Nota de Prensa – Opinión
Daniel Bianchi
El título podría aludir a la película estadounidense “Buenos Muchachos” (“Goodfellas”, según su título original), de 1990, un drama policial dirigido por Martin Scorsese.
Pero, aclaramos, no lo hace.
Es, sin embargo, una acepción que bien podrían haber utilizado el presidente de la República, José Mujica, y la senadora Lucía Topolansky, al referirse al procesamiento sin prisión por abuso de funciones del ex presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), Fernando Calloia, y del ex ministro de Economía, Fernando Lorenzo, al señalar que ninguno cometió “dolo” o “buscó un beneficio particular”.
El mandatario reiteró que el delito de abuso de funciones es una figura “muy controvertida» y «muy discutible», y si bien admitió como necesario que existan controles sobre las acciones de los gobernantes, expresó que con frecuencia «nos vemos prisioneros (…) entre lo burocrático y las demandas que tenemos».
Topolansky, por su parte, sostuvo que la concesión del aval que motivó el procesamiento «en todo caso es un error administrativo» que tuvo como objetivo «agilitar algo que le convenía al país», que era la venta de los aviones de la aerolínea de bandera nacional.
Los jerarcas procesados, en definitiva, son para ellos “buenos muchachos”.
En realidad, ambos caen en un facilismo que llama la atención.
Porque la verdad, según admitieron los propios imputados, es que el 1° de octubre de 2012, horas antes del remate de los siete aviones Bombardier CRJ-900 que formaban parte de la flota de PLUNA S.A., Lorenzo telefoneó a Calloia para pedirle que acelerara el trámite del aval por 13:885.156 dólares para que la empresa española Cosmo (única interesada) pudiera presentarse y ser la única oferente en la subasta. Cosmo ofertó 137:000.000 dólares, pero luego no confirmó el ofrecimiento y finalmente desistió del negocio.
La resolución incluso motivó al Banco Central del Uruguay (BCU) a investigar si el BROU había realizado los controles requeridos por ley para prevenir el lavado de activos, informando a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Todo ello movió al fiscal especializado en Crimen Organizado, Juan Gómez, en diciembre de 2013, a pedir los procesamientos sin prisión de los jerarcas, a quienes acusó por el delito de abuso de funciones. Y apenas conocido el pedido, desde el oficialismo surgieron voces reclamando la eliminación de esa figura delictiva, y fue el propio Mujica quien sostuvo que en aquel momento ello era inapropiado debido a que los casos estaban en marcha.
En los últimos días, el ex intendente frenteamplista de Treinta y Tres, Gerardo Amaral, fue procesado sin prisión, y el pasado 28 de marzo fue procesado con prisión el intendente de Colonia, el nacionalista Walter Zimmer.
Respecto a Lorenzo y Calloia, tan sólo diez minutos le bastaron a la jueza Adriana de los Santos para señalar en su fallo que ambos “ejercieron una activa e ilegítima participación en la concesión del aval como garantía de mantenimiento de oferta a favor de Cosmo S.L., y que a la postre la habilitara para presentarse a la subasta pública, resultando único oferente y mejor postor, excediendo esto de la simple irregularidad administrativa para derivar en actos arbitrarios cometidos con abuso del poder funcional que ostentan en virtud de sus respectivos cargos públicos».
Lorenzo, “en su carácter de Ministro de Economía y Finanzas, abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitraria e ilegítimamente operó como garante verbal frente al BROU de ‘COSMO S.L.’, que no cumplía en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la normativa vigente, pese a lo cual se encontraba interesada en participar en el remate» de los aviones, señala la jueza. Y Calloia, «aceptando esta situación irregular, instruyó a personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval, sin la información y documentación mínimas necesarias (…)».
Además, la jueza cuestionó la actitud de este último, quien en diciembre de 2013 «cambió» su versión respecto a la primera audiencia de 2012 «incurriendo en contradicciones, cuyas diferencias podrían denotar un intento por desdibujar la responsabilidad que pudiera caberle».
Al igual que respecto al intendente Zimmer y al contador Ahunchain, la Justicia enunció un dictamen. Severo o tolerante, inflexible o condescendiente, riguroso o generoso, se podrá estar de acuerdo o no con él. Dependerá de la formación, las predilecciones políticas, los intereses y el ánimo de cada uno.
Pero de ahí a manifestar que todo se trató de un “error administrativo” porque se trata de “buenos muchachos”, hay un largo trecho.