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Para el gobierno que haya una consulta popular sobre la LUC “no tiene efecto suspensivo” y continuará adelante, previendo iniciar el nuevo mecanismo el 12 de enero; para el diputado blanco Juan Martín Rodríguez el anuncio del sindicato fue “un disparate”
En el primer lunes de enero el océano político parecía tranquilo, pero el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) agitó las aguas y provocó la respuesta del gobierno. La cuestión es la portabilidad numérica, que estableció la ley de urgente consideración (LUC) y permite cambiar de compañía telefónica manteniendo el número. El Poder Ejecutivo
pretendía lanzar la portabilidad numérica antes, pero tras un aplazamiento la nueva fecha sería el 12 de enero, por lo que este lunes Sutel intimó al gobierno por vía judicial para que el mecanismo quede en suspenso hasta el 27 de marzo, día del referéndum contra la LUC.
Sutel solicitó a la Justicia que intime al Poder Ejecutivo, a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), al Comité de Portabilidad Numérica –que se formó a partir de la LUC– y a Antel para que “suspendan inmediatamente y de forma transitoria el proceso de implementación de la portabilidad numérica y su puesta en vigencia, hasta tanto se realice la votación ciudadana en el referéndum contra la Ley 19.889” (LUC), indica el documento de intimación.
Luego de citar los artículos de la LUC referidos a la portabilidad numérica (del 471 al 476), el sindicato repasó los pasos dados por el gobierno. Señala que el mecanismo requiere “elegir, adoptar e implementar, entre las diversas opciones técnicas posibles, una especial plataforma tecnológica para la portabilidad, incorporando a una empresa operadora que administre la base de datos para viabilizar el tránsito de llamadas”. Además, “se dispone que las empresas de telefonía celular asuman el costo de la implementación de la portabilidad y que deban suscribir, cada una, un contrato de servicios con la empresa que vaya a resultar administradora de la base de datos”.
El sindicato recuerda que el Decreto 26/021, de enero de 2021, aprobó los mecanismos, esquema técnico, plataforma tecnológica, plan de migración y pautas técnicas para la implantación de la portabilidad numérica en consonancia con lo que había determinado la Ursec por intermedio del Comité de Portabilidad Numérica. Asimismo, por la Resolución 21/021, de febrero de 2021, “se adoptaron las bases de la convocatoria a la empresa operadora de la base de datos para la implementación de la portabilidad”.
“Va de suyo, para cualquier observador, que la propuesta de la portabilidad numérica no era (ni es) un tema de ‘urgencia’ con aptitud para haber sido incluido por el Poder Ejecutivo en un proyecto de ley de urgente consideración”, sostiene el sindicato. Agrega que el tema no conllevaba ni conlleva la cualidad de “urgencia” para el “bien común”, salvo “la urgencia que puedan tener las empresas extranjeras que son competencia de Antel para captar su clientela”.
Además, en el documento presentado ante la Justicia se agrega que el 18 de agosto de 2021, “ya movilizado el trámite de referéndum y presentadas las firmas requeridas”, el Poder Ejecutivo dispuso que los contratos que las empresas deban suscribir con el operador de la base de datos “contengan una cláusula de condición resolutoria para el caso que el recurso de referéndum prospere”. “Al día siguiente, el 19/08/2021, el Comité de Portabilidad Numérica estableció el orden de prelación para la selección del Administrador de la Base de Datos”, indica el gremio.
FUENTE : La Diaria
