Opinión – Hace pocos días se daba a conocer la “ENCUESTA BID – PERCEPCIONES SOBRE LA CALIDAD DE VIDA URBANA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Seguridad: la principal problemática para la población”.
En la misma se destaca que la seguridad ciudadana cobra doble relevancia en la vida de las personas: por un lado, refiere a la integridad física y material; por el otro, supone los efectos subjetivos generados por los hechos delictivos, que inciden en los ciudadanos.
Además de la victimización efectiva, la sensación de seguridad que se experimenta en las ciudades y en los barrios en que las personas habitan tiene repercusiones directas sobre la calidad de vida de la población.
La victimización, es decir, el hecho de ser víctima de algún tipo de agresión o delito, puede experimentarse de manera directa o indirecta. Así, la victimización directa es aquella que sufre la propia víctima, mientras que la indirecta se produce cuando el delito afecta al círculo cercano de la persona considerada. Además de las consecuencias materiales, la victimización tiene efectos sobre la salud mental de la persona agredida y de su entorno. Entre dichos efectos, el aumento de la sensación de inseguridad es uno de los más perdurables en el tiempo.
Cuando en la referida encuesta observamos los resultados para nuestro país, los mismos son más que preocupantes. En efecto, se consigna que casi un 80% se sienten inseguros de caminar de noche por la ciudad y que un 40% de nuestra población ha sido víctima de algún tipo de delito (ya sea en forma directa o indirecta, cuando la víctima es un familiar) en nuestro país. Además, el robo con violencia es el tipo de delito más frecuente.
A modo de ejemplo, cuando se pregunta si: ¿HA SIDO USTED O ALGÚN FAMILIAR ASALTADO, AGREDIDO O VÍCTIMA DE UN DELITO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES? Las respuestas para algunas ciudades brindaron los siguientes resultados: Montevideo: 38,5% – San Pablo: 24,1% – Bs. As.: 36,4% – La Paz: 20,3%.
A su vez se manifestaron como inseguros cuando caminan solos por la noche en su ciudad: Montevideo: 78% – La Paz: 49% – Bs. As.: 75% – Ciudad de México: 77,3%
Realmente cifras muy elocuentes, que condicen con el profundo deterioro de la seguridad y con el alarmante aumento de los delitos graves.
Esta realidad de incremento exponencial del delito se viene procesando muy marcadamente desde el año 2005 a la fecha y frente a ello los últimos tres gobiernos, han procedido coincidentemente cada períodos de 4 años a tratar de lanzar algún “manotón de ahogado”, que lamentablemente también ha fracasado. Repasemos esos intentos:
En agosto de 2008, bajo el gobierno del Dr. Vázquez (gestión de Tourné), se resolvía crear un “Grupo de Trabajo Especial” integrado por los Ministros de Interior, Educación, Desarrollo Social y Economía para que presentaran medidas para mejorar la seguridad pública. No dio resultado y la inseguridad continuó en auge.
En junio de 2012, bajo el gobierno del Sr. Mujica (gestión Bonomi). Se anuncia un paquete de Medidas contra la inseguridad bajo el rimbombante título: “Estrategia por la vida y la Convivencia” (a raíz del asesinato del pizzero de La Pasiva por parte de dos menores). Dentro de dicho paquete se anunciaba la regulación controlada de la venta de marihuana (algo totalmente ajeno a una medida para mejorar la seguridad). Nuevamente naufragaron estas medidas y la inseguridad siguió creciendo.
En abril de 2016, ahora bajo el gobierno del Dr. Vázquez (gestión Bonomi) se convocó a reuniones con la oposición, en el llamado “Diálogo en materia de seguridad” para tratar de acordar sobre la temática. Han pasado casi 4 meses, muchísimas reuniones y los resultados son poco alentadores. No sólo los proyectos de ley del Poder Ejecutivo son magros y en general no recogen medidas, ni acciones que apunten a disminuir de manera eficaz la inseguridad, sino que además ninguno de ellos fue aún aprobado por el Parlamento. Esta iniciativa de diálogo, que generó mucha expectativa a su inicio, daría la sensación de estar yendo hacia un nuevo fracaso y a decepcionar a la ciudadanía, generándose más frustración.
La inseguridad parece haberse “consolidado” en la última década. Tenemos un país con más delitos, más violentos y más letales. En suma, más inseguro y más impune.
Se fracasó rotundamente en el combate al delito, en prevenirlo y evitarlo. En proteger a la ciudadanía. Al grado tal que antes se hablaba de que se perdía “calidad de vida” y hoy directamente se pierde la vida a manos de los delincuentes.
La estrategia parece consistir en no reconocer ninguna fragilidad, ni ningún fracaso, sino afirmar con voz calma y mirada tranquila que no está ocurriendo lo que de verdad sucede. Donde se confunden deseos con realidades. En ensayar fórmulas que fracasan, en insistir con una mala gestión que está totalmente agotada. En responsabilizar a la sociedad de la delincuencia, de forma tal que cuando la culpa es de todos, la culpa es de nadie (es una patología difuminar las culpas para justificar mala gestión, impericia e incapacidad).
Algunos pilares fundamentales de una política de seguridad deben ser:
· Definir la prioridades (donde la protección de la víctima y de la sociedad debe ser la primera prioridad, en lugar de generar mecanismos para evitar la prisión o para salir anticipadamente de ella por parte de quien delinque );
· Coherencia (a modo de ejemplo, por decreto del P.E. se encomendó la custodia externa de la empresa Botnia en 2006, pero no se implementa algo similar para embajadas, con el fin de liberar personal policial para patrullaje de la ciudad; o que el gobierno tampoco comparte habilitar el allanamiento nocturno, para luchar contra el narcotráfico, pero el Frente Amplio presentó un proyecto para ello en 2012);
· Buena gestión y conducción (demostrada con resultados);
· Rehabilitación (a la fecha el 65% de los reclusos no trabaja, el 80% no estudia y el nivel de reincidencia es del 60%);
· Transparencia y acceso a la información (no demorando los datos sobre índices delictivos);
· Medidas legislativas proactivas (con proyectos de ley que apunten efectivamente, a la lucha contra el delito) y;
· Más y mejor educación, como la mejor herramienta hacia el futuro.
En definitiva, una política en la materia -como lo venimos diciendo desde hace mucho- debe tener como objetivos generales la protección de la sociedad, la plena justicia para las víctimas, la prevención de la delincuencia, el castigo justo al autor del delito y la rehabilitación efectiva del convicto.
Es necesario, de una vez y por todas, avanzar en ese sentido pasando del dicho al hecho.
Por Guillermo Maciel
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor en Diplomacia. Docente de la Universidad de la República, de la Universidad de la Empresa y de otros centros deestudios superiores. Asesor del Comité Nacional de Calidad de la Presidencia de la República (1996-1999). Asesor del Ministro del Interior (1998). Director General del Ministerio del Interior (1999-2005). Director del Observatorio en Seguridad de la Fundación Propuestas (FUNDAPRO). Consultor especializado en seguridad ciudadana. Autor de varios trabajos publicados sobre la materia