Comunicado de Prensa – Opinión
Por Daniel Bianchi
En los últimos años numerosas denuncias de corrupción, irregularidades y desprolijidades sacudieron desde sus mismos cimientos a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el principal prestador estatal de atención integral a la salud de nuestro país.
Transformada en un órgano descentralizado desde julio de 2007 por imperio de la Ley Nº 18.161, se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública (MSP), siendo su dirección y administración ejercidas por un Directorio compuesto por cinco integrantes, todos ellos designados por el Presidente de la República previa venia de la Cámara de Senadores. De los cinco directores, uno representa a los trabajadores (aunque éstos no lo eligen ni lo designan) y otro a los usuarios (que tampoco lo eligen).
Precisamente, días pasados uno de esos directores, Alfredo Silva, representante de los trabajadores, fue procesado sin prisión al comprobarse su participación en maniobras de sobrefacturación en las horas cumplidas por la asociación civil «Buena Estrella» (conformada por los ex trabajadores sindicalizados de la controversial empresa Clanider S.A., investigada tiempo atrás por homólogas acusaciones a las que se indagan actualmente) contratada para la limpieza de hospitales. La Justicia atribuyó a Silva un delito continuado de conjunción del interés personal y público, imponiéndole como medida sustitutiva de la prisión la obligación de comparecer una vez por semana a la Seccional correspondiente a su domicilio por el plazo de 90 días.
Junto con él, fueron procesadas otras nueve personas. Una de ellas es el dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), Heber Tejeira, quién se desempeñaba como encargado de las tercerizaciones en el sindicato, que fue procesado con prisión por un delito continuado de cohecho simple en reiteración real con un delito continuado de conjunción del interés personal y público. Este funcionario, de acuerdo al dictamen, presionaba a los propietarios de las empresas adjudicatarias para no generar conflictos sindicales con su respectivo personal.
También fueron procesados, sin prisión, por estafa, cuatro directivos de «Buena Estrella», mientras otros cuatro empresarios, también fueron procesados sin prisión por cohecho simple (coima).
Las decisiones de la Justicia llegaron tras una investigación iniciada en el año 2011, merced a una funcionaria de ASSE que denunció haber recibido fuertes presiones de Silva. En el marco de la indagatoria, la circulación de coimas entre empresas de limpieza y funcionarios responsables de las contrataciones, fueron probadas a través de escuchas telefónicas que confirmaron el adelanto de pagos y el tráfico de datos para “preparar licitaciones” con mayores posibilidades de ganar. Además de la sobrefacturación en su favor, “Buena Estrella” extendió sus servicios a otras cuatro dependencias de Salud Pública, pero sólo una de ellas a través de una licitación, ya que las otras tres fueron adjudicaciones directas.
Pero la ingeniería sindical iba aún más allá, al punto de montar maniobras ilegales que defraudaron al Estado en millones de pesos -sólo por horas extras la asociación civil facturó casi $ 1.700.000 de más- para asignar forzosamente la contratación de una veintena de cooperativas dirigidas por dirigentes sindicales de la FFSP. Como derivación, se anunció que la investigación se ampliaría a todos los hospitales del país, ante la eventualidad que la telaraña de corrupción sindical se hubiera extendido más allá de lo descubierto hasta el momento.
Silva fue designado en su cargo por el PIT-CNT y ratificado por Mujica, aunque el senador frenteamplista Ernesto Agazzi aseguró que es el mandatario quien designa a los directores, y no el movimiento gremial. Conocido su procesamiento, la central obrera lo relevó de ASSE, señalando la necesidad de respetar la decisión judicial y admitiendo que el procesado “le falló a los principios del sindicalismo”. Además, insistió en la necesidad de impedir que el caso de corrupción en el organismo afectara a la central de trabajadores, que precisamente viene siendo indagada en torno a varias denuncias respecto a su Programa de Vivienda Sindical.
Sin embargo, la FFSP manifestó su desacuerdo con el alejamiento de Silva, ya que entendía “más conveniente” y más discreto que éste renunciara el lunes de la presente semana ante el propio Mujica.
La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado sostuvo que para continuar con la indagatoria citará a la ministra de Salud, Susana Muñiz, y a la presidente de ASSE, Beatriz Silva, como así también a los demás directores de ASSE. No sólo como responsables directas del organismo que administra los hospitales públicos sino porque la investigación reveló, además, la existencia de un correo electrónico enviado por Muñiz cuando ocupaba un cargo en ASSE, aconsejando a la Dirección del Hospital de Rivera la contratación de “Buena Estrella”.
Ante una situación de estas características, ambas jerarcas no deberían demorar en presentar su renuncia. Y no sólo por ser responsables políticas de estas irregularidades, sino porque habían sido reiteradamente advertidas de situaciones anómalas en las dependencias bajo su responsabilidad.
Y más allá de que el propio Mujica les ratificó su confianza, lo que han perdido hace largo rato es la confianza de la gente.
Razón suficiente para que su alejamiento no se dilate mucho más.