LA MEDIDA SE HARÁ EFECTIVA EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2018- En el segundo semestre del presente año el Ministerio del Interior (MI) incrementará el número de efectivos para el Programa de Alto Desarrollo Operativo (PADO) en el departamento de Colonia e instalará a su costo cámaras de video-vigilancia en la ciudad de Juan Lacaze.
Así lo anunció el director Nacional de Policía, Comisario General ® Mario Layera, a representantes del Grupo Puerto Sauce Unido (GPSU), de la mencionada localidad, con quienes, tal cual lo anunciado oportunamente, se reunió el jueves próximo pasado en la sede ministerial.
Durante cerca de una hora y media Yamil Díaz, Tomás Mesa, Iván Altolaguirre y Gabriel Gabbiani dialogaron con el jerarca acerca de los resultados del PADO en dicha ciudad, que ha logrado abatir el número de delitos a casi la mitad, además de haberse convertido en un instrumento de disuasión ante posibles quebrantamientos de la ley.
Layera, quien es funcionario policial de carrera y se desempeñó en las Seccionales 8ª y 16ª de Juan Lacaze como así también en otras localidades del departamento de Colonia, dijo estar al tanto del trabajo que realiza el GPSU y expresó que, a su entender, equipos de trabajo como estos colaboran en la mejora de la seguridad.
Uno de los planteos realizados al jerarca por el GPSU, ya planteado por escrito al ministro Eduardo Bonomi, fue la posibilidad de incrementar el número de cupos para el PADO en todo el departamento. Al respecto, Layera señaló que a fines de junio se realizará la evaluación semestral del funcionamiento del programa y allí se redistribuirán algunos cupos que han quedado vacantes en otros departamentos, de los cuales algunos se otorgarán a Colonia.
Asimismo, señaló que en la Rendición de Cuentas que en breve ingresará al Parlamento Nacional para su consideración, se incluirán 300 vacantes más para el PADO en todo el país, de las cuales también algunas serán otorgadas a Colonia. No obstante, aclaró que en esta materia la última palabra la tiene el ministro.
El segundo planteo realizado tuvo que ver con el compromiso de aquella Secretaría de Estado de dotar a Juan Lacaze de cámaras de videovigilancia. Al respecto Layera confirmó que China donó a Uruguay equipos y dispositivos de seguridad (3.956, de los cuales 1.000 son cámaras de videovigilancia) pero, no obstante, los mismos aún no han ingresado al país, si bien se aguarda que lo hagan antes de agosto o setiembre próximos. En principio se destinarían a reforzar la seguridad en departamentos fronterizos con Brasil, si bien Layera dijo que algunas de esas cámaras, u otras en su defecto, serán instaladas en Juan Lacaze, en lugares claves para el control del accionar delictivo.
En tal sentido, el GPSU valoró la extensión del sistema de red de datos digitalizados, y confía en que ello se convierta en un elemento más de disuasión y prevención que transmita mayor seguridad a Juan Lacaze.
Layera abordó también la situación de violencia doméstica y de género, señalando que si bien los números en Colonia no son de los peores, se viene notando un incremento de casos al punto tal que después de los hurtos son el segundo quebrantamiento a la ley en todo el departamento.
Finalizada la reunión, que se extendió por cerca de una hora y media, los representantes del GPSU señalaron que encontraron “muy buena receptividad” de parte de Layera, quien mostró estar al tanto de la realidad coloniense, apreció el trabajo del grupo y valoró como “pertinentes” los reclamos realizados por éste.
En promedio en Juan Lacaze ha descendido cerca del 40% el número de delitos. A modo de ejemplo, baste señalar que -de acuerdo a cifras oficiales de la Jefatura de Policía de Colonia- los quebrantamientos totales acaecidos en esa ciudad durante el mes de febrero fueron 12, durante marzo fueron 26, durante abril fueron 17 y hasta el 22 de mayo se registraron 22, cuando en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado llegaron a verificarse 2, 3 y hasta 4 delitos por día. Además, se han modificado las características y la brutalidad de los mismos. Se trata en la mayoría de los casos de delitos de hurto, en especial bicicletas, garrafas de 13 kilos, celulares y electrodomésticos, en particular televisores. No obstante, no han tenido lugar rapiñas, asaltos, copamientos ni robos a mano armada, episodios que sí tuvieron lugar a fines del año 2017.
“Nosotros valoramos, y eso lo dejamos claro siempre, el accionar del PADO puntualmente en Juan Lacaze, pero vemos que el delito se corre hacia otras localidades, por ejemplo ahora en la zona este hacia Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia y la zona de balnearios de Artilleros, Santa Ana y El Ensueño. Pero a lo que apuntamos es a que todas las localidades del departamento de Colonia recuperen el sosiego y el equilibrio que históricamente han tenido”, indicaron los vecinos del GPSU. En ese sentido, señalaron que “en Tarariras y en Rosario ha habido voces que se han levantado con vistas a formar grupos similares al nuestro, lo que sería una muy buena acción, ya que incluso se podría trabajar en forma conjunta”.
En otro orden, el GPSU señaló que aguardará hasta fines de mayo la respuesta a su solicitud de audiencia al titular de la Fiscalía de Rosario, Césare Cingia -a quien conciernen los casos de Juan Lacaze- en los últimos dos meses solicitada un par de veces telefónicamente y una vez, a solicitud de la propia secretaría del fiscal, por correo electrónico. Vencido ese plazo, el GPSU solicitará una audiencia directamente con el Fiscal General de la Nación.
Por otro lado, los vecinos continúan organizando una charla en Juan Lacaze, abierta a todos los vecinos e instituciones, sobre la aplicación y alcance del nuevo Código de Proceso Penal (CPP), que será brindada por el ex fiscal Enrique Viana, uno de los primeros opositores al nuevo código.
Los detalles de la misma serán brindados oportunamente.