Entre la inclusión social y la “bancarización”

Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi

La Cámara de Diputados aprobó, únicamente con el voto del oficialismo y con varias modificaciones respecto al articulado original, el proyecto de Ley de Inclusión Financiera remitido hace cuatro años por el Poder Ejecutivo, que ahora está siendo analizado por el Senado de la República donde, por el momento, no cuenta con los votos para su anuencia.

El Gobierno asegura que la ley favorecerá a los ciudadanos ya que establece un acceso al crédito más barato e impulsa el pago electrónico (todos los trabajadores, jubilados y pensionistas deberán contar con una tarjeta de débito y una caja de ahorros asociada), lo que derivará en una mejora de la seguridad pública al reducir el manejo de dinero.

Por tanto, en teoría la iniciativa gubernamental apunta a ampliar la posibilidad de que más cantidad de uruguayos tenga acceso a los servicios financieros.

Pero sólo en teoría. Porque en la práctica, al contrario de lo que propugna, limita el concepto de “inclusión financiera” únicamente a los bancos, lo que va en sentido inverso a las prácticas internacionales en esa materia.

Efectivamente, si por algo se ha caracterizado la inclusión financiera a nivel mundial, es por estimular la participación de disímiles intermediarios que llegan a sectores de la población que, por razones diversas, muchas veces no tienen acceso a los bancos tradicionales.

De hecho, en muchas partes del mundo, y Uruguay no es la excepción, son ellos los agentes financieros no bancarios más eficientes y eficaces en las prestaciones a trabajadores independientes, dependientes o microempresas, iniciando y consolidando fuentes de trabajo, brindando atención a miles de ciudadanos y convirtiéndose en una herramienta invalorable en el combate a la pobreza. Es el caso, en nuestro país, de las cooperativas de ahorro y crédito, que fueron, en muchos casos, quienes durante la crisis financiera del año 2002 se convirtieron en un firme sustento social. Porque debe recordarse que, cada vez que los bancos se negaban a otorgar créditos a quienes contaban con malos antecedentes crediticios, fueron las cooperativas quienes ofrecieron a dichas personas facilidades de financiamiento, ya que contaban con la posibilidad de retener la cuota de sus préstamos de sus sueldos o pasividades.

Y tanto es así, que el propio Banco Interamericano para el Desarrollo (BID) fomenta permanentemente la creación de entidades financieras, no bancarias, para atender a las poblaciones de menores recursos, que no son contempladas por los bancos.

En la práctica, el proyecto de ley a estudio del Senado inclina -por no decir obliga- a los ciudadanos a ser clientes de los bancos, pero, peor aún, hace prevalecer las operaciones de los bancos extranjeros por encima de las instituciones del sector social. De tal manera, privilegia a los bancos por sobre las cooperativas y demás instituciones de crédito.

El texto incluye, además, un artículo que establece el porcentaje mínimo del salario que se debe percibir sin tener afectado al pago de créditos, estipulando que no se podrá utilizar más del 50% del sueldo como garantía de crédito. Dicho apartado también ha generado polémica, por cuanto se estima que será altamente perjudicial para mucha gente que no cuenta con una propiedad o un allegado que oficie de garantía solidaria.

Para el sector cooperativo, que cuenta con más de 600.000 socios propietarios de un capital integrado de más de 300 millones de dólares, la bancarización generará un encarecimiento del crédito al consumo (Actualmente, las tasas de interés de las cooperativas se ubican entre 35% y el 40%, mientras que los bancos prestan a tasas del 60% al 70%).

Y al respecto debe señalarse que el Poder Ejecutivo acordó el texto primario con las entidades bancarias, pero sin dialogar con el movimiento cooperativo, al que simplemente se le otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para que emitiera su posición al respecto.

De tal manera el proyecto, lejos de favorecer a la gente, beneficia al sistema bancario y perjudica, consecuentemente, al sistema crediticio paralelo, en especial a las cooperativas. Más de 75 cooperativas de ahorro y crédito -y un número similar de consumos- ven comprometido su futuro en caso de que el texto finamente se transforme en ley, y en la práctica, serán cerca de dos millones los uruguayos que resultarán damnificados, en particular quienes se encuentran marginados del sistema financiero tradicional. La bancarización modifica, asimismo, las reglas en los topes de intereses, generando problemas en el capital social de las cooperativas, que pertenece a los asociados que las conforman, porque si la nueva ley les impide cumplir con las obligaciones asumidas, no se podrá recuperar el crédito ni competir. Ello significa, lisa y llanamente, la desaparición de las cooperativas de ahorro y crédito.

La propuesta del gobierno es errónea, y sin duda los perjuicios que pudieran aparecer si se aprobara, aún no han sido cuantificados en detalle.

Pero, seguramente, van a ser aún peor de lo que parecen.