Valerosa y destacable y digna de aplaudir la tarea que ha llevado a cabo el abogado Dentone.
Pero en el «reino del revés» y en el Sistema del «vale todo» y más; si la Justicia «la manejo yo», seguro no le van a devolver «una sonrisa»; una flor.
Siempre mos hemos preguntado: ¿quienes controlan; a los controladores?
Quiénes tienen la vara para medir a los que aplican la Justicia.
Quiénes…?
Porque de seguro hay «vericuetos» irreconocibles e intransitables para el ciudadano de «a pie».
Y entre tantos, es por eso que se especula con que el gobierno y el laboratorio Pfizer podrían no responder a la intimación realizada.
Y uno no sabe; si esbozar una sonrisa socarrona o derramar una lágrima.
Según se informó el Ministerio de Salud Pública y Presidencia se reunieron tras la intimación sobre vacunas anticovid.
Como es sabido este miércoles se llevará a cabo una audiencia fijada por el juez Alejandro Recarey, quien intimó a las autoridades de Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y el laboratorio Pfizer a brindar información acerca de las vacunas contra el covid-19 administradas en Uruguay.
Esto surge a raíz de haber recibido un recurso de amparo en contra de la inoculación en edades pediátricas.
A pesar de que el gobierno fue intimado a responder todas las consultas del juez, los expertos en jurídica aseguran que existe la posibilidad de que las autoridades decidan no brindar la información y logren una justificación adecuada para esto, informó el diario El País.
También El País indicó que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el subsecretario de la cartera, José Luis Satdjian, se reunieron ayer en la Torre Ejecutiva con el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el subsecretario Rodrigo Ferrés.
Según supo El País, en la reunión, que duró unas dos horas, se comenzó a estructurar la estrategia de respuesta a la intimación. Consultado al respecto, el ministro Salinas dijo que “aún no es momento” de hacer declaraciones al respecto y que esperará hasta que concluya la audiencia fijada para mañana.
Pero para los abogados consultados por El País, existe la posibilidad de que el gobierno decida no contestar a las consultas basándose en la “no legitimidad” del recurso de amparo al que se debe la intimación.
El recurso fue presentado el pasado viernes en el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo por el abogado Maximiliano Dentone, quien representó al diputado César Vega cuando denunció a una serie de periodistas por difamación el año pasado.
Según el documento al que accedió El País, Dentone aseguró en la demanda: “Como habitante de este país, con familiares menores de edad y por estricta responsabilidad ciudadana, me asiste el derecho de accionar en nombre de ellos al amparo de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del Proceso”.
Los recursos de amparo deben cumplir con un grado de legitimidad a partir de causar un “daño explícito a los derechos de la persona que lo presenta”, según indicó el vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat. En este caso, al hablar de la “responsabilidad ciudadana”, Dentone se refiere a lo que los expertos llaman “intereses difusos”, porque se hace el reclamo según algo que entiende compete a la sociedad en general. “Que esté legitimado o no se va a discutir mañana, pero por el hecho de que lo haya presentado no se entiende necesariamente que lo esté”, indicó Oxandabarat.
En el reino «del revés»; en el país del «Negro» Cubilla, Venancio, Sosita, el «pibe de oro» Gimenez – el dribling, la gambeta, la moña, el regate – ; todo puede pasar. No lo dude.
Alex Hernández