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Por Martín Natalevich – Cinco casos en el último mes llevaron a la vidriera el debate sobre los límites de la libertad de expresión y, en especial, su relación con el poder político.
La intimación del expresidente y actual senador, José Mujica y la senadora, Lucía Topolansky, por la exhibición de la obra en una galería de arte en la que aparecían desnudos; el bloqueo en la red social Twitter efectuado por la Secretaría de Comunicación de Presidencia a usuarios que ponían comentarios «insultantes»; la denuncia del Ministerio del Interior a la cuenta Chorros Uy por «infundir temor» en la ciudadanía y «exponer al menosprecio público a la autoridad policial»; el intento de censura de algunos organismos estatales y Organizaciones No Gubernamentales a la telenovela «Esposa Joven» que se emite por Montecarlo TV y la intimación de la Armada Nacional a el periódico La Diaria por una columna de humor forman todos diferentes casos en los que se puso en cuestión la libertad de expresión. (ver abajo)
En las cinco situaciones -de diferente forma- estuvo involucrado el estado. En cuatro casos, con la pretensión expresa de intentar limitar o circunscribir el margen de acción de medios de comunicación o ciudadanos a través de redes sociales. En el caso del cuadro de Mujica y Topolansky, con la acción policial en la galería de arte, que derivó en la decisión de sacar la obra.
«No resueltas»
El investigador a cargo de la Iniciativa Latinoamericana para los Datos Abiertos, presidente de DATA Uy y doctor por la London School of Economics (LSE), Fabrizio Scrollini, dijo a El Observador que los cinco casos constituyen discusiones interesantes pero «no resueltas» en Uruguay en torno a cómo una democracia debe pararse frente a hechos de esa naturaleza.
En el caso del Ministerio del Interior, Scrollini afirmó que la iniciativas privadas como Chorros Uy o la aplicación City Cop -que a veces puede aportar información de dudosa verosimilitud- deberían ser combatido con «más y mejor» información y no herramientas legales que pueden resultar particularmente duras.
«La información pública da certezas en torno a los tipos de delitos, dónde se cometen, cómo o cuáles son las zonas calientes. Y eso ayuda a la gente a enteder el delito un poco más», sostuvo el investigador. «Activar el derecho penal para una cosa así parece un poco duro. Hay que activar mecanismos de transparencia y liberar la información pública para combatir ciertas prácticas», agregó Scrollini.
El especialista entiende que para eso los gobernantes uruguayos deberían entender que liberar información «no es un acto de debilidad». Más aún, entiende que Uruguay es un país en el que todavía si el estado dice que pasó algo la gente le cree, lo cual no sucede en todos lados.
Sobre el caso del bloqueo de la cuenta de Twitter de presidencia de la República a algunos usuarios, Scrollini valoró que se requiere «pensar políticas de comunicación» para el creciente mundo de las entidades públicas en las redes sociales.
«Hay gente que no entiende la dinámica de las redes sociales y no tienen claro lo que significa bloquear a un usuario», argumentó.
Denuncia al desnudo
El artista Julio de Sosa realizó un cuadro en el que pintó desnudos a los senadores Lucía Topolansky y José Mujica como si fueran Adán y Eva. La obra estuvo expuesta en la Galería de Arte Diana Saravia, hasta que el 19 de octubre llegaron dos policías al local y le pidieron a la dueña que la retirara de la vista del público. La pareja amenazó con denuncia por
supuesto delito de injuria. «Es una pajería todo eso, un tipo que pintó un cuadro nos pintó en bolas, por exhibicionismo», dijo Topolansky a El Observador. Sin embargo, en declaraciones a CNN, Sosa dijo que en ningún momento quiso «agredir» ni burlarse de Topolansky y Mujica.
Esposa joven
Una niña de 13 años es obligada a casarse con un hombre. A grandes rasgos, esa es la trama de la novela turca «Esposa joven» que se emite en Montecarlo TV y generó rechazo en cuatro organismos que llamaron «a la reflexión, en relación a la emisión» del programa. El INAU solicitó al amparo de la ley de Medios que la publicidad del programa no se emita en horario de protección al menor.
La directora de Inmujeres, Mariella Mazotti, señaló que el ideal es «que no se emita el programa»
Chorros Uy
El Ministerio del Interior denunció penalmente a la cuenta de Facebook y Twitter Chorros Uy por entender que la difusión de algunos videos puede desencadenar la alarma pública y ser utilizados con «con fines espurios».
«La conducta desplegada por los responsables de la cuenta solo puede tener el móvil de infundir temor en la ciudadanía respecto de la población carcelaria y exponer al menosprecio público a la autoridad policial», se afirmó en la denuncia que informó Búsqueda. El abogado de Chorros Uy, Andrés Ojeda, señaló que la cuenta «no cometió ningún delito» y afirmó que la denuncia constituye «una violación a la libertad de expresión».porque no es «adecuado» y no transmite los valores que «necesitamos».
Presidencia bloquea
La Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República anunció que bloqueará el acceso a su cuenta de Twitter de usuarios que escriban «agravios». El organismo dijo que la cuenta no debate con los usuarios pero tampoco «acepta agravios». En declaraciones a El País, el director de Comunicación de Presidencia, José Luis Veiga, afirmó que es «lógico que si la cuenta recibe agravios» se pongan «normas de convivencia». «Si alguien insulta, tengo todo el derecho a decir que no. Que casi nadie insulta, claro. Pero hubo alguno; hubo una persona al comienzo de esto que insultó.
Y entonces establecimos las normas de convivencia», dijo Veiga.
Humor de armas tomar
Una columna de humor publicada en La diaria generó malestar en las autoridades de la Armada Nacional, quienes pidieron rectificar lo expresado. El artículo, ubicado en la sección humorística «El faro del final del mundo», anunciaba la creación de una norma, inspirada en la Ley de Caducidad que daría «impunidad total» a los oficiales que cometieran irregularidades y se le atribuían frases al comandante en jefe Leonardo Alonso. La Armada pidió que demuestren lo expresado en el artículo, sean hechas públicas o presentadas ante un juzgado penal. CAinfo valoró la respuesta de la Armada como una amenaza a la libertad.
El Observador
