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Escribe : Camila Méndez
Cónyuge del actual director Nacional Forestal del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca tenía predios en el territorio y fue uno de los privados que intentó impugnar el decreto de la ampliación.
La Quebrada de los Cuervos, ubicada en el departamento de Treinta y Tres, fue el primer territorio que ingresó al Sistema de Áreas Protegidas (SNAP) en 2008. Esta acción marcó el comienzo de un cambio de paradigma en materia de conservación de la biodiversidad y bienes comunes naturales a nivel nacional. Sin embargo, en paralelo a este proceso, la intensificación de actividades extractivas avanzó rápidamente. Alrededor del sitio pionero, las autoridades y técnicos ambientales comenzaron a detectar presiones –como la forestación, minería y caza– que suponían una amenaza para el mantenimiento ecológico de los ecosistemas y los aprovechamientos sostenibles del sitio. Por esta razón, en 2020 –doce años después de aquel primer paso y luego de una intensa discusión– se concretó un proceso de ampliación y el paisaje protegido se convirtió en Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Su superficie abarca desde entonces 19.192 hectáreas de área protegida y 3.894 hectáreas de zona adyacente.
En la actualidad, la cifra del territorio uruguayo que se encuentra bajo la salvaguarda del SNAP todavía es pequeña, con poco más del 1%. De este último porcentaje, el 90% corresponde a predios privados. En el caso de la Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal, la medida de ampliación significó tocar intereses de grandes sectores empresariales. la diaria, mediante un pedido de acceso a la información pública, obtuvo el expediente donde se encuentra el historial de la discusión. Empresas como UPM Forestal Oriental, Cementos del Plata, Pradera Roja, organizaciones como la Sociedad de Productores Forestales y extranjeros dueños de emprendimientos de caza enviaron misivas a los tomadores de decisiones señalando sus argumentos contrarios a la ampliación del área. Finalmente, su visión no prosperó. Un sector de las empresas que se desarrollaban en el territorio que se incorporó al SNAP trasladó, por separado, la disputa al ámbito judicial.
Entre 2023 y 2024, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) desestimó al menos cinco procedimientos que buscaban la anulación del decreto del Poder Ejecutivo 60/020, que estableció la ampliación del área protegida. Los promotores afirman que sufrieron agravios y que la normativa afectó su libertad de trabajo, de empresa y su derecho de propiedad. Por otro lado, el Ministerio de Ambiente defendió que la inclusión de un inmueble al SNAP no implica la prohibición del derecho de propiedad, sino que únicamente establece la posibilidad de ejercer limitaciones o prohibiciones en beneficio del interés general –en este caso, la protección del ambiente–. Las sentencias del TCA marcan un precedente importantísimo y brindan respaldo al SNAP para hacer cumplir el derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano.
