Gabriel Gabbiani durante la sesión de la Junta Departamental por los 50 años del golpe de Estado

Con ocasión de los 50 años del Golpe de Estado, la Junta Departamental de Colonia celebró una Sesión Extraordinaria recordando aquel acontecimiento.

Durante la misma se presentaron dos videos, uno historiando lo acontecido aquel 27 de junio de 1973 con algunos de los testimonios vertidos por los legisladores en el Parlamento Nacional horas antes de su disolución, y otro que conllevaba un mensaje hacia el futuro de jóvenes dirigentes partidarios de la actualidad.

En la ocasión, hicieron uso de la palabra varios ediles de los diferentes partidos políticos representados en el deliberativo coloniense.

El edil departamental Gabriel Gabbiani (Partido Colorado – Ciudadanos) se manifestó con las siguientes palabras:

“Hoy, 27 de junio, se conmemoran los 50 años del golpe de Estado que dio inicio a una dictadura cívico-militar que se extendió durante 12 años.
En esta fecha tiene lugar el Día de la Resistencia y Defensa de la Democracia, instituido por la Ley Nº 19.211, que establece esa fecha en homenaje a quienes defendieron la libertad y la vigencia del Estado de Derecho frente al Golpe de Estado de 1973.

Conocidas son las causas que tuvieron al mencionado quiebre institucional como corolario, comenzando por la crisis económica de mediados de los años 1950, el consecuente deterioro social y económico, la aparición de la guerrilla urbana encarnada en el Movimiento Nacional de Liberación – Tupamaros (entre otros grupos de izquierda radical inspirados por la Revolución cubana) y sus acciones de lucha armada, el mandato en 1970 para que las FFAA asumieran la conducción de la lucha contra la subversión, la creación de la Junta de Comandantes en Jefe y el Estado Mayor Conjunto (ESMACO).

El 1º de marzo de 1972 asumió como presidente Juan Ma. Bordaberry, y en abril de ese año el Parlamento uruguayo, por más de 2/3 de sus integrantes votó considerar que el país estaba en un «estado de guerra».
Paralelamente, se seguía acrecentando el rol de las FFAA en la vida política del país. El 25 de octubre de 1972 Jorge Batlle denunció en televisión que, en circunstancias en que “técnicamente” estaban enfrentados, integrantes del MLN-T y militares mantenían conversaciones y entendimientos en el cuartel del Batallón Florida, y que los mismos contaban con la anuencia de los generales Gregorio Álvarez y Esteban Cristi. Batlle fue acusado por la Justicia Militar, procesado por el delito de “Ataque a la fuerza moral del Ejército” y recluido dos meses en prisión. De tal suerte, por orden expresa de los militares, Jorge Batlle resultó ser el primer preso político.

El 8 de febrero de 1973 la agitación militar era evidente, y a fin de controlarla, el presidente Juan Ma. Bordaberry sustituyó al ministro de Defensa Nacional, Armando Malet, por el general retirado Antonio Francese. Ese mismo día se reunió con los mandos de las tres fuerzas, pero sólo encontró el respaldo de la Armada Nacional.
Esa noche, desde la televisión estatal, los jefes del Ejército y de la Fuerza Aérea manifestaron que desconocerían las órdenes de Francese y reclamaron al presidente su remplazo. Bordaberry anunció que mantendría a Francese como ministro y convocó a la ciudadanía a reunirse frente a la Casa de Gobierno, en la Plaza Independencia.

En la madrugada del 9 de febrero, los fusileros de la Armada instalaron barricadas para cerrar el ingreso a la Ciudad Vieja, y en respuesta el Ejército desplegó por varias calles de Montevideo transportes blindados de personal (TBP) y tanques ligeros. Además, ocupó varias emisoras de radio para exhortar a la Armada a unirse a su causa.

