Comunicado de Prensa
A instancias de la Bancada de Ediles de VAMOS URUGUAY (Partido Colorado) y con el apoyo del Frente Amplio, la Junta Departamental de Colonia solicitó el pasado martes 29 la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) para que proceda a auditar todas las áreas de la Intendencia de Colonia (IDC) a fin de confirmar si durante la última administración del intendente Walter Zimmer existieron irregularidades en los procedimientos de compras, adquisiciones y contrataciones y, particularmente si, en caso de existir, algunas de ellas podrían haber configurado delito.
El texto de la solicitud presentada con las trece firmas de la oposición fue leído por el secretario de la Corporación, tras lo cual la bancada nacionalista, por intermedio del edil Carlos González Álvarez (antes del sector de Moreira, ahora del de Zimmer), solicitó un cuarto intermedio que se extendió desde las 21.15 hs. hasta las 22.00 hs.
Vueltos a Sala los ediles, González explicó que habría ediles blancos que acompañarían la iniciativa si del texto original se eliminaran algunas consideraciones, a su juicio de carácter político, incluidas en el mismo. Ese fue el punto de inicio de un extenso debate acerca de la conveniencia del texto, señalando los ediles blancos que eventualmente podrían acompañar la moción que la redacción era por momentos redundante y que en muchos casos incurría en adjetivar, extremos que fueron rechazados por la oposición que se negó a modificar la redacción original.
Finalmente, a las 22.15 hs. la iniciativa fue aprobada por14 votos en 20 ediles presentes en Sala, obteniendo el respaldo de los tres ediles colorados, de los diez del Frente Amplio y del presidente de la Corporación, el nacionalista Mauricio Cáceres, siendo rechazada por el resto de la bancada del Partido Nacional.
El texto aprobado por la Junta Departamental es el siguiente:
Colonia, martes 29 de abril de 2014.
Señor Presidente de la Junta Departamental de Colonia
Don Mauricio Cáceres
Presente.
Los abajo firmantes, ediles departamentales, solicitan a usted la intervención del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) a efectos de auditar los procedimientos utilizados por la Intendencia de Colonia (IDC) en todas las áreas de la misma de conformidad con lo previsto en el Literal E) del Artículo 211 de la Constitución de la República.
La solicitud se realiza a fin de conocer si los mismos son ajustados a las normas vigentes o si existen eventuales irregularidades con relación al manejo de fondos públicos e infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad.
A efectos de precisar el alcance de la auditoría solicitada, se establece que el período para ser auditado por ese Tribunal es elcomprendido entre el 01.07.2010 y el 30.04.2014. Asimismo, se deja constancia que la solicitud apunta a que se investigue si los procedimientos de contrataciones y compras se adecuan a la normativa vigente, si existen referentes para determinar si los precios de los trabajos se ajustan a los precios regulares del mercado, si el detalle de las facturas coincide o no con el concepto real de las mismas, si en las diversas áreas se ha comprobado la existencia de un fraccionamiento del gasto, si se han realizado compras directas por montos superiores a los establecidos legalmentey si se ha comprobado la contratación de empresas o servicios pertenecientes a jerarcas y/o funcionarios de la IDC.
Paralelamente, se solicita se detalle todo aquello que implique un apartamiento de las disposiciones del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), especificando si las diferentes Direcciones, Subdirecciones, Secretarías y demás dependencias de la IDC administraron correctamente los fondos de la comuna (Artículo 119 delTOCAF), como así también, si a juicio del TCR se ha cumplido con las conductas del buen administrador público en materia de probidad, imparcialidad, implicancias y transparencia, entre otras, de conformidad con el Decreto 30/003, o si se han constatado violaciones al mismo. En este último caso, se informe si las mismas podrían haberse constituido en faltas disciplinarias graves que pudieran dar mérito a sanciones proporcionadas a sus gravedades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales previstas por la normativa vigente.
Finalmente, se solicita se informe respecto a cualquier otro tipo de transgresiones en materia administrativo-financiera que pudiera surgir como resultado de la auditoría solicitada, estableciendo aquellas que configuren responsabilidad de las autoridades por considerarse falta grave, si el manejo de los fondos configura un perjuicio para el erario y si, finalmente, cualquier irregularidad surgida, a juicio del TCR, podría configurar un delito contra la Administración Pública o un abuso de autoridades y violación de los deberes inherentes a la función pública que ameritaran la denuncia ante la Justicia.
Saludan a ustedes muy atentamente,
(Siguen 13 firmas)
Por qué la redacción dada
Consultados al respecto, los ediles de VAMOS URUGUAY indicaron que la solicitud del TCR fue promovida en mérito a «las irregularidades que se suscitaron con relación al manejo de fondos públicos y en infracciones a las leyes de presupuesto y contabilidad reiteradamente observadas por el TCR» para que, a la vista del antecedente que significa el procesamiento con prisión de que fueran objeto Zimmer y el director de Hacienda, Cr. José Mª Ahunchain, se establezca si algunas de esas prácticas irregulares podrían configurar delito.
Respecto al texto aprobado, indicaron que «oportunamente, hace ya alrededor de 20 días, se les planteó a los coordinadores del Partido Nacional y del Frente Amplio la inquietud de nuestro sector de llevar adelante esta iniciativa. Este último partido comprometió su apoyo hace ya bastantes días, pero los nacionalistas hicieron su planteo de modificación apenas minutos antes del inicio de la sesión, por lo que no fue de recibo».
Con referencia a las adjetivaciones y redundancias marcadas por los ediles moreiristas, explicaron que «el texto es muy claro, y lo que menos tiene son adjetivos -de hecho casi no hay ninguno- y consideraciones políticas. Sí se redunda en algunas puntualizaciones y ello es a propósito, por cuanto cuando solicitamos la intervención del TCR respecto a la Dirección de Limpieza, el organismo de contralor pidió dos informes ampliatorios que hicieron que antes de iniciar el proceso de auditoría se perdieran cerca de tres meses».
Cómo funciona el TCR
Constituido por siete ministros, el TCR es un órgano colegiado integrado por candidatos cuidadosamente seleccionados, aprobados por la Asamblea General por una mayoría especial de dos tercios de votos del total de sus componentes, con lo cual se asegura la idoneidad de sus integrantes.
Fundado en 1934, el TCR es lo que en la jerga financiera internacional se define como una entidad fiscalizadora superior (EFS), responsable de sindicar y juzgar la regularidad y el equilibrio de las cuentas públicas.
No es un poder del Estado porque constitucionalmente no tiene adjudicada una función jurídica del mismo, tampoco integra ninguno de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), ni se encuentra subordinado a ningún órgano de la Administración.
Muy por el contrario de lo que pudiera suponerse, el TCR no es un ejecutor, sino un órgano de contralor y asesoramiento que, en caso de detectar irregularidades o delitos, debe denunciarlos públicamente dando intervención a la autoridad competente. Dicho más claramente, advierte y denuncia, pero no sanciona.
Queda claro, así, que la función del TCR es administrativa, externa y de legalidad de la gestión financiero-económica del Estado. Pero además es permanente, pudiendo actuar en forma preventiva, paralela o posterior a la gestión controlada.