El fracaso de uno de los “paquetitos” de Mujica

OPINÓN – Por Nibia Reisch

En abril de 2013 el entonces presidente Mujica declaró que dejaba “tres paquetitos atados” para el próximo gobierno: la regasificadora, el ferrocarril y el puerto de aguas profundas, ya que entendía que estos proyectos eran importantes para el desarrollo del país.

Prometió que esas obras no dejarían déficit fiscal, ya que serían financiadas por privados, y se iba a amortizar con el trabajo de la propia planta.

Pero la realidad fue muy distinta. El proyecto de instalar una planta regasificadora en Puntas de Sayago fue un rotundo fracaso. Tenía el propósito de introducir el gas natural al país y diversificar su matriz energética: pero el proceso estuvoplagado de irregularidades e imprevisiones que, una vez más, tienen un enorme costo para todos los uruguayos.

De hecho, las cuantiosas pérdidas que el proyecto generó y seguirá generando a las arcas públicas, treparán a los 200 millones de dólares.

El propósito inicial se concibió como binacional con Argentina para producir 10 millones de m3 diarios, pero el vecino país nunca confirmó compra alguna y, más aún, se desinteresó del proyecto. Fue un desacierto el cálculo respecto al incremento de la demanda de gas natural del país, que no sólo no creció, sino que disminuyó, se cometió un error en el contrato firmado por Gas Sayago SA (GSSA) y se padeció error nuevamente en la percepción de que, en cualquier escenario económico y técnico, Argentina iba a tener que comprar gas uruguayo o hacer uso de la regasificadora uruguaya. Argentina nunca confirmó compra alguna a nuestro país.

También existieron errores en la ubicación geográfica de la planta. El proceso se caracterizó por el apuro por decidir, la falta de estudios adecuados y con rigor científico, y la falta de criterios estrictamente técnicos.El proceso de concesión del álveo y espejo de agua necesarios para la instalación tuvo flagrantes ilegalidades, salteando procesos, evitando controles, incumpliendo normas legales y desatendiendo observaciones del Tribunal de Cuentas, con el sólo objetivo de seguir adelante con una contratación multimillonaria.

Otra notoria irregularidad fuela adjudicación de la obra, que estuvo plagada de errores y omisiones de enorme perjuicio para el país. Las decisiones resultaron ser al menos imprudentes, y parecen dirigidas a la contratación de un determinado oferente, que incluía como subcontratista a la empresa OAS, sin experiencia en un factor clave del proyecto. Además, las obras se comenzaron a ejecutar sin la existencia de un proyecto ejecutivo, lo que resulta totalmente irresponsable y redundó, además, en demoras y sobrecostos. Existieron errores de diseño de la planta e inviabilidad económica del proyecto. Los activos transferidos a GSSA, en un escenario sin proyecto y sin interesados, no tienen ningún valor. Es un montón de dinero enterrado que la sociedad uruguaya podría haber dedicado a valiosos usos alternativos. Como corolario de este proceso, no debemos perder de vista que la situación de laconstructora OAS en el marco del ‘Lava Jato’, terminaría saliendo a la luz en marzo de 2014. Sin embargo, el 22 de diciembre de 2014, UTE mandató a sus representantes a iniciar un proceso de negociación con OAS con el objetivo del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

En ese sentido, funcionarios uruguayos podrían eventualmente estar incursos en actos de corrupción previstos en las normas penales. Las identificaciones de las actuaciones de la Justicia brasileña están plenamente señaladas en esta investigación y la única forma de acceder a ellas de manera oficial es por vía de los tribunales competentes uruguayos. Esto justificaría, por sí solo, la presentación de estos antecedentes, por parte de la Investigadora, ante el Juzgado Penal competente.

Otra de las perlitas es que GGSA indemnizó sólo a 23 pescadores de los 378 permisos de pesca en esa zona, con absoluta discrecionalidad y arbitrariedad, sin poder demostrar cuáles fueron los criterios para ello.La indemnización consistía en US$ 16.000 a cada pescador firmante, pagaderos en una sola vez, más 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, por US$ 1.333; más veinticuatro vales de nafta por el importe de US$ 192; más la entrega de un motor cuatro tiempos de 40 caballos HP a cada pescador. Esto implicó un costo aproximado de U$S 2:000.000, por el perjuicio que la obra ocasionaba a los pescadores. Los pescadores no indemnizados son aproximadamente 600 y realizaron una demanda contra Gas Sayago, que está constituida por ANCAP y UTE. No se descartan pagos de los juicios aún pendientes.

Finalmente, son cuestionables los salarios que se pagaron y siguen pagando en Gas Sayago. Resultan desmedidos e injustificables dado que hace ya algunos años esta empresa no tiene razón de ser, porque el proyecto para la cual se creó fue un rotundo fracaso.Se otorgan salarios, más altos que el de un ministro, por una función que no existe, como la de coordinador de gasoducto, con sueldo de $ 231.000, a pesar de que no hay ducto ni gas. A julio de 2017 el gerente general cobraba $ 365.000 por mes, el director de obra de gasoducto $ 200.000 y el especialista en comunicación $ 100.000. Resulta llamativo, además, el hecho de que la Ing. Marta Jara, al asumir como presidente de ANCAP, dejó su cargo de Gerente General de Gas Sayago “en reserva”, lo que resulta altamente discutible desde el punto de vista legal y significa una mayor erogación económica para el Estado.

Para agravar aún más la situación, la semana pasada la bancada del FA presentó una moción de declarar secretos algunos documentos de la regasificadora. A pesar de que sólo estaban en sala 49 diputados del FA y no contaban con la mayoría habitual (50), la ausencia de tres diputados de la oposición (2 del Partido Nacional y 1 del Partido de la Gente), hizo perder la posibilidad de que se hicieran públicos muchos documentos.
Sin duda la “aventura de la regasificadora” es una muestra más de la pésima gestión que perjudicó a todos los uruguayos, con pérdidas millonarias. Haciendo cálculos optimistas, con uno de los “paquetitos atados” de Mujica el Estado perderá al menos 174 millones de dólares por esta ocurrencia.

Y esas pérdidas implican el desvío de importantísimos recursos que podrían haberse destinado a usos con verdadero retorno económico y social.

Sin duda los ciudadanos uruguayos necesitamos tener un mejor futuro y vivir en un mejor país,
Este no es el camino.

Necesitamos un cambio.