El representante nacional por Colonia, Daniel Bianchi, se manifestó contrario al decreto del Poder Ejecutivo declarando la esencialidad en la Educación (vigente desde el 26 de agosto y por 30 días, pero levantado el lunes 31) y estimó que la misma debe ser aplicada solamente en aquellas situaciones que estén en un todo conforme con la jurisprudencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En ese sentido, el legislador explicó que “los servicios que eventualmente pueden llegar a ser declarados esenciales no están establecidos en la Constitución de la República, sino que es la OIT la que reguló y describió como esenciales específicamente aquellos servicios vinculados con la vida, la salud o la seguridad de las personas, por lo que la Enseñanza no puede catalogarse como un servicio esencial”.
Pero además, sostuvo, “la esencialidad debe utilizarse equilibradamente y no de manera voluble, porque cuando se procura imponer una medida de esas características se debe estar seguro del respaldo jurídico que la misma pueda tener. Si esa seguridad no se tiene, y si además, la medida no es acatada, la misma se desvaloriza y el Gobierno ve menoscabados su autoridad y el respeto que se le tiene”.
“La gran mayoría de los uruguayos reconoce quela calidad de la Enseñanza se ha ido perdiendo en los últimos años, y muchos notamos que particularmente la Educación Pública de la actualidad es la peor de todos los tiempos en nuestro país. Y no admitir y no atender eso es un error muy grave, porque la brecha que existe entre las distintas clases sociales se hace menor cuando hay igualdad de oportunidades, y para que ésta exista, la Enseñanza pública y privada deben ser de muy buena calidad”, indicó.
“La Educación recibe cada vez mayores recursos, pero sin embargo la calidad no mejora, al contrario, y los salarios de los profesores y maestros siguen siendo muy bajos. Está claro que no alcanza con aumentar el presupuesto, y lo que sucede es que detrás de todo este problema subyace un grave inconveniente de gestión, que está muy lejos de arreglarse con una declaración de esencialidad”, dijo el legislador colorado.
Intentos que no prosperaron
Bianchi recordó que “en mayo del 2014 la Intendencia de Montevideo evaluó solicitar al Poder Ejecutivo que decretara la esencialidad del servicio de recolección de residuos mientras en medio de un conflicto gremial la basura se acumulaba en las calles, pero la posibilidad se descartó”.
“También el año pasado el gobierno había manejado la posibilidad de decretar la esencialidad de los servicios registrales a pedido de la Asociación de Escribanos del Uruguay en el marco de un conflicto salarial, posibilidad que finalmente también desechó”, dijo.
Y “la eventualidad volvió a manejarse en diciembre pasado en el marco del conflicto que los gremios del Poder Judicial mantuvieron con el Poder Ejecutivo por un incremento salarial, aunque también en este caso el gobierno alejó la posibilidad”, agregó.
Pero, además, recordó, “en el año 2008 la OIT falló a favor de la Intergremial de Transportistas Profesionales de Carga (ITPC) y en contra del gobierno, que había dispuesto la esencialidad de los servicios en un paro de transportistas acaecido en aquel entonces”.
Bianchi se refería de esta manera a un paro llevado adelante por los transportistas un año y medio antes, en octubre de 2006, en rechazo a una medida gubernamental que aumentó el precio del gasoil para crear un fideicomiso que subsidiara el boleto urbano, suburbano e interdepartamental, y que provocó la escasez de combustibles y alimentos, además del bloqueo del puerto de Montevideo y de la refinería de ANCAP, lo que motivó que el gobierno decretara la esencialidad de todos los servicios del transporte de carga durante 30 días.
“Hasta donde recordamos, el único antecedente relativamente efectivo que hay en los últimos tiempos data de setiembre de 2013, cuando el Gobierno decretó la esencialidad del servicio de transporte de combustibles desde las platas de distribución hacia las estaciones de servicio y los trabajadores decidieron en asamblea acatar la medida, aunque en aquel entonces los transportistas entendieron que el decreto de esencialidad había sido desproporcionado y realizaron una denuncia ante la OIT”, indicó.
Calidad de la Enseñanza en caída
“Tampoco adherimos a la eventualidad de declarar la esencialidad en forma progresiva, por ejemplo, con el servicio de los comedores escolares que atienden a niños provenientes de familias de bajos recursos, porque de acuerdo a la información que se nos proporcionó el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolaresestán cubiertos por servicios de emergencia, por lo que esa situación estaría contemplada”, expresó.
Bianchi explicó que “eventualmente, un servicio público puede convertirse en esencial cuando tiene lugar una crisis extrema, por ejemplo, cuando la duración de una huelga se excede más allá de cierto tiempo y, consecuentemente, se pone en riesgo la vida, la salud o la seguridad de la ciudadanía, pero está claro que éste no es el caso”, y además, “existen otras medidas aplicables cuando se ve afectada un área sensible de la administración pública, tal como el Decreto 401 sobre paros distorsivos en el sector público, el cual conlleva la aplicación de descuentos salariales”.
“Entendemos que la Educación no constituye un servicio esencial, y consecuentemente, no puede atribuírsele esa calidad, ya que, además, como derivación de ello deberían establecerse los servicios mínimos indispensables que la Administración debería prestar. Lo que hizo el gobierno fue generalizar un concepto que, justamente, es objeto de debate, y entendemos que no fue ni el momento ni el área adecuados para hacerlo”, finalizó Bianchi.