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Según representantes dijeron al diario El País; en los últimos ocho años no han tenido ningún procedimiento judicial o aduanero por aspectos de propiedad intelectual o piratería.
El artículo recuerda que recientemente la Oficina de Comercio de Estados Unidos (la USTR, por su sigla en inglés) publicó un reporte anual sobre mercados de bienes pirateados y falsificados, y por primera vez desde que se elaboran estos informes, Uruguay fue incluido en la nómina.
El estudio indica el año pasado hubo un aumento de las denuncias de falsificación y piratería en dos zonas francas uruguayas, una de ellas la de Libertad.
A raíz de esta mención, su asesor jurídico Julio Basanta expresó que «la zona franca no tiene ninguna responsabilidad ni tiene los instrumentos y mecanismos para hacer control de calidad de la mercadería que entra. La mercadería que entra y sale es verificada por la Aduana».
Y agregó: «Por lo tanto, controvertimos frontalmente los dichos del informe del gobierno de Estados Unidos y desconocemos cuáles son las fuentes que lo llevaron a tales conclusiones”; de paso pidió conocer cuáles fueron los estudios jurídicos que supuestamente suministraron la información del caso a los investigadores.
