OPINION – Bajo la consigna “El campo se pone de pie”, tamberos y productores rurales realizaron el 19 de enero el primer de corte de ruta en nueve departamentos del país, rechazando el aumento de tarifas de servicios públicos decretado por esas horas por el gobierno de Tabaré Vázquez y protestando por la demora en el pago de la compra de productos lácteos de parte del gobierno de Venezuela.
El oficialismo aseguróque el levantamiento tenía un “trasfondo político” detrás del cual había “operadores” que pretendían responsabilizar al gobierno de la falta de pagos por los productos enviados al país caribeño en lugar de reconocer que se había logrado el acceso a un nuevo mercado.
La oposición y los productores, por su parte, afirmaron que la movilización era la consecuencia lógica de la indignación de la gente ante los improcedentes incrementos de tarifas -de manera especial de UTE- que en las redes sociales se identificó como “tariFAzo”, en alusión a las siglas del gobernante Frente Amplio (FA) y ante la negativa de ANCAP de bajar los combustibles cuando el precio internacional del barril de crudo de referencia, el Brent, se ubicaba en su precio más bajo desde 2003, a 23 US$, en tanto la referencia de ANCAP lo tomaba a 60 US$.A ello se sumaba la molestia por el incumplimiento de los pagos de parte de Venezuela a empresas del sector lácteo principalmente, y otras del rubro agropecuario, que vendieron productos a ese país en el marco del acuerdo bilateral firmado por Vázquez con su par Nicolás Maduro.
El acuerdo fue infringido, y esa inobservancia fue absoluta responsabilidad de la Administración Vázquez, ya que se trataba del dinero con que ANCAP canceló su deuda con PDVSA (US$ 267 millones) y que debía depositarse en el BANDES venezolano para pagar las exportaciones uruguayas a Venezuela, pero que ANCAP envió a China.
Así leído parece hasta un sarcasmo. Pero no lo es.
Cuento chino
La idea fue presentada por el propio Vázquez como un procedimiento simple: en virtud del grave desabastecimiento de artículos de primera necesidad que sufre el país caribeño, se podían cambiar alimentos uruguayos (fundamentalmente lácteos, soja, arroz y pollos) por petróleo venezolano, a través de la creación de un fideicomiso que dispusiera de un fondo con un mínimo de US$ 300 millones, con la intermediación del estatal banco venezolano BANDES. El Memorándum de Entendimiento entre ambos gobiernos se acordó el 6 y el 7 de julio de 2015.
En ese marco, ANCAP ofreció cancelar una deuda que tenía con PDVSA por compras de petróleo por US$ 430 millones y que podría solventar con un importante descuento pagando sólo US$ 267 millones, lo que beneficiaría a la empresa uruguaya de combustibles. El Parlamento aprobó esa forma de cancelación y la deuda se pagó.
Pero el dinerodebía ser depositado como “garantía de cobro inmediato ante la venta de cada producto» en el agente fiduciario (el BANDES), donde las empresas uruguayas Conaprole, Pili, Calcar y Claldy irían cobrando a medida que concretaban sus ventas a Venezuela.
La realidad, sin embargo, distó mucho de ajustarse a la teoría. Confiando en el acuerdo gubernamental, las empresas nacionales comenzaron a vender sus productos hasta alcanzar losUS$ 100 millones. Pero ANCAP, a solicitud de Venezuela, en lugar de depositar el dinero en el BANDES, el 24 de setiembre giró el dinero con el que canceló su deuda al City Bank de China y las empresas uruguayas acreedoras se quedaron sin cobrar.
Con ello, su situación se desequilibró.
El aire fresco se tornó asfixiante
El 26 de enero el presidente del Instituto Nacional de Leche (INALE), Ricardo de Izaguirre, confirmó que había llegado una partida de pagos desde Venezuela, pero el monto había sido menor a 10 millones de US$, con lo que no se cubría siquiera el 10% del pasivo.
De tal forma, los productores reclamaron al Gobierno de Vázquez que se responsabilizara por la deuda de Venezuela ya que, de no llegar esos recursos en los próximos días, el sector -productores, empleados, servicios, transporte- podría colapsar, porque la industria estaba pagando la leche a los remitentes pero no tenía retorno ya que no cobraba lo que exportaba.
Así, el acuerdo que Vázquez calificó como “un soplo de aire fresco” para la economía uruguaya y en especial para el agro, se convirtió paradójicamente en un clima asfixiante para ella.
