La violencia y explotación infantil en Uruguay

Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi

 

Se llama Jorge Cardona Llorens, tiene 57 años, es español, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Valencia y autor de más de un centenar de trabajos científicos sobre dicha disciplina.

Es además, desde 2010, miembro del Comité de los Derechos del Niño, un organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), integrado por 18 miembros representantes de otros tantos países, cuya función es evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados Partes que han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño.

Fue él quien a comienzos de la presente semana, en el marco de la reunión del mencionado Comité en Ginebra (Suiza), confrontó a una delegación uruguaya a la que le dijo, sin pelos en la lengua, que la violencia contra los niños es grave en Uruguay.

El relator hizo alusión a la existencia de varios tipos de discriminación en nuestro país: hacia los niños pobres, los niños que viven en el interior, los niños afrodescendientes, los niños con discapacidades, y otros.

También dijo estar informado que, a pesar de que no existe mayor cantidad de denuncias en ese sentido -seguramente por miedo a represalias- la relación entre la Policía y los niños (cabe señalar, antes de continuar con la lectura que el concepto de “niño” para la ONU abarca hasta los 18 años de edad), en particular en los barrios marginales, no se caracteriza por estar exenta de violencia a pesar de que la Ley Nº 18.315, de Procedimiento Policial, prohíbe la tortura y el maltrato. Y añadió no entender un sistema por el cual un niño puede estar horas detenido sin que se le haya comunicado la detención a la Justicia.

Asimismo, aseguró que Uruguay es un país «machista», donde hay “violencia de género, violencia directa contra los niños y acoso sexual». Y exigió detalles sobre “determinados hechos sucedidos en algunas instituciones, sobre violencia sexual contra algunas niñas, que pasaron los 16 años y todavía se siguen investigando. Se ha separado al personal pero siguen trabajando en los servicios. Y yo les pregunto: ¿qué están haciendo para acelerar las investigaciones?».

Por su parte, la vicepresidente del Comité de la Convención de Derechos del Niño, la Doctora en Sociología y Ciencias Políticas ecuatoriana Sara Oviedo, criticó duramente el funcionamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), creada en el año 2008, por cuanto “no tiene presupuesto ni personal, no tiene recursos, y no ha podido hacer mayor cosa”. Refiriéndose al Consejo Nacional Honorario Consultivo de Niñez y Adolescencia, sostuvo que preguntado respecto a su presupuesto, los recursos humanos con que cuenta y si ha habido algún tipo de avance, el Gobierno uruguayo sencillamente “no nos contesta”, a pesar de lo cual el Comité sabe fehacientemente que funciona con “personal prestado” porque “no tiene importancia política para el país”.

Los relatores también se mostraron preocupados por el abandono educativo, indicando que «la falta de educación en derechos dirigida a niños, niñas y adolescentes” aún no se incluye en la currícula de escuelas, colegios y universidades. Finalmente, aseguraron que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA) no está cumpliendo su cometido, por cuanto «no responde a un enfoque de derechos humanos o de derechos del niño».

Al término de las reuniones celebradas lunes y martes de la presente semana, el Comité exhortó a la delegación a atacar «las causas que generan» el problema, advirtió que las campañas de sensibilización no son suficientes y anunció que, habiendo escuchado a los representantes uruguayos, evaluará la situación y dentro de un mes dará a conocer sus conclusiones.

Fuentes de la propia ONU revelaron que las reuniones entre los relatores y la delegación uruguaya se llevaron a cabo en un clima tenso, molesto, casi de conflicto permanente, durante el cual se presenció a una delegación compatriota vacilante, que dio respuestas esquivas y en ocasiones se negó a brindar detalles concretos sobre lo que preguntaban los relatores.

Las expresiones de éstos, de hecho, se contraponen con recientes declaraciones del presidente del Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU), Javier Salsamendi, quien aseguró que el 2014 «fue un año bueno, con importantes avances en la primera infancia» y, además, destacó la coordinación entre el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y no Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES) y el Sistema de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (CONAPEES).

Paradójicamente, a propósito de la explotación sexual infantil, según cifras del CONAPEES de julio del año pasado, desde 2010 hasta la fecha los casos de explotación sexual se cuadriplicaron. De hecho, más conocida que las acciones de prevención que pudiera estar llevando a cabo el propio INAU, es la campaña “Uruguay, país de buen trato”, impulsada por la organización “Claves” con el apoyo de algunas dependencias estatales, entre ellas el propio INAU pero sobre todo con el auspicio de privados -y lanzada en Colonia el pasado 9 de diciembre- durante la cual jóvenes promotores hacen entrega de un pasaporte simbólico y, a través de spots y cartelería invitan a los turistas a comprometerse con la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de manera de generar conciencia contra ese flagelo.

De tal forma, lejos estamos los uruguayos no sólo del paradigma que debería identificar las relaciones entre niños y adultos, sino que poco o nada sabemos, con cierto grado de certeza, respecto a los cambios en la legislación y en su implementación, en el programa y en la política pública que el Gobierno Nacional se ha propuesto en relación con la niñez.

Lo que quiere decir que poco se ha recorrido y que, el trabajo que queda por delante, será sumamente arduo y dificultoso.