ESPINAS EN EL PARAÍSO
Por MARIÁNGEL SOLOMITA – El Cabo Polonio que conocemos está a punto de cambiar. Tras una década de espera, la Dinama está decidida a aprobar antes de fin de año un plan de manejo que definirá la permanencia de sus pobladores. La paz se quebró y los vecinos se oponen al futuro que imagina el Estado.
Hoy nos van a mostrar la guillotina. Un futuro así de drástico imaginaba un poblador de Cabo Polonio el pasado jueves 25, antes de que el pueblo recibiera a las autoridades de la Intendencia Departamental de Rocha (IDR), de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) y a un centenar de dueños de las 463 viviendas. Llegaban al más celeste de los paraísos, pero estaban incómodos.
Tras cuatro años de silencio del Estado y una década después de convertirse en un parque nacional, los pobladores habían sido citados a una reunión de la Comisión Asesora Específica (CAE), donde les presentarían el borrador del plan de manejo con las condiciones de uso de este terreno. El Cabo es un hogar para algunos, un espacio de veraneo para otros y un jugoso negocio turístico para todos.
La paz de este lugar se quiebra cuando empiezan los conflictos de intereses. Luego de haber pasado por 15 instancias de CAE y negociaciones con dos gobiernos, los vecinos esperaban que ese día, el tercer director de la Dinama que lidia con esta deuda pendiente pusiera sobre la mesa las reglas del juego definitivas.
Tenían esperanzas, pero también esperaban la guillotina. Saben que el Polonio ya no es un paraíso. La forestación se está comiendo las dunas, los parlantes de los boliches aturden desde las 21 horas hasta la mañana del día siguiente, se multiplican los hostels que amontonan 50 camas en un espacio reducido, cientos de veraneantes venden comida y artesanías sin pagar los impuestos que sí les exigen a los pobladores con locales comerciales; llegan forasteros adinerados que compran un rancho adeudado con la IDR, pagan el saldo y abusan de la restricción de no edificar y solo ampliar la construcción existente levantando, a partir de una estructura austera, hostels de dos pisos. Y este año se disparó la inseguridad: hace menos de un mes hubo 35 hurtos en una semana.
Para no perder al Cabo hay que actuar ya. Pero todos los que tienen un interés allí saben que cada ficha que se mueva afectará un orden caótico que les viene permitiendo habitarlo y vivir de él. Por eso, aunque todos desean un plan de manejo, de esta reunión esperaban lo peor.
Como a la hora acordada la sede del encuentro estaba vacía, hubo quienes sospecharon: «Esto es una pantomima, van a proponer algo tirado de los pelos y se van a ir corriendo». Pero entonces llegó el director de la Dinama, Alejandro Nario, seguido por su equipo y de Antonio Graña, director de Ordenamiento Territorial de la IDR. Y entonces sí: pusieron sillas, bancos, computadoras, una cámara, un proyector y colocaron un grabador en el centro de la mesa donde debían tomar asiento los delegados de cada uno de los cinco grupos de pobladores.
Con una actitud decidida, Nario quiso ponerle un escudo a las recriminaciones por el silencio prolongado y dijo que el avance del plan de manejo que presentarían no era definitivo pero, aunque se recibirían aportes en los próximos 20 días y se iban a discutir en una próxima CAE, sí o sí el plan iba a aprobarse antes de que terminara el año. Estaba fijando dos meses de plazo para cerrar una negociación que ya lleva una década. Advirtió que aunque la tenencia de la tierra es un factor importante, la prioridad del plan es el medio ambiente.
El paisaje cultural del Polonio, es decir la parte poblada y comercial, ocupa solo el 1,5% del área a proteger, pero hasta ahora ha sido el centro de todas las discusiones. Organizar su reglamentación demoró ocho años el armado del plan, que según la norma debe estar listo un año después del ingreso al Sistema de Áreas Protegidas (SNAP). La Dinama y la IDR deben resolver este conflicto para poder avanzar con el resto de la conservación.
Cuando Nario habló, alguien dijo:
—Se pisó el palito. Ya lo tienen todo decidido, no les interesa discutir nada.
