La dignidad más allá de la muerte

Comunicado de Prensa
Por Gabriel Gabbiani

 

Una situación abiertamente contradictoria se planteó en el escenario del gobierno departamental tras la aprobación en la Junta Departamental de Colonia de la nueva Ordenanza de Cementerios.

El proyecto presentado por el nacionalismo fue aprobado en general por el órgano deliberativo en la Sesión Ordinaria del viernes 13 de diciembre por los tres partidos políticos representados en el mismo, pero con la oposición a dos artículos polémicos por parte del Partido Colorado.

Objeto de controversia eran el Nº 19, que reducía de 6 a 2 horas el tiempo mínimo para dar cuenta al encargado del cementerio de una nueva inhumación, y el Nº 27, que establecía que, para la reducción de los cuerpos, en todos los casos deberían transcurrir 2 años desde el sepelio, plazo que hasta entonces era de 4 años.

Conocida la aprobación del nuevo texto, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) y funcionarios de Necrópolis solicitaron una reunión con el intendente, Walter Zimmer, a quien entregaron un documento realizando algunas sugerencias de modificaciones, entre ellas volver los plazos establecidos en los artículos mencionados a los anteriores.

En los días siguientes, la mayoría de los medios de prensa del departamento informó que el jefe comunal había devuelto a la Junta la nueva ordenanza, tras mantener una reunión con los encargados de todos los cementerios del departamento, quienes habían argumentado que era muy prematuro el tiempo para realizar la reducción de cuerpos a tan solo dos años del fallecimiento.

Las palabras de Zimmer reproducidas por los medios fueron textualmente las siguientes: “Considero que son argumentos sólidos, planteos entendibles, y que el tiempo que se estipula es precoz. Por ende creo que lo mejor es que la Junta lo revea, lo devolveremos a la Junta. De hecho, ya lo enviamos al Legislativo, no sé si ya le llegó, pero de nuestra parte entendemos que lo mejor es que se modifiquen los puntos planteados por ADEOM en este caso”.

Parecía una inmejorable oportunidad para que los funcionarios realizaran aportes más que interesantes para ser tenidos en cuenta  a la hora de reconsiderar la ordenanza. Y ello porque desde su presentación en agosto de 2012, el proyecto había sido considerado principalmente por la Comisión de Higiene y Medio Ambiente, por un lado, y de Legislación por otro, y si bien ambas se habían entrevistado con distintos actores ligadas a esta temática, no lo habían hecho ni con ADEOM ni con los funcionarios de Necrópolis.

 

Sorpresa y media

Grande fue la sorpresa, entonces, cuando a la Junta llegó un comunicado de la Intendencia que daba cuenta que la nueva ordenanza había sido promulgada -con la firma del propio Zimmer y la del Secretario General, Pablo Manitto- el martes 14 de enero, sin que hasta esa fecha, el expediente correspondiente hubiera sido devuelto al deliberativo para su reconsideración. Es decir, el intendente había indicado una forma de proceder a la prensa y había actuado en forma contraria.

La Comisión de Asuntos Laborales y Derechos Humanos -que integramos- a la cual no había sido remitido el expediente durante los meses que insumió su estudio pese a, según entendíamos, corresponderle participación en el mismo, tomó cartas en el asunto y decidió invitar a ADEOM y a los funcionarios de Necrópolis, circunstancias en la cual sus integrantes de enteraron de hechos que por lo macabro no son del caso detallar ahora, pero que parecen impensables en el Siglo XXI, y que de hecho deberían ser inadmisibles.

La mencionada comisión, con integrantes de los tres partidos, resolvió solicitar, en su calidad de tal, la reconsideración de la ordenanza (sólo puede hacerse en la Sesión Ordinaria inmediata siguiente a aquella durante la cual se aprobó, que en este caso correspondía al viernes 31 de enero), y así lo decidió unánimemente.

Pero dos días antes, el 29 de enero, sin embargo, la ordenanza apareció publicada en el Diario Oficial, con lo cual adquirió fuerza de ley en todo el territorio del departamento.

Fieles a la decisión adoptada por nuestra comisión, apenas iniciada la sesión del 31, en el plenario de la Junta igualmente hicimos el planteo de reconsideración, pero el Partido Nacional, en bloque, rechazó la misma.

La argumentación del oficialismo estuvo dada a través de la fundamentación del voto del edil Julio Basanta, redactor del proyecto, quien sostuvo que en reunión posterior a la aprobación de la misma los funcionarios explicaron que respecto al Artículo 19 “el tiempo no les daba para limpiar el cementerio. Entendemos que los cementerios deben estar limpios siempre, que no se limpian cada vez que hay un sepelio (…). Entendíamos que tiene que ver más bien con los intereses corporativos de esos funcionarios que con el interés del pueblo de Colonia”.

