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¿A UNOS SI Y A OTROS NO? – En el marco de una crisis del sector lechero que ha llevado al cierre de varias empresas y a la desaparición de pequeños y medianos tambos, varios de ellos en el departamento de Colonia, la Cámara de Representantes se reunió el pasado jueves en sesión extraordinaria para considerar la creación del Fondo de asistencia a los trabajadores de la empresa PILI S.A. (Paysandú) y del Fondo de asistencia a productores de leche remitentes de la misma firma, por un total de 1:600.000 dólares.
Ambas iniciativas habían sido aprobadas por unanimidad el día anterior en el Senado de la República, y tienen como objetivo saldar la deuda que mantiene la empresa sanducera con trabajadores y productores del sector lácteo.
El primero crea un fondo de asistencia por un monto de aproximadamente 460.000 dólares, para pagar los créditos laborales adeudados por la empresa.
El segundo crea un fondo de asistencia de US$ 1,2 millones, y se destinará a pagar los créditos adeudados con los productores de leche remitentes de PILI.
El plazo que prevé el gobierno para la financiación del préstamo es de diez años con dos de gracia.
Contrariamente a lo que sucedió en el Senado, en la Cámara de Representantes los proyectos no tuvieron respaldo unánime.
La diputada Nibia Reisch no votó la propuesta y explicó que “la asistencia que el Gobierno quiere direccionar para brindarle a determinadas empresas no se la ha brindado a otras, por ejemplo del departamento de Colonia, entre ellas ECOLAT y FANAPEL”.
Reisch sostuvo que “el propio ministro de Trabajo, Ernesto Murro, afirmó que se trata de algo inédito, que el Estado le preste dinero a una empresa privada”.
“Esta situación se originó durante el gobierno de Mujica, en el cual se promovió e incentivó a las empresas lácteas uruguayas a exportar hacia Venezuela. En ese momento decidieron realizar una importante inversión con tecnología neozelandesa y aumentar la producción. Tenían 4 millones de kilos de queso para entregar a Venezuela a 5,50 dólares el kg, y al caer las ventas a Venezuela, sólo vendieron y cobraron 1,6 millones de kilos. El resto de la producción se tuvo que repesar nuevamente, y venderlo al mercado brasileño a 3 dólares por kg. Prácticamente, vendieron a perdida”, recordó Reisch.
“La renovación tecnológica se sustentaba con la venta al precio venezolano. La construcción de la planta de PILI se solventó con un préstamo del Banco República por 30 millones de dólares que no alcanzó para terminar la obra, y la firma debió solicitar préstamos a bancos privados para comenzar a trabajar. La situación actual es que la empresa tiene deudas por más de 40 millones de dólares, y está procesando 70.000 litros diarios de leche en una planta con capacidad para procesar 440.000. PILI confió en el Gobierno. Y le fue mal”, dijo.
“Y con plata de todos los uruguayos (jubilados, trabajadores, productores) se financia la deuda de una empresa privada, lo que crea un precedente inconveniente”, añadió la legisladora colorada.
“¿Qué va a hacer ahora el Gobierno? ¿Va a proponer que se le vote un préstamo a COLEME, la primera cooperativa lechera del país que desde 1936 funciona en Melo y está en una situación sumamente complicada desde hace un año, que tiene una deuda de 700.000 dólares con los productores remitentes y está al borde del cierre definitivo? Porque tendría el mismo derecho que PILI a hacer la solicitud”, razonó.
“Y además sus 50 trabajadores están en un seguro de desempleo rotativo, pero eventualmente tendrían el mismo derecho de otras tantas empresas de que se les prorrogue ese beneficio social”, indicó.
“Esta no es la solución. Sólo sirve para lavar las culpas de un gobierno frenteamplista, irresponsable e inepto que promovió e incentivó a las empresas uruguayas a exportar a Venezuela sin dar las garantías necesarias”, aseguró.
“Otras empresas, incluso de nuestro departamento, hubieran merecido igual tratamiento y el gobierno no lo consideró. La decisión no sólo no es conveniente sino que tampoco la fundamentación que se nos da para aprobar esta medida es equitativa”, manifestó.
“Recordemos que cuando FANAPEL manifestó que el elevado costo de la energía era una de las razones que la empresa atribuía a sus dificultades (de hecho había llegado a un acuerdo con una firma privada de generación de energía), en su momento recibió objeciones de la administración del mercado eléctrico. En ese momento, febrero de 2017, el gobierno no le dio soluciones a una empresa muy importante del departamento de Colonia, que además no tenía deudas con el Estado, y 280 personas quedaron sin trabajo, como tampoco lo hizo con ECOLAT, cuando cerró en febrero de 2015 y 400 trabajadores quedaron desocupados”.
“Desde 2011 a la fecha se han perdido miles de puestos laborales tras el cierre definitivo de emprendimientos con alta ocupación, la mayoría intensiva en mano de obra y radicadas en el interior del país, algunas en pequeñas localidades que todavía sufren y seguirán sufriendo largo tiempo las consecuencias sociales y económicas de esa triste decisión, y hay otras empresas cuyo futuro es incierto”, afirmó la diputada colorada.
“Leyes de estas características violan el concepto de generalidad que es el carácter fundamental de la norma jurídica. La ley debe prever para todos y no para personas en particular, debe ser abstracta e impersonal, y no ser aprobada para solucionar asuntos individuales, ni para personas o grupos determinados. Las leyes no deben tener nombre y apellido. No se puede gobernar para unos sí y otros no. Alguien debe decirlo: ¡así, no!”, finalizó Reisch.
