Recién empieza

Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi

El sombrío “Caso PLUNA S.A.” ha comenzado a dejar filtrar algunos rayos de luz, a pesar de que algunos prefieran mantenerlo en la oscuridad.

En las últimas horas la Justicia procesó con prisión por el “delito continuado de estafa especialmente agravada” al ex presidente del directorio de PLUNA S.A. y CEO del Consorcio Leadgate, Matías Campiani, y a sus socios Sebastián Hisch y Arturo Álvarez Demalde. Según el fiscal, el empresario argentino fue responsable de “presentar balances que no correspondían a la realidad, hacerlos tardíamente, retacear la información a los directores públicos y contratar consultas con especialistas que reflejaban visiones parciales, siempre beneficiosas a los intereses de los indagados…”.

Los reclusos se encuentran en el Centro de Diagnóstico (ex Cárcel Central), donde vienen siendo evaluados, y por estas horas la Justicia determinará a qué centro penitenciario del interior del país se los derivará, no descartándose que sea el Establecimiento de Reclusión Departamental de Piedra de los Indios.

El escribano del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) que certificó la identidad del famoso “hombre de la derecha”, Hernán Antonio Calvo Sánchez, quien se presentó en la fallida subasta de los aviones Bombardier como Antonio Sánchez, fue procesado sin prisión por falsificación de documento público.

Por su parte, a horas tan sólo de que la bancada del partido de gobierno en el Senado escudara al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, la Justicia pidió el procesamiento sin prisión por “abuso de funciones” para él y para el presidente del BROU, Fernando Calloia, quienes lograron aplazar el fallo merced al recurso de inconstitucionalidad presentado por sus defensores, aunque no sin que el primero de ellos tuviera que renunciar su cargo. El expediente deberá ir a ahora a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con lo que el proceso queda en suspenso hasta que ella resuelva al respecto, por lo que el fallo respecto a los dos jerarcas demorará varios meses. Para los defensores, el delito de abuso de funciones tiene características que hacen que sea “una norma absolutamente imprecisa”, pero no debe olvidarse que en el pasado hubo algunos procesamientos por este delito que, de no haber existido como figura delictiva, no hubieran tenido lugar.

El fiscal sostuvo respecto a Lorenzo que “en su carácter de ministro de Economía, abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente y se encontraba entre otros interesados en participar en el remate de las siete aeronaves de la ex PLUNA”. Respecto a Calloia, valoró que aceptó “esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información necesaria, permitiendo que en definitiva Cosmo fuera el único mejor postor” en la subasta. «El principal perjudicado de todas esas maniobras no puede ser otro que el Estado Uruguayo», señaló la Justicia.

Tres son las investigaciones que impulsa el Juzgado de Crimen Organizado, sobre PLUNA S.A.: una de irregularidades en la gestión de Leadgate como principal accionista en el período 2007-2012 (con un pasivo de US$ 301,5 millones y un activo de US$ 290 millones), una investigación de oficio iniciada por el fiscal sobre el remate de los aviones y el aval que se otorgó a la empresa española Cosmo (a este respecto, tanto Lorenzo como Calloia admitieron que el primero hizo gestiones ante el titular del BROU para agilizar el trámite), y una denuncia que presentó ANCAP acusando a los jerarcas de Leadgate de pagar combustible con cheques sin fondo.

Pero no es todo: el fiscal ya anunció que investigará a las autoridades de las distintas subsidiarias que Leadgate conformó entre 2007 y 2012, debido a que su uso mediante «una compleja ingeniería» por parte de Leadgate incrementó los gastos de PLUNA «en beneficio de las empresas subsidiarias o coligadas por ellos manejadas».

Mientras la Justicia avanza en su indagatoria, el precandidato oficialista, Tabaré Vázquez, manifestó que ante cualquier circunstancia “hay que ser solidarios”, y que “el hecho de que estamos hablando de una situación que la Justicia está investigando, (…) indica a las claras que no está en tela de juicio la honestidad, no se habla de corrupción”.

Curiosamente, en tiendas del oficialismo se minimiza este grave incidente, se habla de una “operación política”, y se especula con que el caso no estará en la campaña electoral porque “solamente es comidilla del sistema político».

Cuatro cosas, cuando menos, merecen valorarse respecto a este episodio: primero, que sin dudas el mismo tendrá una evaluación electoral por parte de la ciudadanía; segundo, que la independencia de la Justicia sigue siendo una garantía a la hora de pronunciarse en el ámbito que le compete, más allá de que sus fallos a veces gusten y a veces no; tercero, que un suceso de estas características no puede agradar al oficialismo, claro está, pero tampoco a la oposición. Y ello no sólo porque en estas situaciones estén inmersos políticos y empresarios allegados al poder, sino porque el desprestigio atraviesa fronteras y nos hace mal como país y como Estado.

Y cuarto, pero no menos importante, que la revelación sobre la intrincada e imprudente trama del “Caso PLUNA”, recién comienza.