Fue entonces cuando vio la luz el Comunicado N° 4, firmado sólo por el Ejército y la Fuerza Aérea, en el que expresaban “la más absoluta lealtad hacia el pueblo” y planteaban “establecer normas que incentiven la exportación, estimulando a los productores cuya eficiencia y nivel de calidad permita colocar la mercadería, en plazas del exterior a precios competitivos”, la “reorganización del servicio exterior”, la eliminación de “la deuda externa opresiva, mediante la contención de todos aquellos gastos de carácter superfluo, comenzando por la reducción de todos los viajes al exterior de funcionarios públicos de cualquier índole”, “atacar con la mayor decisión y energía los ilícitos de carácter económico y la corrupción donde se encuentre”, la “reorganización y racionalización de la administración pública y el sistema impositivo de modo de transformarlos en verdaderos instrumentos de desarrollo con el mínimo de esfuerzo para el erario público”, “redistribución de la tierra”, y “creación, fomento y defensa de nuevas fuentes de trabajo, y el desarrollo de la industria en base a las reales posibilidades y necesidades nacionales”, entre otros.

El 10 de febrero el gobierno procuró un acercamiento con los mandos militares insurrectos, pero fracasó. Esa noche el Ejército y la Fuerza Aérea emitieron el Comunicado N° 7, con la intención de corregir o aclarar aspectos del primero, aunque en realidad presentaba una suerte de programa de gobierno que tenía mucho de lírico y utópico.

Algunos oficiales de la Armada apoyaron ambos comunicados desconociendo el mando del vicealmirante Juan José Zorrilla, quien al día siguiente renunció a su cargo, siendo sustituido por el Capitán de Navío Conrado Olazábal, bajo cuyo mando la Armada abandonó su defensa de las instituciones.
A los dos comunicados, preciso y honesto es decirlo, hubo quienes se opusieron frontalmente, pero hubo otros que claudicaron. De todos los partidos políticos.

El 12 de febrero, en la Base Aérea “Cap. Juan Manuel Boiso Lanza”, el presidente se reunió con los mandos militares y aceptó todas sus exigencias. Fue el denominado Pacto de Boiso Lanza. Por ese acuerdo, se encomendaba a las FFAA «la misión de brindar seguridad al desarrollo nacional» y se establecían las formas de participación de los militares en la actividad político-administrativa. Nuevos nombramientos en el gabinete avanzaron paulatinamente hacia un gobierno cívico-militar: teóricamente gobernaban los civiles, pero en la práctica los militares tenían el poder. Los historiadores consideran, en su amplísima mayoría, que ese mes de febrero fue la fecha verdadera del golpe. El senador del Partido Colorado, Amílcar Vasconcellos, denunció los hechos y presagió el advenimiento de un golpe de Estado en un libro publicado ese mismo año, titulado “Febrero amargo”. Por ello la Justicia Militar pidió al Senado que le retirase los fueros parlamentarios a fin de someterlo a proceso.

Ese mismo mes la Convención Nacional del Partido Colorado emitió un pronunciamiento llamando a la defensa de “las instituciones y las autoridades legítimas”.

El miércoles 27 de junio de 1973, alegando que «la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal», el presidente, con el apoyo de las FFAA, disolvió el Parlamento. En la última sesión del Senado, cuando el Ejército se cernía sobre el edificio de las leyes, Vasconcellos pronunció un sucinto pero encendido discurso. Aseguraba que “hay triunfadores efímeros que las hojas del viento desparraman y se olvidan hasta del odio de los pueblos. Ellos se sentirán vencedores y muchos serviles y miserables se acercarán para decorar una situación momentánea, pero ya sentirán también el látigo de la historia sobre sus hombros y el de sus hijos como una mancha indeleble por la inmensa traición que están cometiendo contra el Uruguay. Y de esto, señor presidente, no los salvará absolutamente nadie.”

