Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi
Hace poco abordamos el endémico problema de muchos uruguayos que, debido a sus situaciones socio-económicas, se encuentran imposibilitados de toda forma de acceso a la vivienda propia.
Han sido excluidos del sistema y, para ellos, está vedado cualquier intento de aproximación a alcanzar el sueño del techo propio, a pesar de que éste se encuentre expresamente establecido en nuestra Constitución. “Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin”, señala el Artículo 45 de la Carta Magna que, como se observa, no sólo garantiza ese derecho, sino que además establece que el Estado deberá disponer su cumplimiento. No obstante, más allá de lo complaciente, magnánimo e indulgente del enunciado, no pasa de ser una aspiración hasta ahora incumplida, por lo menos para muchos uruguayos.
Son ciudadanos que, por sus situaciones familiares (viven solos, sin personas a cargo), salariales (perciben más o menos de los ingresos líquidos requeridos, o se les dificulta documentar los mismos), etáreas (tienen más o menos de tantos años de edad y por tanto los plazos del crédito no los incluyen), económico-financieras (se encuentran en el Clearing de Informes o mantienen embargos), no son contemplados por ninguno de los múltiples organismos con que hoy cuenta el Estado uruguayo para satisfacer esa necesidad: Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), Comisión Honoraria Pro Erradicación de la Vivienda Rural Insalubre (MEVIR), Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), el Banco de Previsión Social (BPS) y la Agencia Nacional de Vivienda (ANV).
Casi todos ofrecen en teoría una amplia gama de créditos para quienes buscan resolver sus problemas de vivienda, pero prácticamente todos ellos, hasta el momento, han resultado ineficaces a la hora de brindar respuestas o, en su defecto, sus objetivos originales se han desvirtuado, y la amplia batería de opciones que ofrecen no está disponible para los uruguayos a que nos referimos.
Muchos de ellos han visto caer de manera ostensible su nivel de ingresos, y de la mano con él, su capacidad de consumo y, claro está, de ahorro. En algunos casos han quedado sin trabajo y subsisten merced a trabajos esporádicos que realizan de la manera que pueden. Han caído en impagos aún en contra de su voluntad y, por esa razón, se les han cerrado las líneas de créditos. No existe manera alguna de que puedan hacer frente al pago mensual de una cuota.
En junio del año 2010 el presidente de la República, José Mujica, reclamaba al gobierno que encabezaba atender de manera especial a los sectores económicamente bajo y medio de la población. Pero su equipo fracasó. Y tanto es así que, preocupado por el incremento en el precio de los alquileres y el encarecimiento en la construcción que ha aumentado en forma desmedida en la última década alejando cada vez más a los ahorristas y no ahorristas de la casa propia, en marzo de 2013 Mujica debió ordenar al Gabinete Social acelerar la formulación de propuestas para solucionar los problemas de dichos sectores en materia de vivienda. El mandatario admitía que a su gobierno “el sueño (de la casa propia)” parecía habérsele “escapado de las manos”.
Y es que el problema de la vivienda, como el de la pobreza, no se resuelve por la fuerza, ni a través del dictamen de una ley o la enunciación de un decreto, sino a través de la implementación de políticas de Estado diáfanas, pragmáticas, duraderas, con proyección, que trasciendan a la Administración que las instale y se extiendan mucho más allá en el tiempo.
Hoy, casi el 62% de los uruguayos tiene una vivienda propia, aunque de ese índice sólo el 40% pagó completamente por ella.
El restante 60% es promitente comprador, aún mantiene una deuda con la entidad crediticia a la que acudió, construyó sobre terreno ajeno (por ejemplo, de un familiar), u ocupa en forma precaria. El restante 38%, en el mediano plazo, no tendrá posibilidades de tener su propia casa.
De tal suerte, el problema de la vivienda es otro de los que el sistema se ha visto impotente para resolver. La Administración no encuentra las respuestas apropiadas para combatir la pobreza, la marginación y las injusticias sociales permitiendo a todos el acceso a la vivienda propia.
Ha llegado el tiempo de pensar si no sería adecuado implementar otras ideas, seguramente de menor cuantía pero de enorme valor, que contemplen a esa franja de la población a la que hacemos referencia.
Porque a inicios de la segunda década del Siglo XXI, en Uruguay, vivir entre la esperanza y la desilusión no debería ser una opción.