Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi
A fines de diciembre pasado el diputado Fitzgerald Cantero realizó dos Pedidos de Informes: uno sobre los viajes del titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Enrique Pintado -cuyo alejamiento es manejado desde hace tiempo por el presidente José Mujica- y otro sobre remodelaciones efectuadas en el edificio sede de esa Secretaría.
Sin aspavientos ni manifestaciones a la prensa de tipo alguno. Simplemente, cumpliendo con su labor de contralor de conformidad a lo que establece la Constitución de la República para los legisladores nacionales.
Poco después, trascendió a través de la prensa que el ministro había mandado remodelar la Sala de Reuniones, ubicada en el 9º piso de esa Secretaría, con todas las comodidades para tratar temas «delicados como el Caso PLUNA”, a un costo de 8.700 dólares. Las comodidades se referían a una habitación especial con un baño con ducha, sillón-cama, televisor plasma, frigobar y aire acondicionado. Las explicaciones corrieron por cuenta del “Jefe de Gabinete del MTOP» (término ampuloso, si los hay, para designar a un asesor del ministro), quien dijo que “la remodelación de todo el edificio hace a la profesionalización de la gestión y a dar mejores condiciones de trabajo a nuestros funcionarios». Luego, por supuesto, se ensayaron otras dos o tres explicaciones, a cual de todas menos convincentes.
En un país en serio, Pintado debería abandonar su cargo de inmediato. Pero no precisamente por el gasto en la Sala de Reuniones donde aborda «temas delicados», ni por los presuntos gastos excesivos en viajes, ni por una investigación por operaciones inmobiliarias sospechosas y una supuesta relación cercana con un empresario de la construcción denunciada por otro medio de prensa. No, por nada de eso, sino por su fracaso al frente de su Secretaría, por el rotundo traspié con el frustrado resurgimiento del ferrocarril y por el controversial, desprolijo, cuestionado e irregular Caso PLUNA que lo tuvo como uno de sus principales protagonistas, entre otros temas.
Los Pedidos de Informes cursados por Cantero nada tienen de agresivos; por el contrario, son objetivos, no aseveran ni aseguran nada, sino que preguntan y demandan explicaciones a las autoridades. Sin embargo, fueron calificados como una “operación política”, un “burdo intento de ensuciar la cancha” y hasta de “ataques que tienen una clara intencionalidad política por dañar la imagen del Gobierno”.
Nada se explica de lo que se pregunta en los Pedidos de Informes y que los uruguayos tienen derecho a conocer, sino que se procura desviar la atención y hacer aparecer a los buenos como los malos, y viceversa.
Y si opinan lo contrario, recuerden otro caso.
En noviembre de 2011 una psicóloga que se desempeñaba en la Unidad de Desarrollo Integral (UDI) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) denunció el proceder de algunos colegas que marcaban tarjeta en la institución a la hora de entrada, se retiraban inmediatamente a trabajar en mutualistas o consultorios privados, y regresaban en la tarde a marcar hora de salida, por lo cual cobraban sin ejercer su función.
La ANEP inició una investigación de urgencia en la UDI que derivó en un sumario con separación del cargo a tres psicólogos. Pero luego que la denuncia tomara estado público a través de un diario y un programa de televisión de Montevideo, el caso alcanzó ribetes de escándalo.
La UDI es una repartición de la ANEP encargada de evaluar a niños con dificultades de aprendizaje, y se estima que la maniobra de los profesionales afectó el tratamiento de unos 1.000 niños y adolescentes que dejaron de ser atendidos correctamente, lo que obligó al reordenamiento de los expedientes para retomar los tratamientos interrumpidos.
Transcurridos seis meses del sumario sin que mediara una resolución respecto a la denuncia, en diciembre pasado los tres psicólogos fueron reintegrados a la ANEP hasta que exista una resolución definitiva, la que determinará la permanencia o no de los funcionarios en el cargo (Decreto 500).
Sin embargo, ahora se supo que la denunciante fue sumariada con separación del cargo como consecuencia de su «absoluta deslealtad».
Para adoptar la increíble decisión, la ANEP argumentó que con su denuncia la profesional generó un «escándalo público», ya que si bien reconoce que es deber de los funcionarios denunciar hechos irregulares o delictivos, denunció el caso de los psicólogos “ñoquis” a través de «cualquier forma o medio, para ponerlos en conocimiento, incurriendo en un actuar absolutamente desleal a la Administración».
Alguien dijo alguna vez que los valores no se han perdido, sino que cambian con los tiempos.
Estos parecen ser dos ejemplos: no explicar una situación que involucra dinero de todos los uruguayos agraviando a quien pide explicaciones al respecto, y sancionar al funcionario que actúa bien favoreciendo al que cometió una falta grave.
¡Cuánta razón tenía María Elena Walsh! Sólo falta que quepa un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés, y que un año dure un mes.