Según informa El Observador, este domingo, a la cabeza de esta organización para delinquir hay unas 50 personas, que a su vez habilitan a que otras 400 participen del negocio. Una de las fuentes dijo al matutino que “descabezando a esas 50 se termina la joda de los barras”.
La Justicia tiene pruebas de que un dirigente le vendió armas a un barrabrava y escuchas que comprueban el ofrecimiento a otro ante una salida del país, además de la entrega del dinero para contratar el ómnibus.
Se espera que en los próximos días haya decenas de citaciones por este caso. Serán para dirigentes de fútbol, allegados a clubes, empresarios, líderes de las hinchadas y también un político.
Durante años, estos hechos que suceden alrededor del fútbol uruguayo eran denunciados con insistencia cada vez que ocurría un hecho de violencia mayor. Pero desde hace más de 15 meses, en silencio, la justicia y la Policía comenzaron un proceso de infiltración de hinchadas y escuchas telefónicas que se dio a conocer el viernes en el diario El Observador.
Por primera vez, ocho juzgados coordinaron las investigaciones. El caso es considerado de “crimen organizado”. Además de Homero Da Costa, otros siete jueces trabajan en casos relacionados con violencia en el fútbol: Gustavo Iribarren (3º Turno), José María Gómez (5º Turno), Fanny Cannesa (6º Turno), Graciela Eustacho (8º Turno), Ricardo Miguez (15º Turno), Julia Staricco (16º Turno) y Huberto Álvarez (18º Turno).
EL CASO ORIGINAL. El disparador de la investigación fue la detención de un barrabrava en marzo de 2013. La investigación era por tráfico de drogas, En la casa se encontraron 50 entradas para ver Vélez-Peñarol en Buenos Aires. También se encontró un ladrillo de marihuana.
Esto determinó el procesamiento de José Aurelio Borba Moreira, poseedor de seis antecedentes penales. Se estableció que Borba había recibido las entradas de “Jorgito” Rivero, uno de los referentes de la barra de Peñarol.
“Jorgito” reconoció que en los viajes al exterior recibe del club al menos un centenar de entradas. La mitad -dijo- siempre son vendidas por él para pagar gastos. En este caso quien le entregó las entradas de “cortesía” fue el inspector retirado Washington Vega, jefe de seguridad de Peñarol.
El Observador destaca que no es una práctica exclusiva de los clubes. Incluso las autoridades -las mismas que llevan a cabo la investigación- han provocado desviaciones en los protocolos de seguridad.
El Ministerio del Interior reconoció oficialmente haber entregado entradas a referentes de las hinchadas de Peñarol y Nacional para tres partidos de local por las Eliminatorias pasadas (Venezuela, Perú, Ecuador), aunque en este caso no existió comercialización.
El ministerio, al asumir su responsabilidad, dio un argumento: la entrega de las entradas gratis es una apelación a “un compromiso” y “un gesto de convivencia”.
FILTRACIÓN PERJUDICA, SEGÚN EL JUEZ. La filtración del caso en la prensa es vista desde la Justicia como un hecho que perjudica la investigación. Ni la Policía ni la justicia admiten que la información haya salido de allí.
“Tengo un dolor enorme porque se esfuma todo el esfuerzo que se hizo durante casi dos años, tratando de meter mano en las barras bravas”, dijo a Montevideo Portal el juez penal Homero Da Costa, que lidera el trabajo de consecución de datos.
Según El Observador, los servicios de Inteligencia han seguido de cerca a diez grupos de barrabravas vinculados a clubes de fútbol. Las hinchadas que generan mayor alerta son las de Peñarol, Nacional y Cerro.