Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi
En épocas electorales la publicidad político-partidaria menoscaba temporalmente la imagen de pueblos y ciudades, y mientras por un lado desde las tribunas se promete un departamento más limpio y visualmente pulcro, por otro se favorece -aún sin que haya en ello mala intención- la persistencia de un departamento cada vez más sucio, más desordenado y con una evidente contaminación visual.
Los normas referidas a la Publicidad Electoral están establecidas en la Ley Nº 17.045 de 1998, que autoriza la propaganda política 40 días antes de las Elecciones Internas, 50 días antes de la 1ª Vuelta de las Nacionales, 20 días antes del balotaje, y 40 días antes de las Departamentales.
La fecha prevista para las Internas son el domingo 1º de junio, por lo cual la publicidad está autorizada desde el martes 22 de abril. Es a partir de esa fecha, y no antes, cuando deberían aparecer los jingles, los spots publicitarios, los eslóganes de los candidatos e, incluso, la cartelería en la vía pública.
Sin embargo esa ley, como otras, no pasa de ser una buena intención, y lo anecdótico del caso es que algunos de sus más flagrantes transgresores son los mismos que promocionan distintas formas de mantener acicalado a su departamento.
En efecto, ya puede observarse cómo el proselitismo político dio inicio de manera anticipada, amparado en la evasiva de que no se trata de la promoción de tal o cual candidato, sino que se trata de brindar información sobre actos políticos y actividades habituales del funcionamiento de los partidos, que la mencionada ley permite como únicas excepciones. Eso, en algunos casos. En otros, la publicidad ya sin ningún reparo anuncia directamente la candidatura de tal o cual ciudadano y su número de lista, en abierta contraposición a lo que establece la ley.
Con todo, pareciera que para las próximas instancias electorales los partidos políticos han realizado una suerte de pacto de honor y, a tres meses de las Elecciones Internas aún no se avizoran en las distintas localidades del departamento de Colonia locales partidarios y, por ahora, no se ha ingresado aún en el debate público.
Seguramente los líderes partidarios han recibido el atronador mensaje de la multitud que exige campañas cortas, como así también eliminar el permanente y constante bombardeo de publicidad electoral.
Y en ese sentido, hay un aspecto que no debe soslayarse y que, por el contrario, merece especial atención: el uso de los espacios públicos para publicidad política.
En algunos casos, la cartelería publicitaria no genera polución visual, sino que, por el contrario, mejora la estética de los edificios, y su iluminación contribuye a brindar mayor seguridad.
Pero no es el caso de la publicidad política, ya que todo parece estar autorizado para su uso a la hora de promocionar listas o candidatos: las veredas, las calles, los cordones, los puentes, las fuentes, los bancos, las columnas, los árboles del ornato público, las paradas del transporte colectivo, corralones, paredes, los monumentos y hasta los edificios públicos. Y así, se observa cada vez con mayor rechazo la afectación de la vía pública con pancartas, columneras, balconeras y pasacalles arruinando la vista y ensuciando, aún más de lo que ya está, al departamento de Colonia.
Son inadmisibles la arbitrariedad y la discrecionalidad con la que en ocasiones se actúa. Creemos que no debe ser así.
Pero también debemos admitir que, salvo la ley mencionada al comienzo de esta columna, la legislación no ha incursionado en esa materia.
Con todo, si bien el uso de algunos espacios no está reglamentado, sí lo está el de otros a través de las ordenanzas departamentales. En Colonia, por ejemplo, la “Ordenanza de Publicidad en árboles del ornato público”, del año 2000, prohíbe -y sanciona- la aplicación en los árboles, de todo tipo de publicidad que conlleve el uso de elementos metálicos, cortantes o punzantes, así como de pegamentos o elementos adhesivos de cualquier clase.
Es claro que la situación amerita la aprobación de una nueva normativa, que establezca las condiciones de la publicidad política y que, además, sus violaciones se labren como faltas que sean sancionadas pecuniariamente.
La invasión sobre los espacios públicos es cada vez mayor, y se realiza sin tomar en cuenta siquiera si afecta la visualización o la seguridad de las personas. Por ejemplo, en el caso de los pasacalles, sin considerar que, en caso de romperse o descolgarse, pueden poner en riesgo la integridad de los conductores y peatones.
Como consecuencia del viento, la lluvia, el sol o la propia acción de los transeúntes, la mayor parte de la gráfica política (cartonplast, afiches de papel y hasta latas colocadas con alambre) se convierte en pocas horas, o días a lo sumo, en desechos.
Y son imágenes que se repiten una y otra vez, generando el malestar de los vecinos.
Sin dudas esta situación amerita acotarse a un ámbito que no sólo respete el derecho de los candidatos a promocionar su figura, sino también el derecho de todos los ciudadanos a transitar por un departamento limpio y ordenado.
Sería una buena forma de comenzar a limpiar el departamento, si es que esa es verdaderamente la intención.