Desde hace ya algunas semanas, las instituciones financieras que operan en el país y sus clientes están siendo afectadas por una serie de medidas gremiales adoptadas por la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU).
Estas medidas son la respuesta del sindicato bancario a la decisión de Citi de vender una de sus unidades de negocios en Uruguay. Esa venta llevó a la institución a proceder a la desvinculación de 29 colaboradores que trabajaban en dicha unidad. A todos ellos Citi les ofreció una compensación superior a la que establece la legislación uruguaya, la que fue aceptada por 26 de los 29 funcionarios afectados.
En ese escenario, AEBU ha solicitado a los bancos privados que influyan sobre Citi para encontrar una solución para esos tres trabajadores que no aceptaron la compensación ofrecida o que, en su defecto, tomen a estos colaboradores. La respuesta de los bancos ha sido negativa. En primer lugar, porque ninguna institución financiera tiene capacidad de influir en las determinaciones de otra. Y en segundo término, porque no es razonable que se obligue a un banco a incorporar a su plantilla a trabajadores que fueron desafectados por otra institución.
Ante ello, el sindicato bancario ha anunciado a los bancos privados que intensificará sus medidas de lucha en el sector, afectando de mayor manera el normal funcionamiento del sistema financiero. Ello afectará a los bancos, pero principalmente impactará en sus clientes, personas y empresas, que trabajan diariamente con el sistema y que padecerán alteraciones en los procesos, transformándose en rehenes de una situación que no buscaron ni promovieron.
Desde la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU) lamentamos los perjuicios que las medidas sindicales adoptadas por AEBU provocarán a nuestros clientes.
Exhortamos a no olvidar que son precisamente los clientes la razón de existir de las instituciones financieras y los que demandan servicios que le permiten a más de 3.000 personas trabajar en los bancos privados que actualmente operan en nuestro país.
Montevideo, 11 de agosto de 2002