Libros, fotocopias y varas distintas

Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi

El pasado lunes 21, en el marco de una investigación por “delitos contra la propiedad intelectual”, efectivos del Departamento de Delitos Económicos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol allanaron quince locales cercanos a la Facultad de Derecho, dedicados a realizar fotocopias ilícitas de textos de estudio.

La Justicia investiga si detrás de la reprografía existe lavado de dinero, por cuanto la ley establece esa figura penal cuando se adquieren patrimonios con fondos provenientes de delitos contra la propiedad intelectual, y la investigación logró demostrar que por lo menos uno de los comerciantes adquirió costosos bienes con las ganancias aportadas por la reproducción ilegal.

El operativo se concretó luego que, hace dos años, la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) -una editorial jurídica creada por el Centro Estudiantes de Derecho (C.E.D.)- denunciara la fotocopia ilícita de textos completos de varios autores nacionales.  También la Casa de los Escritores del Uruguay y la Cámara Uruguaya del Libro concurrieron en agosto al Parlamento, manifestando su preocupación por la generalización de la “cultura de la fotocopia de los libros”, que a su juicio ya no depende de la situación económica de los estudiantes por cuanto se comprobó también en las instituciones de enseñanza privada más caras del país.

Pero en aras del entendimiento, hay varias precisiones para realizar.

La primera de ellas es que la Constitución de la República (Art. 33) reconoce y protege el derecho de autor.

La segunda es que la Ley Nº 9.739 (Propiedad literaria y artística) ampara “el derecho moral del autor de toda creación literaria, científica o artística y le reconoce derecho de dominio sobre las producciones de su pensamiento, ciencia o arte (…)”, y establece que “el derecho de propiedad intelectual (…) comprende la facultad de enajenar, reproducir, publicar, traducir, ejecutar, difundir en cualquier forma y representar o autorizar a otros para que lo hagan”. Y asimismo, establece lo que es y no es reproducción ilícita. Fotocopiar libros es un delito, sin dudas.

Y que quien trabaja reciba una contribución, es lo correcto.

La tercera es que los textos de estudio, en virtud de la política de precios de las editoriales en nuestro país, tienen un costo elevado, usualmente entre $ 500 y $ 2.000, lo que aleja a gran parte de la población la posibilidad de adquirirlos. El principal problema es que Uruguay es un mercado chico, pero no deja de ser un inconveniente la propia política del fotocopiado, ya que al sustituir los libros la impresión de éstos es menor y, por tanto, el precio por unidad aumenta.

Los rehenes de la situación, claro está, son los estudiantes.

Parecería que la ley vigente, del año 1937 y actualizada en 2003, criminaliza una de las prácticas más frecuentes de los alumnos, docentes y centros de estudios de nuestro país, sin la cual grandes sectores de la población no tendrían acceso a las obras.

Pero que las autoridades se hayan incautado de más de 1.000 copias de libros de estudio de las carreras de Derecho, Psicología y Ciencias Sociales, y que hayan encontrado en la computadora de un puesto de fotocopiado más de 16.000 libros archivados en formato PDF, no significa hablar de unas “inocentes fotocopias”.

Escanear textos, descargar documentos en PDF, imprimir materiales restringidos “por derechos de autor”, bajar películas y música de internet, también son delitos similares a la fotocopia de textos.

Por tanto, situaciones como estas ameritan una solución definitiva.

Hay una demanda insatisfecha sobre el acceso al material educativo, y por ello es necesario poner a disposición de los estudiantes textos con precios más accesibles. Una vía para ello sería que con fondos estatales se financie parcialmente la impresión de algunos libros de estudio con la condición de que sus autores libren determinada cantidad al uso público. Otros caminos serían implementar una suerte de “tarifa plana” de acceso a algunos textos -propuesta de la Dra. Beatriz Bugallo, especialista en propiedad intelectual- promover la gestión cultural a través de exenciones tributarias a los impresores, y retomar el sistema de “socialización de costos” aplicado durante la administración de Jorge Batlle, cuando en febrero de 2004 se creó la Asociación Uruguaya para la Tutela Organizada de las Reprografías (AUTOR), que regulaba el sistema de fotocopiado a través de un acuerdo entre autores y editores asociados, que con ciertas restricciones en la cantidad autorizaban el fotocopiado a cambio del pago de un canon, como bien subrayó la citada Dra. Bugallo. El sistema funcionó durante un tiempo, pero la falta de apoyo de los editores y de las autoridades en proseguir la gestión, lo hizo languidecer.

Un párrafo aparte merece el desmedido operativo policial y judicial, que impactó a más de un transeúnte y demandó doce horas, evidenciando un uso indiscriminado y excesivo de los recursos estatales, que deberían haber sido utilizados de otra manera y en otros contextos.

El cinematográfico despliegue dejó como saldo 80 fotocopiadoras y 40 computadoras requisadas, y 32 personas detenidas, que esa misma tarde declararon ante la jueza especializada en crimen organizado, quien junto a la fiscal dispuso la liberación de empleados y clientes de los comercios, mientras que los dueños de los locales quedaron demorados para declarar al día siguiente, cuando la jueza decidió el procesamiento sin prisión de 14 personas.

Sería bueno ver procedimientos similares para desbaratar bocas de venta de pasta base, el accionar de pandillas, la ola de hurtos y rapiñas, y la violencia en el deporte.

Lamentablemente, todo eso no se mide con la misma vara.