En tanto, Basanta indicó que respecto al Artículo 27 “el argumento que se daba era que a los 2 años los cuerpos no iban a estar en condiciones de ser reducidos. Eso no es así; hay cuerpos que sí, hay cuerpos que no, lo mismo que a los 4 años. Les preguntábamos qué pasaba cuando a los cuatro años se abría un sepulcro y el cuerpo no estaba en condiciones de ser reducido; y (nos decían que) una de las prácticas más habituales es pasar el cuerpo a una fosa, ponerle cal y dejar que se termine de descomponer para después hacer la reducción. Es el procedimiento que se hace actualmente. Entonces nosotros le preguntamos cuál era el inconveniente que se daba si a los 2 años se hacía el mismo procedimiento. Porque debemos recordar que el argumento -que utilizamos nosotros- fue que de esta manera estamos favoreciendo a los más pobres, que son aquella gente que frente a la falta de un familiar tienen que enfrentar los gastos del sepelio y todo lo demás. Y muchas veces cuando tenían un nicho que tenía 4 años por delante de uso, no lo podían utilizar porque les exigían que tuviera ese período libre; entonces tenían que comprarlo por 5 años más”.

“Con este sistema -que, aparte, vamos a entendernos, no es obligatorio, la gente no está obligada a reducir a los dos años, lo hará el que quiera y en las circunstancias que quiera- no le generaba ningún perjuicio. Es decir, era más bien todo un problema del funcionamiento interno de cada cementerio, porque aparte tienen una práctica en Carmelo, otra en Palmira y otra en Rosario, y no puede ser, porque todo ese tipo de cosas termina perjudicando a los más necesitados, a los más pobres”, señalaba Basanta.

 

Zimmer desautorizado

Más allá de la inconsistente argumentación esgrimida llamó la atención un hecho innegable y contundente: la bancada de ediles del P. Nacional desacreditó al propio intendente Zimmer y lo dejó en un precario equilibrio frente a la opinión pública.

No es necesario explicar porqué.

Pero llama la atención, también, que el jefe comunal no haya a su vez corregido a sus ediles y cumplido la palabra empeñada a los funcionarios y hecha pública a través de la prensa. Las razones de ese errático proceder la conocerán uno y otros, y no es nuestro interés más que remarcarla para que el lector saque sus propias conclusiones.

Ahora bien, para rebatir el argumento de Basanta debe señalarse, en primer lugar, que lo que se intentó con este texto fue asimilar en Colonia buena parte de la ordenanza de cementerios de Montevideo, soslayando que son realidades y sistemas distintos.

En segundo lugar, no por ser un mecanismo natural o biológico el proceso de descomposición de un cadáver es atractivo, sino que por el contrario es muy incómodo, desagradable y en muchos casos insoportable, por lo menos para la enorme mayoría de las personas. No hay dos cuerpos que se descompongan de la misma manera, no obstante lo cual todos sufren las mismas etapas secuenciales de degradación. En la desintegración de un organismo intervienen diversos factores, entre ellos el grado de calor, frío, humedad, causa del fallecimiento, medicamentos que utilizaba, y varios más. En los cementerios del departamento de Colonia, la desaparición casi total de los tejidos hasta transformarse sólo en restos óseos, tiene lugar, en general -no siempre- alrededor de los 4 años.

En tercer lugar, hay cementerios colonienses que cuentan con un solo operario para cubrir el turno de 08.30 a 12.30 hs. y de 13.30 a 17.30 hs., tal el caso de Ombúes de Lavalle, Miguelete y Conchillas. Ese funcionario debe mantener y dedicarse no sólo a la reparación, mejora y mantenimiento de los cementerios en cuanto -aunque suene sarcástico- paseos públicos, sino que además en caso de un sepelio debe retirar la lápida (algunas son tapas de granito o mármol, pero otras están adosadas con portland y deben romperse), reducir el cuerpo del interior del nicho y luego proceder a limpiar el mismo. Todo eso, en menos de 2 horas, de acuerdo a la nueva ordenanza. Y eso en malas condiciones, por cuanto hay cementerios que no cuentan con servicio de UTE, OSE o ANTEL, y muchas veces el único contacto entre el funcionario y la Intendencia, son las propias empresas fúnebres, que facilitan ese nexo.

