Diputada Reisch reclamó la inmediata suspensión del chip canino

La diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) reclamó al Gobierno Nacional la inmediata suspensión del chip canino, por entender que esa medida es inconstitucional y no soluciona el problema de fondo, esto es, la situación de los perros sueltos.

Desde el pasado 1º de octubre comenzó el registro obligatorio a través de la implantación de chips electrónicos a los perros de más de tres meses de edad para poder ser identificados, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (COTRYBA).

El chip tiene un código único identificatorio (asociado a la Cédula de Identidad del dueño) para cuya lectura se requiere un lector o scanner especial y se coloca una sola vez en la vida del animal.

Los dispositivos tienen un costo de alrededor de $ 500, lo que comprende el precio del chip más el costo de la implantación, que es el arancel veterinario rebajado a una tercera parte de su valor.

A partir del próximo 1º de enero, el Ministerio de Ganadería comenzará la fiscalización, multa a los tenedores y el retiro de los animales.

Hay medidas previas a adoptar

Reisch señaló que no compartela medida dispuesta por diversas razones, y además considera la misma ilegal.

“El verdadero problema no es la identificación, sino el aumento de la población canina en sí misma y fundamentalmente la existencia del perro sin dueño. Según datos de la COTRYBA la población canina asciende hoy a más de 1:700.000 perros”, expresó.

“La identificación o registro del animalya existe y se da cuando su tenedor paga la patente. En esa instancia se registran los datos del animal y el nombre y dirección de su propietario. La competencia está asignada por ley a la Comisión de Zoonosis. Podría ampliarse el requerimiento de datos a solicitar, si fuera necesario y -fundamentalmente- debería cumplirse eficientemente con la normativa, castrando y fiscalizando”, sostuvo.

Además, “se suma un costo al propietario del animal. Por éste se pagará ahora $ 530 (costo anual 2017 de patente), más otros $ 500 por arancel del veterinario más el costo del chip, también por animal”, indicó. Reisch advirtió que “la obligación que se impone no se acompaña de medidas educativas orientadas a una tenencia responsable, ni a la solución efectiva del problema del perro callejero o sin dueño, cuyo número probablemente aumente ante el costo que implica cumplir con la colocación del chip. Y no se acompaña tampoco de una castración selectiva y obligatoria para el can sin dueño, y voluntaria y, si fuera necesaria gratuita, para el perro doméstico, ni se atiende la situación de los refugios”.

“Desde el punto práctico -continuó la parlamentaria colorada- tampoco está prevista la fiscalización del cumplimiento del acto administrativo dispuesto por parte de la COTRYBA. ¿Ingresará a los hogares? ¿Pedirá la orden al juez, en cada caso, para ello? ¿Saldrá a la “caza” de los canes sueltos? ¿Dónde llevará a los animales para la lectura del chip que tengan colocado? ¿Cuenta con personal o lo contratará?”.

Finalmente, puntualizó que para la implementación del chip existe un impedimento constitucional ya que “la COTRYBA no está legitimada para disponer y exigir la medida. Según nuestra Constitución (Art. 10) nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni está inhibido de hacer lo que la ley no le prohíbe. Un acto administrativo no puede obligar a los administrados a cumplir una medida de este tipo, no puede fijar un precio y tampoco el monto de una multa. Agrega el Artículo 11 de la Carta que la limitación de los derechos de las personas sólo admite razones de interés general y requiere ley. La norma legal en que la COTRYBA se fundamenta no prevé esta acción. No puede hacer decir a la ley lo que la ley NO DICE, por tanto, se trata de una flagrante inconstitucionalidad”.

“Esperamos que el Poder Ejecutivo entienda de una vez que lo político o los intereses de algunos, en un Estado de Derecho, no prevalecen sobre lo jurídico. Y solicitamos, por tanto, la inmediata suspensión de esta medida, en el entendido que su implementación, además de vulnerar la Constitución, no soluciona el problema que pretende abordar y sólo se traduce en una medida recaudatoria”, finalizó la diputada Reisch.