Que su desvinculación de la empresa se sustanció sin que se les abonaran las indemnizaciones establecidas en la ley, esto es, despido, licencia salario vacacional, aguinaldos y sin siquiera derecho al seguro de paro;

CONSIDERANDO II: Que perder su trabajo no fue la única consecuencia, ya que muchos de ellos padecieron secuelas muy difíciles de sobrellevar, en lo familiar, en lo social, en lo laboral e incluso en lo referido a la salud, ya que a muchos se les dificultó encontrar otro trabajo, y algunos tuvieron que optar por el exilio;

CONSIDERANDO III: Que algunas leyes que contemplan a los efectos jubilatorios algunas situaciones de ciudadanos detenidos y exiliados, no proporcionan solución a esta situación particular, y valorando las propuestas presentadas por los legisladores nacionales de nuestro departamento a través de distintas minutas que hasta la fecha no han tenido respuesta del Poder Ejecutivo;

RESULTANDO I: Que cuarenta años después, y acaecido el fallecimiento de casi la mitad de ellos, los trabajadores destituidos aún no han sido objeto de la reparación que reclaman;

RESULTANDO II: Que la iniciativa para la asignación o aumento de pensiones, el establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios, es privativa del Poder Ejecutivo, de conformidad con la Constitución de la República;

ATENTO: A lo precedentemente expuesto:

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE COLONIA RESUELVE:

1. RESPALDAR el reclamo de los trabajadores por entenderlo un acto de estricta justicia que, luego de cuatro décadas, recompone una situación irregular y repara aquellas arbitrariedades cometidas;

2. PROPONER al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a equiparar sus jubilaciones a 8,5 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC);

3. SOLICITAR al Poder Ejecutivo Nacional que, complementariamente a lo establecido en el numeral anterior, acuerde conjuntamente con los trabajadores damnificados un resarcimiento que repare los haberes indemnizatorios que jamás cobraron;

4. REMITIR COPIA de esta Resolución a la Presidencia de la República, a los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Economía y Finanzas, al BPS, al Parlamento Nacional y al Congreso Nacional de Ediles.

5. CONFORMAR una Comisión Especial integrada por dos Sres. Ediles de cada Bancada, para entrevistarse con las autoridades competentes para avanzar en este tema a la brevedad.

Colonia, 10 de octubre de 2013.