La maniobra, según dijeron a La República fuentes de la investigación, sería una derivación de otro delito cometido y descubierto hace más de dos años, el de las compras ficticias y adulteración de documentos públicos que se venían llevando a cabo desde hacía al menos tres años en la división adquisiciones y suministros de la Cámara de Representantes.
Los informantes indicaron al mencionado matutino que los hechos que se investigan parecen ser de mayor cuantía que los que se comprobaron anteriormente.