Hacia dónde vamos

Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi

En mayo de 2012 una investigación realizada por los oficiales Karla Rodríguez Scelza y Wilinton Suárez Silveira, licenciados en Seguridad Pública y docentes del Centro de Formación y Capacitación de Personal Subalterno (CEFOCAPS) de la Escuela Nacional de Policía, concluía que era posible que en Uruguay se reprodujera el fenómeno de las pandillas (“maras”, como se las conoce en América Central).

Según el informe, las características sociales de nuestro país eran “compatibles» con el surgimiento y el desarrollo de estos grupos violentos (inicialmente ligados a pequeños robos, el cobro de “peajes” a quienes pasan por “su” territorio, y hoy asociados a cruentos niveles de violencia y crímenes relacionados con el narcotráfico) que el Estado uruguayo no estaba preparado para enfrentar y que ocasionarían grandes pérdidas de distinta índole.

Entre las causas por las cuales se advertía la posibilidad de que esta modalidad se instaurase en nuestro país, se mencionada el incremento de la violencia por parte de los menores infractores (en Uruguay hay sólo alrededor de 1.000 adolescentes delincuentes, de los cuales 450 se encuentran alojados en hogares del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente – SIRPA). La investigación reconocía que, actualmente, niños, niñas y adolescentes infractores, a pesar de no ser un número amplio, sí constituían una cantidad suficiente para obstaculizar el normal desarrollo de la convivencia social.

“Si bien es un fenómeno que no es nuevo, es cierto que cada vez el número de menores infractores es mayor, y ocurre que cada vez más disminuye la edad en que comienzan a delinquir», decía la investigación, que concluía que la incidencia de los menores infractores, las «barras bravas» en el fútbol y en el basquetbol, la existencia de “tribus urbanas” y la desintegración familiar, abonaban un terreno ya de por sí fértil para el surgimiento de pandillas.

Conocido el informe, no fueron pocos los que pusieron el grito en el cielo rasgándose las vestiduras y preguntándose hasta dónde se podía llegar cuando se quería generar temor en la población. Hubo no pocos que indicaron que se podía llegar a sostener casi cualquier cosa, con tal de llamar la atención y generar una sensación de inseguridad estigmatizando a los jóvenes. Algunos calificaron el informe como un verdadero disparate, incapaz de sostenerse desde ningún punto de vista. Otros dijeron que se trataba de la difusión de análisis sensacionalistas, cubiertos con un manto de supuesto rigor científico. Hubo, incluso, quien aseguró que las pandillas “no están ni remotamente” cerca de estar presentes en Uruguay. Y hubo quien, adjudicando intenciones, opinó que informaciones como las comentadas no podían tener otro fin que generar miedo en los ciudadanos y apadrinar intereses espurios.

Pero en enero de este año, el subdirector de la Policía Nacional, Raúl Perdomo, dio al traste con la opinión de los “opinólogos” y admitió un “fenómeno incipiente” de pandillas con rasgos similares a las maras centroamericanas en tres barrios y en la zona oeste de Montevideo, allí por donde cada vez que pasa un ómnibus con destino hacia la Ruta 1 es apedreado.

Quedó de manifiesto, así, que el informe no estaba tan alejado de la realidad.

Y tanto es así, que en los últimos meses hemos conocido la actuación de pandillas en Montevideo, en Paysandú, en Artigas y hasta en Nueva Palmira, aunque en cada sitio con sus propias características.

Algunos barrios de Paysandú, como el P3 (conocido como “Fuerte Apache”, adaptado de la ahora inexistente trinchera de Buenos Aires pero hasta no hace tanto un bastión de la delincuencia inabordable para la Policía Federal) y el Sur, son considerados zonas de alto riesgo, a las que no ingresan los efectivos policiales, ni los taxis ni los remises. En Artigas el enfrentamiento entre bandas es constante. En Nueva Palmira, las fuerzas vivas debieron reunirse y realizar un fuerte reclamo a las autoridades nacionales por el accionar de bandas que realizan hostigamiento escolar, pelean entre sí, se dedican a agredir a ciudadanos y a dañar bienes públicos y privados. Hasta no hace muchos años, esas situaciones eran propias de los barrios Borro, 40 Semanas, Unidad Casavalle o Marconi, todos de Montevideo, pero ahora el modelo se ha trasladado también al interior, sin que las autoridades sepan cómo ponerle freno.

Hace ya algún tiempo que,  igual que desde el CEFOCAPS, se viene alertando también desde algunas tiendas políticas a este respecto, en el sentido de que se está creando una institucionalidad paralela en varios barrios y ciudades en los que la Policía y la Justicia no podrán ingresar dentro de poco.

Y hacia eso vamos. O mejor dicho, ya hemos llegado a ello.

Claro está, en algún lado, cómodamente instalados en sus casas en barrios elegantes, rodeadas de rejas, protegidas con alarmas, con perros guardianes y guardia privada de seguridad, algunos dirán que diciendo esto lo único a lo que se apunta es a incrementar el miedo en la población.

Y que nada está más lejos de la realidad.

Aunque seguramente los que estén más alejados de la realidad, sean ellos.