Luego, la Dinama expuso. Y cuando terminó, los pobladores tomaron la palabra. Nario tuvo que ponerle una y otra vez el pecho a los reproches.
Cuando más es menos
Solemos pensar en Cabo Polonio como un balneario bohemio con menos de 100 pobladores permanentes, pero visualizarlo dividido en padrones y ponerles a estos un rostro y una voz, demuestra lo diversa que es la población que tiene que ponerse de acuerdo con el proyecto del Estado. Hay propietarios privados (Gabasol S.A.); otros son dueños de la tierra, pero sobre ellas hay construcciones irregulares (sucesión de la familia Tisnés). Están los que tienen casas de veraneo irregulares sobre terrenos privados y sobre la franja del Estado (Comisión de vecinos de Cabo Polonio); otros que llegaron buscando una nueva vida, construyeron sobre algunos de estos terrenos y luego se convirtieron en dueños de locales comerciales (grupo de pobladores permanentes). Y están las familias originarias que lidiaron con el Polonio cuando era un páramo hambriento (Comunidad Cabo Polonio Asociación Civil). Ellos viven y trabajan en un predio del Ministerio de Ganadería (que pasará a la órbita de Vivienda).
Sin ser la familia Tisnés, el resto de los grupos quedaron disconformes con la reunión. Sintieron que, una vez más, nadie contestó sus preguntas acerca de cómo se regulará el Polonio de aquí en más. Y luego de leer el plan de manejo decidieron oponerse al mismo, por distintas razones.
Ricardo Amstrong, de la Comisión de Vecinos, dijo durante el encuentro:
—Este es el peor escenario. Pensábamos que nos iban a informar el tipo de contrato que tendríamos, pero no fue así. Pretenden que aprobemos un cheque en blanco.
Sin embargo, el director de la Dinama se retiró satisfecho. Nario explica el escenario que se viene así: «Hay una zona sobre las costas de las dos playas que hay que ir liberando. Esto afecta de un lado a la sucesión Tisnés y del otro a Gabasol S.A., por eso les planteamos como incentivo que cada casa que se reubique disponga del doble de metraje en su nueva localización. Solo se van a permitir construcciones nuevas en el predio de Gabasol y en el de Tisnés. Donde somos más inflexibles es en el desalojo del cordón rocoso, porque hay una densidad que le impide a la población disfrutar del paisaje. Esto afecta parte del predio de Gabasol y el del Estado. Esas construcciones tienen que salir de ahí y les daremos la posibilidad de relocalizarse en otro lado».
En un lapso de cinco años deberán ser demolidas ocho fincas de Gabasol S.A. y 18 del predio del Estado que están sobre rocas. Los afectados tendrán un año para construir otra en un sitio acordado con la Dinama, bajo costo del interesado.
Medardo Manini, presidente de Gabasol, cuestiona la delimitación del espacio que se les quiere otorgar para reubicar las que serán desmanteladas y otras 43 nuevas (la sociedad anónima venía solicitando autorización para edificar 27). Cree que dos hectáreas son demasiado poco. «Vamos a estar apretados uno arriba del otro. Esto no favorece el desarrollo turístico, ni reconoce la presencia humana, que es la esencia del Cabo y fue lo que acordamos respetar desde el ingreso al SNAP», dijo, y lo aplaudieron todos.
Según él, la principal amenaza para la conservación del Cabo es el monte que crece y daña las dunas, y que representa el 30% del territorio. Propone que se actúe urgentemente para frenarlo, en lugar de aprobar a las apuradas un plan de manejo que perjudica a la población.
—En las conversaciones anteriores a la CAE hablamos de ocho hectáreas y cuando fuimos nos desayunamos con que habían decidido darnos dos. No vamos a aceptar este trato —anunció.
—¿Y qué piensan hacer?
—Vamos a ir hasta las últimas consecuencias.