El 18 de febrero el ministro de Economía, Danilo Astori, y el de Ganadería, Tabaré Aguerre, comparecieron en el Parlamento para explicar las causas de la deuda de Venezuela, en una sesión decepcionante debido a la ambigüedad de las explicaciones (sigue sin saberse por qué el dinero terminó en un City Bank de China), y al malestar que produjo la ausencia de autocrítica por parte de los secretarios de Estado, que fueron acusados de “estafadores”, de “ocultar información” y hasta de “timberos”.
El 24 de febrero, los productores volvieron a movilizarse, y esta vez, el pronunciamiento fue aún mayor que en enero y se realizó en todo el país.
Mientras esto sucedía en Uruguay, en Venezuela la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional aprobaba el inicio de una investigación por las múltiples denuncias de irregularidades administrativas cometidas a través de los distintos mecanismos del control de cambio vigente en Venezuela desde 2003 hasta la fecha, por un monto superior a los US$ 200.000 millones. La investigación abarcaba a funcionarios, ex funcionarios y empresarios señalados por la presunta comisión de ilícitos administrativos en perjuicio del patrimonio público a través de cuatro esquemas: sistema financiero, mecanismos de control de cambio, importación de medicinas e importación de alimentos. Respecto a los últimos dos rubros, se especificaba que se trataba de “importaciones millonarias de alimentos y medicinas que arribaron al país en estado de descomposición o que, simplemente, nunca llegaron”.Uno de los investigados es el Gral. Giuseppe Yoffreda, presidente de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX), precisamente la institución a través de la cual los empresarios uruguayos negociaban sus envíos.
Malas noticias…
Y bueno, a endeudarse…
En aquel entonces, para paliar de alguna manera el grave problema por el incumplimiento venezolano, el Gobierno uruguayo informaba a las gremiales lecheras, no que les adelantaría el dinero para que superaran las demoras de pago por sus exportaciones -como reclamaban los productores- sino que les facilitaría un crédito-puente (por US$ 66 millones, el saldo impago por las exportaciones de lácteos a Venezuela entre el 29 de setiembre y el 23 de noviembre de 2015, no el total de la deuda) «en condiciones ventajosas».
Es decir, en lugar de pagar a los productores lo que les debe Venezuela y luego cobrarle a ésta, forzaban a aquellos a solicitar un crédito y endeudarse, aunque bueno es aclararlo el Poder Ejecutivo -y no los productores- asumiría el cargo del costo de los intereses generados por los créditos que se otorgaran por las instituciones financieras de plaza. La solución no era la reclamada, pero era una salida transitoria. Y los productores aceptaron.
No obstante, aún al momento de escribir esta nota, las empresas aguardaban la asistencia prometida, ya que la misma fue remitida recién el pasado 18 de marzo al Parlamento con la modalidad de proyecto de ley, lo que requiere la aprobación de ambas Cámaras.
Así, mientras las dilatorias persisten, Venezuela no paga (de hecho, ya comenzó a comprar a Argentina los productos que antes compraba a Uruguay) y las empresas lácteas nacionalesbuscan nuevos mercados para colocar sus artículos, los productores advierten que están perdiendo la paciencia.
Analizadas las cosas en un contexto más amplio, lo cierto es que, efectivamente, las movilizaciones tuvieron un trasfondo político. No partidario, como aparentemente se quiso significar, sino político en el más estricto sentido de la palabra, esto es, como parte de una actividad que refiere a los gobiernos y a la sociedad.
Muchos uruguayos parecen estar comenzando a despabilarse, y molestos por la mala gestión, por la dilapidación de recursos, por los sobrecostos millonarios, por la falta de control y por una administración ineficaz e ineficiente que parece actuar con absoluta liviandad respecto a los recursos que generamos todos, decidieron movilizarse. Tal vez el corte de rutas no sea el modo más conveniente y origine controversia (en especial por la legalidad o no de la ocupación del espacio público), pero no cabe dudas que es,en este momento, el más oportuno como forma de manifestar contra un accionar de Gobierno plagado de errores, irregularidades, anomalías, presunciones de corrupción y denuncias ante la Justicia que concluyen enel uso inconveniente deldinero de todos los uruguayos. Recursos cuya mala inversión, desviación o desaparición el propio Gobierno que mal administra, se ve obligado a atenuar -como ha admitido- con ajustes de tarifas de los servicios públicos que evidencian un mero propósito recaudatorio, cuando, por ejemplo, tanto los precios de los combustibles como los de la energía deberían rebajarse.
La ausencia de gobernanza, acompañada de políticas públicas mal aplicadas, previsiones claramente inciertas, y soberbia y falta de humildad para reconocer errores propios, terminaron por aburrir a muchos que recién comienzan a hacer oír sus voces.
No podía esperarse otra cosa.
Y cuidado cuando los uruguayos perdemos la paciencia
Gabriel Gabbiani