Tocando lo que no se debe

Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi

 

Al tiempo que el Senado debatía acerca de la legalización del mercado de la marihuana, la Cámara de Representantes, solamente con los votos de la bancada de gobierno, aprobaba el proyecto de ley que regula la prestación de los servicios de comunicación audiovisual, conocido como Ley de Medios.

La media sanción llegaba tras una extensa sesión que se había extendido desde las 10.30 hs. hasta las 23.00 hs., cuando por  50 votos en 85 legisladores presentes, logró el respaldo del Frente Amplio y el rechazo de colorados, blancos e independientes, pasando al Senado de la República para su sanción definitiva, lo que se estima sucedería a mediados del año que viene, en plena instancia electoral.

La iniciativa propone que la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) sea la encargada de los controles de contenido, las regulaciones y las eventuales sanciones a los medios cuando no se cumpla la ley. Pero, además, deberá regular la asignación de publicidad oficial sustituyendo en esa tarea a la Corte Electoral,  que es el organismo que en la actualidad tiene la facultad de distribuirla en los medios entre los lemas según los votos obtenidos en la última elección, alteración que requería una mayoría especial (dos tercios de la Cámara) que no obtuvo.

Dicha modificación entraña serios riesgos para la transparencia, además de poner en riesgo las garantías electorales, teniendo en cuenta además que la URSEC depende directamente del Poder Ejecutivo, con todo lo que ello conlleva con una nueva maratón electoral en puertas.

El oficialismo pretendió imponer una imagen que transmitía que, limitando las imágenes violentas en los informativos (por ejemplo de homicidios o rapiñas), limitando la publicidad para niños y adolescentes, y regulando el contenido en cuanto a programación nacional y extranjera, se estaría protegiendo los derechos de los usuarios.

Pero fracasó. Porque ello, claramente, no es así. Al contrario.

Con todo, lo más grave es que, lejos de “ampliarse los derechos individuales y colectivos de acceso a la información, y de profundizarse la democracia», como se esgrimió desde el oficialismo, la iniciativa lisa y llanamente limita la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y lo hace furtivamente pero a la vez en forma mal disimulada, prácticamente obligando a los medios a la autocensura bajo pena no sólo de ser sancionados pecuniariamente, sino además de ser radiados del otorgamiento de publicidad oficial.

Lo paradójico es que el propio Presidente de la República, José Mujica, quien tuvo diversos pareceres respecto a este proyecto de ley y finamente terminó haciendo lo contrario a lo que dijo originariamente (no sólo no tiró el proyecto a una papelera, como había anunciado, sino que ahora lo respaldó y justificó), admitió en las últimas horas que el mismo, originado en el seno del Poder Ejecutivo del cual él es cabeza, no era bueno. Y más aún, reconoció que por el propio avance de las telecomunicaciones en poco tiempo será superado por la realidad y seguramente deba redactarse otra ley, por lo que se entiende que el afán de impulsar este texto, similar al que ya tienen Argentina, Venezuela y Ecuador, entre otros países ideológicamente afines al gobierno uruguayo, no sea otro que el de limitar la libertad de prensa y ejercer una presión indirecta sobre los medios de difusión para que éstos informen lo que al Poder Ejecutivo le conviene, le interesa o, por lo menos, no lo daña.

Y prueba de ello es que el texto, tal como está redactado, deja abierta la posibilidad de que cualquier gobierno, eventualmente, utilice la ley para presionar a los medios bajo la amenaza de cuantiosas multas y hasta la posibilidad de clausura y cierre de un canal de televisión o una radio.

Insistir con que el proyecto viola flagrantemente la Constitución de la República sería llover sobre mojado. A esta altura, es anecdótico. Seis constitucionalistas afines a todos los partidos políticos coincidieron en que el texto incluye varios párrafos que afectan nada menos que a diez artículos de la Carta Magna.

Pero la advertencia de los catedráticos fue desoída.

Una vez más.

Con seguridad, nuevamente la Suprema Corte de Justicia (SCJ) deberá intervenir para dejar en claro hasta dónde llegan los derechos y las obligaciones del Estado y de los ciudadanos.

Porque parece que algunos todavía no lo han entendido.