Fecha de vencimiento
Por otro lado, las 290 viviendas ubicadas en el predio del Estado dentro de la faja de 150 metros de distancia de la costa —donde están los pobladores permanentes—, deberán relocalizarse cuando se los indiquen. Podrán mudarse dentro del mismo predio, pero fuera del límite de 150 metros, en sitios autorizados por la administración que se discutirán caso a caso. Los pobladores deberán pagar la demolición y la nueva construcción.
El uso de la construcción se les permitirá por 10 años, que podrán ser prorrogables en base a monitoreos del impacto ambiental que realizará la administración del parque. Ninguno de estos polonienses, ni siquiera los que nacieron hace medio siglo allí, ni siquiera los ancianos que llegaron en la década de 1940 para trabajar en la lndustria Lobera Pesquera del Estado, podrán reclamar ningún concepto sobre las viviendas.
—Quieren hacernos un préstamo de lo que ya es nuestro, ignorando todas las conversaciones que tuvimos durante nueve años. Este es un plan de exterminio para la comunidad —dice Alejandro Gallinares, delegado de los pobladores permanentes. Él asegura que desde el jueves pasado hay polonienses que no pueden dormir por culpa del estrés.
Daniel Machado nació en el Cabo, fue lobero, farero y lechero; hoy es dueño de un restaurante y vocero de la comunidad de pobladores originarios. Dice que el plan de manejo tiene orientaciones, pero no respuestas. No aclara en qué lugar exacto se reubicarán las fincas. Ni qué pasará con los locales comerciales que son el sostén de las familias. Ni con qué criterio se evaluará el impacto ambiental cada 10 años (les gustaría tener un representante técnico que participe del estudio). Ni de cuánto será el canon que tendrán que pagar los que tengan una vivienda usufructuada para el mantenimiento del parque nacional (y que según Nario sería más bajo para los permanentes). Ni qué posibilidad tendrán los que no puedan pagar la demolición —para la que estiman un costo de US$ 30.000— ni una construcción nueva —que ronda los US$ 60.000 la más barata.
Estas son algunas de las 37 preguntas que les plantearon a Nario en una reunión, en mayo, y que no les contestó. El plan de manejo tampoco las responde.
Luego de discutirlo en grupo, Machado transmite que decidieron revocarlo:
—No nos sirve. No podemos estar cada 10 años viendo qué pasa con nosotros ni permitir que la vivienda no pueda ser heredada por nuestros hijos.
Los abogados de la comunidad, Mauricio Fioroni y Marcelo Nievas, opinan que el plan no les da garantías, porque su permanencia no queda asegurada. Además consideran injusto que no haya un trato diferente entre los pobladores originarios y los que hace tres meses compraron los derechos posesorios de un rancho. «Tal como está redactado les están poniendo una fecha de vencimiento», dice Fioroni.
En estos días pedirán una reunión con Nario, aunque este les había dicho a los pobladores que si había abogado de por medio no iba a negociar.
Entre los nacidos y criados en las dunas que ahora se quieren proteger, sobrevuelan dos pensamientos. Están los que piensan como Marcelo Talayer, que dice que nunca hubo un diálogo real entre pobladores y autoridades; y los que opinan como Oscar Calimares, que el futuro no está pensado con ellos adentro.
—Somos los más perjudicados. La casa es nuestro seguro de vida, es la jubilación que no vamos a tener, y ahora ni siquiera eso. Yo dejé de ir a las CAE porque me di cuenta de que no se puede nadar contra la corriente. Llega un momento en que te tenés que tirar para la orilla o te ahogas. Y acá nos van a ahogar.
12 años de rencor
No hay un pueblo que desconfíe más del Estado que el poloniense. Sobre el predio del Ministerio de Ganadería pesa una sentencia de 15 años atrás que resolvió la demolición de las viviendas, pero nunca se ejecutó. Graña, el director de Ordenamiento de la IDR, explica que lo que está haciendo el plan de manejo es negociar este fallo con una concesión a 10 años (que puede extenderse): «Al que se niegue a las condiciones, se le ejecutará la sentencia».
No hay un afán de demoler como ocurrió otras veces, asegura, pero la advertencia queda planteada.