Minutos después los primeros efectivos de las FFAA llegaron a las inmediaciones del Palacio Legislativo, y casi de inmediato lo hicieron carros blindados de asalto y tanquetas que rodearon el edificio. Apenas pasadas las 7 de la mañana, el séquito de militares encabezados por los generales Esteban Cristi y Gregorio Álvarez menospreciaban con sus fétidas botas el Salón de los Pasos Perdidos. El presidente anunciaba la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA), con funciones legislativas, constituyentes y de contralor administrativo. En la práctica, se constituyó en un organismo de coordinación civil y militar que restringió la libertad de pensamiento y facultó a las FFAA y policiales a asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.
En el mes de julio, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado reclamó el inmediato retorno a “la vigencia plena de la Constitución y de la Ley”.

Lo demás es historia conocida, parte de los años más oscuros de la historia uruguaya que todos esperamos jamás se repitan.

Anoche, los 50 años del golpe de Estado reunieron a los cuatro presidentes vivos desde el retorno a la democracia. En un acto solemne realizado en el Palacio de las Leyes, durante el cual se proyectaron diferentes registros históricos, se hicieron presentes el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou, los mandatarios Julio Mª Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Lacalle Herrera (1990-1995) y José Mujica (2010-2015), y seguramente también estaban, espiritualmente presentes, Jorge Batlle y Tabaré Vázquez. Y lo hicieron también miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), de los partidos políticos, de las universidades, de los sindicatos y familiares de legisladores de la época que serían recordados.

El mundo fue testigo de cómo los uruguayos podemos convivir más allá de las diferencias.

Ese acto en la sede del Poder Legislativo, repleto de simbolismos y alegorías, estuvo acompañado por una vigilia en las afueras organizada por la sociedad civil.
En la sesión del 30 de junio de 2014, mis colegas ediles del Partido Colorado me eligieron para hablar en nombre de la Bancada. Hoy, en una sesión más extensa y significativa, lo hago a título personal, pero igual que entonces quiero simbolizar la fecha que se recuerda hoy, como una nueva oportunidad que se nos dio a todos los uruguayos.

A partir de aquella bandera que se enarboló de “Nunca más” tenemos hoy plena vigencia de los derechos humanos, de la prensa libre, de la posibilidad de disentir y expresarlo libremente. Son esos derechos los que hoy nos rigen, y son los valores de paz, tolerancia, comprensión, respeto a las ideas de los demás los que tenemos que rescatar, que seguir asegurando, que preservar y, sobre todo, que fortificar. No pocas veces el desconocimiento, la ignorancia o la falta de respeto hacia un simple reglamento, estatuto, ordenanza, código o precepto de parte de quienes aún no han entendido el funcionamiento democrático, o, más claro aún, de quienes no son demócratas, deriva hacia el avasallamiento del orden, de la Constitución y las leyes.

Y entonces ya es tarde.

Es a partir de esa libertad, que conlleva una gran responsabilidad que, con expresiones libertarias de todos los ciudadanos del país más allá de los colores políticos y con medios de prensa que no se vean coaccionados, seguramente Uruguay va a ser un país fortalecido en todo lo que significa la expresión democrática.

Yo particularmente tenía ocho años aquel 27 de junio de 1973; no recuerdo absolutamente nada. Habrá en esta Sala ediles que seguramente sean mayores que yo, algunos que tendrían menos edad y aún algunos que no habrían nacido.

Por ello es que, a medio siglo de aquel avasallamiento, debemos obligarnos a transitar un camino nuevo. Un camino de futuro, de mirar hacia delante, no de olvidar lo que pasó -de ningún modo olvidar lo que pasó-, reconocerlo, admitirlo, valorarlo y lamentarlo, pero mirar para adelante, porque sólo en democracia y en el pleno ejercicio de las libertades y garantías del Estado de Derecho, podrá el pueblo uruguayo avanzar en paz.

Quizás lo más importante que nos legó el retorno a la democracia fue una nueva oportunidad para renacer como Nación, para analizar los errores cometidos hace medio siglo y valorar aquello que verdaderamente lo merece y vale la pena, esto es, la LIBERTAD.

Sería bueno que aprendiéramos de los errores cometidos y no la desaprovecháramos.
Gracias, señor Presidente.”