Comunicado de Prensa
Por Daniel Bianchi
Tal como se viene haciendo desde 1999, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) escogió esa fecha para sensibilizar al mundo sobre este acuciante flagelo, el 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional contra la Violencia de Género.
Insistentemente se ha calificado a la violencia de género como “un delito invisible”, en ocasiones disimulado o encubierto por una felicidad conyugal ficticia: para el resto de la familia, vecinos y amigos, la vida parece transcurrir sobre un lecho de rosas, mientras que puertas adentro del hogar imperan la desdicha, la intimidación y el terror.
Hace un tiempo en Uruguay las mujeres -la violencia de género es ejercida generalmente por el hombre sobre la mujer, aunque hay algunos casos en contrario, si bien en número mucho menor- se han animado a denunciar a quienes las maltratan, y aunque la cantidad de denuncias es cada año mayor, la cifra de las que guardan silencio por miedo se encuentra muy por encima de las que se atreven a denunciar. Las causas son tres: el temor a las represalias que puedan inferirle sus parejas, la insuficiente protección por parte de la Policía, y el escaso amparo que reciben por parte de la ley, aún considerando las importantes mejoras de los últimos quince años.
En Uruguay, hay más denuncias por violencia domestica y de género, que por robos y rapiñas, lo que ya es mucho decir. En los últimos 9 años se cuadruplicó la cantidad de denuncias por violencia doméstica. Y llegados a este punto, preciso es decir que recoger cifras confiables nos fue muy difícil.
El diseño de las políticas públicas implementadas por el Ministerio del Interior (MI) en esta materia lo hace la División Políticas de Género, en tanto la División Estadística y Análisis Estratégico (a cargo del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad, creado en 2005) juega otro papel fundamental y debería ser, en teoría, la principal fuente de información estadística.
Pero la misma no está actualizada y hay problemas para su instrumentación.
No teniendo, así, datos oficiales confiables, debimos remitirnos a los datos manejados por la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, según la cual 27 mujeres murieron en nuestro país víctimas de violencia doméstica durante 2013, en tanto que otras 7 estuvieron a punto de fallecer debido a los golpes de sus parejas. En nuestro país hay 68 denuncias diarias, y cada 12 días una mujer es asesinada.
Sin embargo, estas cifras son relativas. Las denuncias no equivalen a casos, ya que algunas de ellas son realizadas por los mismos protagonistas como parte de un mismo caso. Otras tienen que ver con el incumplimiento de disposiciones de la Justicia y, por otro lado, la tipificación establecida en el Código Penal determina que una importante cantidad de casos sean individualizados como amenazas, lesiones u homicidios, cuando en la práctica son el resultado de episodios de violencia doméstica.
De lo anterior se desprende que la realidad supera largamente las estadísticas.
Puntualmente, en el departamento de Colonia el número de denuncias (escritas y verbales) es revelador: Año 2003: 501; Año 2004: 566; Año 2005: 921; Año 2006: 1.238; Año 2007: 1.728; Año 2008: 1.887; Año 2009: 2.295; Año 2010: 2.086; Año 2011: 3.014; Año 2012: 2.262; y al 31 de octubre de 2013: 1.790, lo que para este año equivale a casi seis casos por día.
Colonia tiene el triste privilegio de ubicarse en tercer lugar, detrás de Canelones y Maldonado, en cuanto al número de denuncias por violencia doméstica, y está también tercero en muertes por esta causa, detrás de Treinta y Tres y Rocha.
El 25 de abril de 2012 fue presentado en la Junta Departamental de Colonia un proyecto de creación del Hogar Departamental para Víctimas de Violencia Doméstica (Mujeres y hombres), de carácter transitorio, para realizar una contención integral para los allí residentes y su núcleo familiar mientras se sustancian los procedimientos administrativos, el alejamiento del sujeto agresor del hogar -o la reclusión penitenciaria, en caso de dictaminarlo la Justicia- y la retención de activos financieros a fin de garantizar el sostén de la familia.
El 19 de febrero de este año, con la aprobación de todos los partidos políticos, y el respaldo de diversas instituciones que intervienen en el tema, el proyecto pasó al Intendente para su cristalización.
Pero hasta la fecha, el Ejecutivo Comunal nada ha concretado.
Seguir esperando sería como querer mantenernos en aquellos dos podios a los que Colonia nunca debería haber subido.