OPINIÓN – Hace pocos días, la Junta Departamental aprobó una modificación en la ordenanza que regula el transporte gratuito de escolares.
Sin ningún lugar a dudas, la reforma fortalece y mucho el derecho de los niños para llegar a sus respectivas escuelas.
Resulta asombroso y se los digo con absoluto convencimiento, verlo de otra forma.
Sin embargo y aunque usted le cueste creerlo o quizás no tanto, producto de una extraña operación de la que no quiero hablar porque con alegría, paciencia y entusiasmo voy a desentrañar a fondo, se ha generado una confusión organizada que lo único que ha hecho es inducir a gravísimos errores de interpretación. Errores que se han transformado en agravios, descalificaciones y mentiras propias de los peores totalitarios fascistas en un mundo cada vez más hostil.
Veamos, en calma y sin dramatismos, que es lo que acontece con este tema.
En abril de 1974, el presidente de facto Juan María Bordaberry envió al consejo de estado – que ejerció de “órgano legislativo” en los oscuros años de la dictadura – un proyecto de ley que establecía el traslado gratuito de escolares por empresas de transporte. En el informe de la Comisión de Educación y Cultura que consta como antecedente de la norma, que finalmente se aprobó y una vez restablecida la democracia fue ratificada con el decreto-ley 14254, se decía que “sin perjuicio de otras disposiciones similares, aquella referida conducción gratuita de escolares debe ser reglamentada en cada caso por la respectiva autoridad administrativa que haya otorgado la concesión. Este concepto autonómico, si así se le puede llamar, tiene por lo mismo relevancia institucional, tanto más ajustado a la equidad, cuando que cada concesión atiende realidades distintas, lo que obliga en su natural consecuencia a disposiciones diferenciadas.”
En abril de 1987, la Junta Departamental de Colonia, por decreto con fuerza de ley en el departamento, dispuso la vigencia y condiciones del servicio de transporte gratuito para los alumnos de nuestros centros educativos. Ahí se establecía que “las empresas de transporte colectivo de pasajeros quedan obligados a transportar a los beneficiarios, al primer centro docente, oficial o privado, que se encuentre sobre la ruta de su recorrido, con un mínimo de un kilómetro a partir de su domicilio, salvo causas debidamente justificados por las autoridades competentes. En las zonas suburbanas los niños deberán ascender en las paradas establecidas por la reglamentación actualmente vigente. No rigen las limitaciones en cuanto al recorrido en los días de lluvia”. Al mismo tiempo y en caso de que la primera escuela no fuera del grado al cual concurriera el niño o estaba colmada su capacidad locativa, el ómnibus lo llevaba gratis a donde correspondía.
Los grados de las escuelas ya no existen más y naturalmente que la disposición – que ya llevaba 30 años de vigencia con muy poquitos cambios – necesitaba adaptarse a los tiempos modernos.
En ese sentido, lo que a iniciativa de ediles del Frente Amplio se propuso y fue en definitiva lo que se votó, es que a partir de ahora si la primer escuela a la cual concurre el niño no es de la modalidad elegida por la familia (tiempo completo, tiempo extendido o común) la empresa lo llevará gratuitamente al centro escolar que corresponda, sin importar las distancias. Por ejemplo, si la escuela más cerca a la del domicilio del niño es de tiempo común pero la familia decide por una de tiempo completo, el ómnibus lo llevará GRATIS HASTA DONDE SEA.
El avance es evidente, claro, incuestionable. Pero frente a la alegría colectiva, unitaria y frenteamplista de poder provocar un logro conjunto en un órgano en el que somos minoría, muchos asistimos con desconcierto a opiniones que utilizando comparaciones supersónicas, falacias de todo color, con total desconocimiento de la autonomía absoluta, exclusiva y originaria de los departamentos en asuntos de su competencia, queriendo asimilar resoluciones ministeriales con la voz de dios, nombrando a los niños para hacer pura demagogia y apelando a construcciones de lenguaje propias de la más pura malicia o ignorancia, intentan transformar lo positivo en negativo. Así como se los cuento.
Personalmente, aún perteneciendo al conjunto de compañeros que defendió con reparos la conveniencia de una regulación departamental, aporté un humilde y pequeñito granito de arena desde la comisión de legislación para que la iniciativa prosperara. Y así lo hice porque tengo la profunda convicción que todos los frenteamplistas que participaron en el largo proceso de pensamiento, elaboración, discusión y trabajo con respecto a este tema lo hicieron en la búsqueda de una conquista que logró, a la postre, el equilibrio perfecto entre lo ideal y lo posible. Los conozco, se de sus certezas, confío en ellos y aunque no todos lo logren entender, es en el reencuentro de la buena voluntad, del respeto, de la tolerancia, de la confianza y el combate a los fundamentalismos, que lograremos más triunfos similares para todo el pueblo coloniense.
José Manuel ARENAS DÍAZ
Edil del Partido Socialista (FA)