En el Cabo se asocia el ingreso al SNAP (el proceso comenzó en 2006) con el desembarco de la IDR y sus regulaciones. En 2008 los pobladores recibieron telegramas que los intimaban a pagar el impuesto a la edificación inapropiada. Aunque el monto anual es de 50 UR ($ 54.150), la IDR facturó una deuda retroactiva que terminó discutiéndose en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El abogado Fioroni, que defendió a los pobladores, dice que la Justicia falló a favor de sus clientes, pero Graña sostiene que el juicio lo ganó la intendencia. De todas formas, el gobierno departamental decidió exonerar a los pobladores permanentes con una sola casa de esta obligación. Pero aun así, casi nadie paga: lo hacen 22 construcciones del predio público, tres de la sucesión Tisnés y Gabasol S.A.
El funcionamiento del Cabo le insume a la intendencia 16 empleados municipales entre guardavidas y guardaparques, y una guardia de 24 horas los 365 días del año. Además, US$ 55.000 por temporada para recoger la basura. Según como lo ve Graña, esto lo subvenciona el resto de los vecinos de Rocha que sí pagan.
Se construyó una terminal en la ruta (inversión del Ministerio de Turismo) y en diciembre pasado se cambió de lugar la parada interna para organizar el transporte. Esta fue la última gran discusión que enfrentó a la IDR con los pobladores y terminó con una quema de baños orgánicos.
Gallinares, de los pobladores permanentes, cuenta que la IDR desoyó el daño que el cambio de parada les causaría a los comercios locales. Según Machado, las ventas se redujeron en un 50% en verano y en un 40% en invierno. Aunque les habían prometido que en marzo retomarían el viejo punto de la terminal para favorecer a los negocios golpeados, esto no sucedió.
Graña reconoce que desde 2006 se realizaron tres construcciones nuevas, violando la ley, pero también sabe que hay quienes amplían sus ranchos sin solicitar la autorización en la IDR, para evitar firmar una declaración en la cual el asentado reconoce que la tierra no es suya.
—El Estado tiene que cubrirse. Lo que pasa es que están los que no quieren avanzar porque se benefician. El Cabo es un lugar hermoso, pero el año pasado trajo 120.000 turistas y comercialmente no mueve menos de US$ 6 ó 7 millones. En algún lado ese dinero queda— dice.
Los pobladores desmienten esa cifra y acusan a la IDR de no castigar la competencia desleal que sufren de los propios turistas, que venden comida y artesanías sin pagar impuestos. Cuando fueron a la IDR a quejarse de que el 50% del comercio no está regulado, un funcionario les dijo: «Ustedes son los únicos nabos a los que les toca pagar».
El paraíso se llenó de ambición. Hay 52 hostels y otros seis se inaugurarán este verano. Muchos no están registrados en la IDR, pero Graña argumenta que el Estado debe contemplar que los 2.000 turistas que entran a diario necesitan un lugar para dormir. Es tan buen negocio que hay caras nuevas en el pueblo que compran un rancho y lo convierten en una posada de dos pisos, violando la norma que apenas permite un mantenimiento. «Lo hacen de vivos y los citamos en la Justicia», retruca el director. Pero los pobladores dicen que ninguno cerró y que hay quienes tienen 40 citaciones acumuladas.
El caos, la incertidumbre y la desconfianza se expanden en el Cabo mientras esperan por un plan de manejo que los conforme a todos. Mientras tanto, el viejo temor a ser echado sube con la marea.
En la nueva terminal está Marta González, nacida en estas tierras. Les pregunta a los que bajan del camión si buscan alojamiento. A la CAE no piensa ir. «Me hace mal, me llenan la cabeza», explica. Su familia es la última que aún se dedica a la pesca. Cada día el barco se mete un poco más lejos en el océano, porque pescado ya no queda. Marta, que era parte del grupo de niños que caminaban 12 kilómetros por las dunas para ir a la escuela, que iban a pedir comida a las loberías y cuyas madres deshilaban la ropa vieja para volver a hacer otra nueva, no quiere saber cómo será su futuro. «Hasta que no me vengan a buscar, yo no me voy», dice. Ella sabe que, como el pescado, todo en este paraíso se termina.