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Nota de Opinión
Ing. Agr. Jorge Coll / FA-PS
Al referirse a los enjuiciamientos determinados por la justicia la mayor parte de la prensa se refiere exclusivamente a los empadronamientos de vehículos de otros departamentos, empadronamientos realizados con fecha falsa. Muchos de los voceros del Partido Nacional comentan el hecho como un delito menor, casi una travesura. Los defensores del Dr. Zimmer y su travesura han logrado imponer esa visión de los hechos.
No dicen nada en relación a los otros hechos, constatados por la justicia, vinculados a la actuación ilegal de la Intendencia en relación a las empresas gestoras. Menos aún hablan sobre los turbios manejos de los fondos provenientes de cooperación internacional que forman parte importante de la fundamentación de los procesamientos.
He leído con atención las 56 páginas del informe de la Junta de Transparencia y Ética en la Política y las 20 páginas con que la Jueza actuante fundamenta los procesamientos con prisión y dispone nuevas investigaciones. Los textos son muy esclarecedores. Aunque mi especialidad no es el derecho yo estimo que hay proceso para rato y muchos serán los que tendrán que declarar como testigos o como indagados. Es muy posible que el número de enjuiciados aumente.
Me he referido al hecho de que el procesamiento incluye varios capítulos que la justicia califica como graves y que no han llegado aún a conocimiento de la gente. Argumentaré ahora por qué, a mi juicio, falsear en forma continuada documentos públicos no es un delito banal, una travesura.
El Uruguay ha ganado duramente el reconocimiento de un país serio y confiable con instituciones robustas. En ese contexto un Intendente reiteradamente ha justificado ante la prensa que acordó con su Director de Hacienda falsear la fecha de más de un millar de documentos públicos. En abril aún seguían empadronando con fecha diciembre, así lo afirmó una funcionaria municipal en mi presencia.
Con ello toda la seguridad jurídica de los actos de la administración pública se desvanece. El daño a la imagen del país es incalculable. Sin la confianza en el respeto a la fecha de ocurrencia de los actos jurídicos es imposible funcionar. Sin la confianza de que los jerarcas de gobierno respetan los documentos ¿qué actividad económica sana puede desarrollarse? Tan importante es el daño público ocasionado por este delito que el Código Penal en el artículo 268 prevé una pena de dos a ocho años de penitenciaría.
El país ha cambiado. La confianza generada por un país serio posibilitó la concreción de un flujo importante de inversiones y reinversiones que han permitido dinamizar vigorosamente la economía de un país estancado y en retroceso, generando más y mejor empleo. Hay muchos ejemplos de ello.
Si un jerarca del gobierno departamental viola aspectos básicos de la seguridad jurídica de los actos de gobierno y sobre él no recayera ninguna sanción el país estaría aceptando que es una republiqueta donde el derecho no cuenta.
Concordaremos todos que es tarea del Poder Judicial actuar para asegurar la vigencia de las leyes enjuiciando a quien corresponda cuando existe suficiente evidencia para ello.
Quiero destacar la enorme tarea desarrollada por la Junta de Transparencia que con su calificado informe aportó mucho al esclarecimiento inicial de los hechos.
Les quedan a los procesados todas las garantías jurídicas que tienen los enjuiciados por la Justicia en el Uruguay, un país que queremos que siga teniendo reputación de tener una institucionalidad robusta, la mejor de América Latina.
