Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi
Se acercan las Elecciones Nacionales y, en medio de la parafernalia electoral, pareciera que los problemas que aquejan a los uruguayos se traspolan a un segundo plano, como si por un momento pudieran olvidarse o desvanecerse.
El déficit fiscal sube; el dólar ha iniciado un incremento que por el momento destroza todas las previsiones (15,32% en los primeros nueve meses del año) por lo que ha obligado al gobierno a utilizar instrumentos que le permitan evitar su fuerte volatilidad; la deuda externa alcanzó los 25.000 millones de dólares (46% del PIB, aunque si se toma la deuda bruta total del sector público no financiero más la del Banco Central del Uruguay (BCU), el endeudamiento del país supera los 34.600 millones de la divisa estadounidense, o sea el 64% del PIB); el aumento del costo de la canasta familiar es imparable; el endeudamiento de las familias, aunque aún se mantiene en niveles moderados, continúa subiendo; los despidos y los envíos de personal al seguro de desempleo no se detienen; el índice de desempleo se incrementó en el último mes; y se viene registrando una caída en el consumo de bienes y servicios que afecta a los sectores comercial, turístico e inmobiliario.
Sin embargo, los temas elegidos por el oficialismo para salir a la palestra pública son otros: la llegada de cinco familias sirias a suelo uruguayo en el marco de un programa de acogida a refugiados que huyen del conflicto en su país, la llegada de los reclusos de Guantánamo (acusados de integrar células terroristas, con capacitación en operaciones suicidas y en el uso de armamento bélico) tras un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos cuyo contenido nadie conoce, y la salida al terreno de juego electoral, a contrapelo de la Constitución, de un presidente de la República y sus ministros. En ese marco, las empresas públicas, monopólicas, realizan publicidad encubierta con vistas a incidir en la decisión del electorado. Pero nada dice el gobierno de los 400 millones de dólares perdidos por PLUNA S.A., del déficit de 169 millones de dólares de ANCAP, ni del déficit de 182 millones de dólares de ANTEL al cierre de sus últimos balances.
Ni una palabra sobre los temas que le interesan a la gente, cuando tantas cosas comienzan a dar certeza de la magnitud de la crisis social y económica que comienza a pisar cada vez con mayor fuerza.
Ni una sola mención a la recesión, la inflación o la caída del empleo. Nada nuevo que decir de la inseguridad. Ninguna explicación ni propuesta para solucionar los graves problemas de infraestructura, en especial en la red vial. Ni una sola evocación al prometido y aún ausente ferrocarril. Ninguna alusión respecto a los accidentes de tránsito, que nuevamente se llevaron varias vidas en los últimos días. Ni una referencia a la mejora de los servicios públicos que, un día sí y otro también, sufren “la caída del sistema” informático. Nada para neutralizar el corporativismo sindical que pone los intereses particulares por delante del interés general. Ninguna propuesta para promover la transparencia y la honestidad en la gestión.
Los problemas que sobrelleva Uruguay siguen sin ser admitidos por quienes controlan los destinos del país. Y no sólo eso: hasta que tomen posesión de sus cargos las nuevas autoridades, el tiempo que queda es notoriamente insuficiente para hacer lo que no se ha hecho en cinco o diez años.
Sin embargo, debe admitirse que cinco meses, hasta que el nuevo gobierno ingrese en funciones, es mucho tiempo para los cientos de miles de uruguayos que cada día al levantarse descubren cómo sus ingresos se devalúan por el incremento del costo del vida. Y qué decir de aquellos que tienen en riesgo sus puestos de trabajo o que ya lo perdieron.
A días, tan sólo, de la 1ª Vuelta de las Elecciones Nacionales, es imperioso que los candidatos que aún no lo han hecho expresen claramente sus propuestas para sacar al país de la abstracción en que está inmerso y alejarlo de la crisis. Más aún, es necesario que todos los partidos políticos dialoguen y encuentren consensos mínimos que, cuando menos, permitan establecer pautas acordadas respecto a la política económica y social que se pondrá en marcha.
Muchos aspectos requieren políticas de Estado, que trasciendan los gobiernos y se mantengan y mejoren con independencia del partido político que acceda al gobierno. Tal el caso de las Escuelas de Tiempo Completo y los Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), surgidos como una política pública de alianza entre el Estado y la sociedad civil para proteger y promover los derechos de los niños hasta los 3 años de edad, en especial de los que provienen de familias en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social, en pleno desenvolvimiento, sin interrupciones, desde su creación en 1988.
Son esfuerzos que, más temprano que tarde, han mostrado sus frutos y han comprobado ser no sólo importantes, sino indispensables al punto tal que hoy es difícil imaginar el transcurrir de la vida del país sin ellos.
Señal de que, cuando se quiere, las cosas se pueden hacer bien.
Lo único que se necesita es voluntad y dedicarle atención a aquello que lo requiere.