¿Un Código Penal a medida?

Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi

Desde hace algunos días los medios de prensa y los actores políticos vienen aludiendo a la constitucionalidad o no del delito de «abuso innominado de funciones” tipificado por el Artículo 162 del Código Penal.

Dos episodios se conjugaron para que ello fuera así.

El primero de ellos, fue el pronunciamiento realizado por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, a favor de la constitucionalidad en el caso que implica al Intendente de Colonia, Walter Zimmer, y al Director de Hacienda, José Mª Ahunchain, cuyos procesamientos fueron solicitados a fines de julio por la fiscal de Colonia, Darviña Viera, acusados por irregularidades en las fechas de trámites de la patente de rodados y por la participación de la comuna en gestorías privadas para intentar empadronar vehículos de otros departamentos.

Debido a que la defensa de los jerarcas municipales presentó un recurso de inconstitucionalidad, el expediente que involucra al intendente coloniense está a estudio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y se estima que la resolución se conozca ya en las primeras semanas de 2014, antes de lo previsto originariamente. Y en tal sentido corresponde aclarar que, si bien el dictamen del fiscal de Corte no es vinculante para los ministros de la SCJ -es decir, no tiene efecto obligatorio ni coercitivo- es un indicador a la hora de resolver.

El otro episodio, es el pedido de procesamiento sin prisión, por ese mismo delito, solicitado por el fiscal Juan Gómez para el ex ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, y para el presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia. No es menor que ambos jerarcas admitieran ante el Parlamento y la Justicia que el primero hizo gestiones ante el segundo  para “flexibilizar” el trámite del aval de US$ 13,6 millones otorgado a la empresa española Cosmo para que pudiera participar del remate.

Ya están cumpliendo prisión por el delito continuado de estafa especialmente agravada el ex presidente de PLUNA S.A. y CEO de Leadgate, Matías Campiani, y sus socios en dicho consorcio, Sebastián Hisch y Árturo Álvarez Demalde.

Pero, al igual que en el Caso Zimmer-Ahunchain, las defensas de Lorenzo y Calloia presentaron recursos de inconstitucionalidad sobre el pedido del fiscal. Ello tiene un efecto suspensorio inmediato sobre el expediente, por lo cual la jueza Adriana de los Santos debe esperar la resolución de la SCJ para decidir.

El arbitraje del caso que implica a Zimmer será clave para Lorenzo y Calloia, al punto tal que es probable que la SCJ se pronuncie sobre el expediente de estos últimos en forma anticipada, ya que contaría con jurisprudencia reciente en relación al mismo tema.

Pero además, hay un antecedente relativamente cercano al respecto, por cuanto ya en 2010 tres de los cinco integrantes de la SCJ (Jorge Chediak, Jorge Ruibal Pino y Jorge Larrieux) opinaron que el delito de «abuso innominado de funciones» no es inconstitucional, lo que constituye una referencia importantísima.

Así, mientras tirios y troyanos aguardan el fallo judicial, la decisión primaria de la bancada del partido oficialista de derogar rápidamente el delito mencionado apelando a sus mayorías parlamentarias, ha levantado voces contrarias en su propia interna. Dos de esas voces fueron la del presidente José Mujica y la del ex senador y constitucionalista, José Korzeniak, quienes se manifestaron contrarios a eliminar legislativa y políticamente  el controversial artículo -por el que varios jerarcas han sido procesados en distintas gestiones- en el momento que se discute la culpabilidad de dos jerarcas de la administración frenteamplista.

Korzeniak fue claro al señalar que derogar el artículo sería “imponer” una solución a la Justicia, por lo que considera que, cuando menos, es improcedente, por tratarse de una “interferencia inoportuna que yo no la deseo en un Poder Judicial que está actuando”.

Pero, además, Korzeniak dijo “no ver que sea un artículo contrario a la Constitución”.

Habrá que ver cómo procede el oficialismo a nivel parlamentario, pero es claro que, en caso de eliminar el delito de referencia, lo estaría haciendo con nombre y apellido.

Lo que no sería muy loable, que digamos.