Castigado por decir la verdad

Por Gabriel Gabbiani

OPINION – El proyecto de reforma del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, tal como está planteado, ha despertado más polémicas que certezas.

Para el ministro Astori su aprobación es «absolutamente imprescindible» porque las «pasividades privilegiadas» se llevan mucho dinero e implican entre 500 y 600 millones de dólares todos los años.

En tanto, para el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y para el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, la modificación es «razonable, posible y gradual».

En rigor, la reforma eleva los aportes que deben hacer los militares a la Caja del 13% al 15%, aumenta la edad para jubilarse a 60 años y topea la jubilación máxima en $ 101.108.

El punto es que afecta de manera distinta a tres grupos de funcionarios: a los que tienen más de 20 años de servicio no les cambian las condiciones; los que tengan entre 10 y 19 años quedan comprendidos en un régimen de transición y quienes no quedan comprendidos en lo anterior se les aplican las nuevas disposiciones.

El retiro voluntario, que hasta hoy se realiza con 38 años de edad y 20 años de servicio, pasa a ser de 60 años de edad y 30 de trabajo. El retiro obligatorio pasará de 10 años a 22 de servicio de subalterno y 25 años en los grados superiores. La tasa de reemplazo se reduce, se suprimen las comparativas (por las que se equiparan las jubilaciones por grado) y el derecho a jubilarse con el grado superior.

Pero además, el militar retirado ya aporta el IASS al BPS (financia las jubilaciones de los jubilados no militares), y la reforma introduce además un impuesto transitorio (por 18 meses) sobre las jubilaciones militares.
La modificación cuenta con media sanción en el Senado, aprobada solamente con votos del oficialismo, y el Partido Colorado ya anunció su rechazo en general al proyecto también en la Cámara Baja, si bien votará favorablemente sólo algunos artículos que considera positivos.

Los planteos económico-financieros, por supuesto, son y serán objeto de estudio y tendrán defensores y detractores, máxime tratándose de aspectos jubilatorios.

Lo que nos llama la atención es la decisión del presidente Tabaré Vázquez, adoptada este lunes en Consejo de Ministros, de sancionar por 30 días de arresto a rigor (lo que le significará pasar ese lapso en una unidad militar sin poder realizar servicios) al comandante en Jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, por sus declaraciones contrarias a la mencionada reforma, por cuestionar al ministro Murro y por pedir que el proyecto no sea aprobado en la Cámara Baja.

El militar había afirmado que la reforma «va a golpear a los sectores más bajos de la fuerza, y afecta a toda la jerarquía, pero a los que más les pega esta ley es al soldado y al sargento», agregando que «algunos soldados van a tener que trabajar el doble y algunos van a perder el derecho al retiro».

El militar también criticó unas declaraciones de Murro, quien había sostenido que la reforma iba a ser «generosa, gradual y beneficiosa» para los militares.

«No le puedo atribuir mala fe ni que mienta a sabiendas, pero los soldados con 26 años no tendrán derecho al retiro porque el retiro obligatorio los va a agarrar a los 48 años sin haber computado los años mínimos que exige la reforma», dijo Manini.

Sin ambages, la sanción parece improcedente ya que Manini no realizó consideraciones políticas sino económicas, entre ellas señalar que Murro no contaba con la información correcta. O cuando menos, la sanción es desmedida, ya que el jerarca castrense cumplió con defender a sus subordinados, como haría cualquier buen jefe, ante la posibilidad de verse perjudicados por una nueva disposición.

Vázquez no ha sido, en ninguna ocasión, tan severo ni intransigente cuando, por ejemplo, las autoridades de la Educación han realizado disertaciones político-partidarias en centros de estudio, algo expresamente prohibido por la ley, lo que hace dudar acerca del verdadero objetivo perseguido por el mandatario.

Todo esto no parece más que una iconografía del poder. Intentar demostrar ante la opinión pública quién manda a las Fuerzas Armadas.

Si lo que se quiere en realidad es administrar bien y lograr más recursos, debería empezarse por abatir el gasto, ordenar las cuentas estatales, controlar la administración en las empresas públicas y evitar los episodios de corrupción que tanto dinero le han costado a todos los uruguayos.

Pero sancionar a alguien por decir la verdad mientras, dicho sea de paso, los delincuentes se desplazan impunemente entre la sociedad, no es sólo una muy mala señal, sino una innegable muestra de injusticia y arbitrariedad.