A título de ejemplo, el Cementerio de Carmelo, que cuenta con 4.000 nichos, realiza anualmente alrededor de 300 reducciones, entre las solicitadas y las que son consecuencia de emplazamientos por vencimiento del derecho de uso, de las cuales, con la vieja ordenanza, sólo entre 6 y 10 eran de cuerpos aún sin degradarse totalmente. Pero con la nueva ordenanza, se estima que entre 150 y 200 serán de cuerpos que aún no se habrán acercado a la descomposición total.

Podrá argumentarse que es problema de los funcionarios.

Es cierto, pero no es la verdad completa: es también problema de los familiares de los fallecidos, porque si bien actualmente que un familiar presencie una reducción no es obligatorio, sí se aconseja, y no tiene por qué tener una sorpresa desagradable o atravesar un mal momento.

Y aquí surge un nuevo problema. ¿Cómo se realizan las reducciones? Los cementerios de nuestro departamento no tienen tanatorios (Del griego «Thánatos», personificación de la muerte no violenta), salas de autopsias ni morgues. Por tanto, las reducciones se realizan cercano al propio nicho. Los operarios cuentan con una especie de carro con una chapa, que se coloca debajo del ataúd, se exhuma el mismo y se coloca sobre dicho carro. Allí mismo se abre y se procede a la reducción, a la vista de quien pase. Y está claro que no es lo mismo reducir un esqueleto, con el cual más o menos todos estamos familiarizados, que un cadáver a medio descomponer, con la imagen y el olor que el mismo implica.

Esas, entre otras, fueron -y son- las razones por las cuales los funcionarios se niegan a realizar la reducción de un cuerpo a sólo dos años de fallecido. La situación es no sólo chocante para ellos, sino también para los familiares que deben presenciar una reducción y se pueden llevar una imagen muy desagradable.

Y, finalmente, más allá de que las  reducciones no son obligatorias a los dos años, sino que ese es el plazo mínimo a partir del cual un cuerpo puede ser reducido, no es correcto como dijo el edil Basanta que “las hará quien quiera y en las circunstancias que quiera”. De ninguna manera es así, porque muchas veces una persona se ve obligada por las circunstancias a realizar una reducción, y no es la persona la que fija el procedimiento y el plazo, sino la naturaleza, léase, la muerte.

Como si ello fuera poco debemos señalar que hemos revisado, además, legislación comparada y hemos encontrado que en los países desarrollados los períodos mínimos de reducción son muy superiores a los dos años.

 

No puede perderse la calidad humana

Por eso, y por entender que con el aporte de los funcionarios de Necrópolis se le podrían haber hecho varias incorporaciones y mejoras importantes, propusimos la reconsideración de la ordenanza, instancia que, como dijimos, los ediles blancos en su totalidad votaron en contra.

La esperanza asomó tímidamente el pasado jueves 12, cuando el señor Eduardo Cabral, funcionario de carrera con 35 años en la Intendencia, siempre en Necrópolis, y encargado de la Zona Oeste, se hizo presente en Sala y, tras explicar detalladamente los perjuicios y desventajas de la nueva ordenanza, anunció que el día anterior, martes 11, Zimmer había confirmado a ADEOM que sostendría su postura original, esto es, que estaba de acuerdo con los funcionarios y que devolvería la ordenanza a la Junta, para lo cual había delegado esa responsabilidad en el edil de su sector, Roberto Calvo.

Pero Calvo no hizo uso de la palabra y nada nuevo surgió durante la sesión.

Como preveíamos, porque si Zimmer hubiera sostenido esa postura desde un principio sencillamente no hubiera promulgado el texto y mucho menos lo hubiera hecho publicar. Ciertamente, no comprendemos los anuncios erráticos del jefe comunal, que no hacen más que desmerecer su jerarquía.

Quienes lamentablemente hemos tenido que presenciar reducciones, podemos afirmar que el sólo hecho de ver los restos óseos de un familiar -máxime si se trata de un padre, una madre, un hermano y ni hablar de un hijo- no es agradable para nada. Pero seguramente aún más desagradable es ver un cuerpo en pleno período de descomposición y tener que observar cómo los funcionarios de Necrópolis deberán proceder a destazarlo -porque eso es lo que se verán obligados a hacer- delante de un familiar y de los visitantes al cementerio.

Nos parece una actitud impía e inhumana, propia de bárbaros.

Nos parece que viola la dignidad más allá de la muerte.

Teníamos confianza en recibir una respuesta un poco más humana, más sensible, más compasiva, de la Junta Departamental.

Pero ésta no la dio.

Aunque de todas maneras, como afirmamos en Sala, debemos decir que no estamos sorprendidos por la desalmada respuesta recibida de parte de un oficialismo implacable.

En absoluto.