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Una mayoría conformada por los ediles del Partido Nacional (PN) y Malvina Saret, del Partido Colorado, impidió la integración de una Comisión Investigadora que analizara los hechos “denunciados públicamente, a través de la prensa y de las redes sociales, por el funcionario Luis Elvis García, del Municipio de Tarariras, sobre presuntas irregularidades y abusos” cometidos en ese ámbito.
La Investigadora era impulsada por los ediles Gabriel Gabbiani (Partido Colorado) y Carlos Fernández (FA), con el fin de esclarecer las anomalías denunciadas.
García aseguraba que “en la sección operativa, dependemos directamente de un capataz de 1ª, quien (…) siempre abusó de sus funciones, menospreció y maltrató a los trabajadores, generando así acoso laboral y psicológico contra la mayoría de ellos”. Asimismo, sostenía que “en nuestro sector tenemos distintos tipos de trabajadores según sus funciones. Están los “mimosos”, que son dos o tres personas asignadas a los trabajos más sencillos. Son los que más ganan a nivel salarial porque han acumulado más de 140 horas extra en un mes que nadie controla, y muchas veces ni siquiera están en el lugar de trabajo. Cobran viáticos sin realizarlos, reciben insalubres especiales de cementerio también muchas veces sin hacerlos, y, por supuesto, cuando los demás salen a trabajar al exterior, ellos permanecen en el galpón, a veces más de una hora, para no pasar frío o calor y cuidar su salud.”
Para los ediles firmantes, era imprescindible conocer qué criterio había adoptado el capataz para otorgar las horas extra, y si dicha adjudicación se había hecho arbitrariamente, beneficiando o castigando a los funcionarios. También era necesario comprobar el “hostigamiento psicológico” de parte del capataz a que hacía referencia el operario, y si las frases que mencionaba en sus denuncias (“Si no te gusta el trabajo, dejalo; yo después me encargo de las planillas”, “No te pago por pensar, te pago para que cumplas órdenes”, “Aquí el que manda soy yo, y el que no le gusta ya sabe lo que tiene que hacer”, “Aquí nadie es completo, nadie sirve para nada», entre otras) efectivamente eran rutinarias en el trato diario. Además, el funcionario denunciaba gravísimas irregularidades en la órbita de Necrópolis.
Posteriormente, se informó en Sala que, convocado por la Comisión de Asistencia Social, el funcionario adujo no poder probar las denuncias que efectuara, y que había logrado un acuerdo económico con el que había solucionado sus problemas, lo que hacía presumir una situación de coacción, cuando menos, sino de cohecho u otro delito contra la administración pública.
Todo quedó en la nebulosa
De tal forma, se formó una Comisión Preinvestigadora conformada por los ediles Julio Basanta (PN), la mencionada Saret (P. Colorado) y Ariel Beltrán (FA).
La misma elaboró dos informes, uno en mayoría con la firma de los dos primeros, argumentando que Gabbiani y Fernández no habían presentado pruebas suficientes y rechazando la Investigadora, y otra diciendo que lo indicado era suficiente y respaldando la Investigadora.
La votación, que dio lugar a un extenso debate, se zanjó con el resultado mencionado, que incluso violentó el reglamento, por cuanto un edil que ya había intervenido y de acuerdo al Artículo 49 no podía volver a hacerlo, fue quien propuso una moción de orden y pasar de inmediato a votar, cerrando la lista de oradores.
El edil Gabbiani argumentó que no era necesario abundar en la entidad de la denuncia, por cuanto lo expresado era más que suficiente y si se necesitaban pruebas documentales (notas periodísticas, capturas de pantalla, videos, etc.) la Preinvestigadora debería haberlas solicitado. Respecto a la seriedad de su origen, la misma estaba más que fundada por cuanto el funcionario realizó además la misma ante el Ministerio de Trabajo. Con referencia a la oportunidad y procedencia de una investigación sobre el tema planteado, las entendía más que justificadas, por cuanto correspondía que la Junta procediera con el mismo formalismo con que actuó instalando Comisiones Investigadoras por las denuncias en el Municipio de Florencio Sánchez y en el de Colonia Miguelete, como también en la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia Departamental, argumentos compartidos por Fernández.
En los tres casos -recordó Gabbiani- se formó una Investigadora en el seno de esta Junta Departamental independientemente de la investigación administrativa desarrollada en la IDC y de la investigación llevada adelante por la Fiscalía, por lo que entendía correcto proceder de la misma manera en este caso y no proceder arbitrariamente cambiando el criterio utilizado en los casos anteriores.
Al fundamentar su voto, Gabbiani sostuvo que “en lo personal, como hemos dicho tantas veces, no teníamos pensado hablar de un entramado de favores políticos, de desvíos de fondos, de mal manejo de horas extras o de corrupción. No era nuestra intención. La Junta no interpela; controla y fiscaliza. Sólo queríamos preguntar, escuchar y pretendíamos conocer la verdad”.
“Pero ahora la Comisión Investigadora no se conformará y las dudas y presunciones sobre irregularidades persistirán y sobrevolarán. La ciudadanía no podrá conocer la verdad de la situación del Municipio de Tarariras. Nos perdimos una gran oportunidad de hacer una investigación discreta, profunda y seria. Algunos ediles impidieron que se conociera la verdad, y de su accionar tendrán que dar cuenta frente a los ciudadanos”; finalizó Gabbiani.
