Mayorías, acuerdos y polémicas

Nota de Opinión
Por Daniel Bianchi

En estos momentos, el Parlamento Nacional tiene a estudio más de medio millar de proyectos de leyes, algunos de los cuales llevan varios años en los despachos del Palacio Legislativo.

Por el camino, quedaron entre muchas otras la iniciativa tendiente a la creación de un Sistema Integrado de Inteligencia en el Estado, la reforma de la Ley Orgánica de la Policía y la creación de la Universidad de la Educación (UNED).

En las últimas horas, el oficialismo anunció que, de esas quinientas iniciativas, el próximo mes de diciembre apuntará a sancionar poco menos de una decena en ambas Cámaras, con lo que las restantes serán archivadas y, ante la eventualidad de que sean retomadas por la nueva legislatura, deberán iniciar nuevamente el trámite desde fojas cero.

Entre las iniciativas que se pretende sancionar se encuentran el nuevo Código del Procedimiento Penal (CPP), que establece una efectiva separación en las funciones de los protagonistas que intervienen en el sistema judicial y participan del proceso penal, con vistas a simplificar y actualizar el proceso con un nuevo sistema de audiencias concentradas y públicas. De esta manera se garantizará el control ciudadano. La modificación incluye, asimismo, el cambio de roles del juez, el fiscal, el defensor de oficio, el imputado y la víctima, que pasa a ser parte del proceso.

Entre los demás proyectos se encuentran el nuevo marco regulatorio del gas natural, el proyecto denominado «Administración electrónica» que permitirá a los ciudadanos hacer sus trámites ante organismos estatales on line, la reserva de mercado para el Estado de la producción familiar y la pesca artesanal, modificaciones a la Ley Nº 18.858 de nacionalidad y avecinamiento que reduce de un año a tres meses los plazos de residencia en el país de hijos o nietos de uruguayos que viven en el exterior, la extensión por ciento ochenta días del seguro de paro especial para los extrabajadores de PLUNA S.A., el establecimiento de un sistema de residencias médicas y el proyecto que prohíbe la exhibición de las cajas de cigarrillos y paquetes de tabaco en lugares comerciales.

La mayoría de los proyectos mencionados ya cuentan con media sanción en la Cámara de Representantes, y casi todos cuentan con un elevado grado de aceptación por parte de la oposición.

Claro está, no es ajena al paquete de leyes que al oficialismo le interesa aprobar la controversial Ley de Medios.

Para la bancada del Frente Amplio y el Poder Ejecutivo, esta iniciativa -que regula la propiedad de los medios de comunicación, establece espacios mínimos de producción nacional y fija sanciones a quien la incumpla- es prioritaria. Y ello a pesar de que en diciembre de 2010 el propio presidente José Mujica, admitiera estar «podrido» de que le preguntaran “acerca de la Ley de Medios” y afirmara que no le había llegado ninguna iniciativa en ese sentido y que, el día que le llegara iba “a tirarla a la papelera».

Poco después, no obstante, se conocía que Mujica “apuraba su propia Ley de Medios” para “evitar la presión de los canales de televisión” temiendo que ésta se pudiera volver “insoportable”, en especial en lo atinente a las tarifas de la publicidad electoral. Y es que el proyecto a estudio parlamentario presenta un capítulo dedicado a este punto. Y no sólo eso. De acuerdo al texto en análisis, a partir de la aprobación de esta nueva -e inconstitucional- ley, todos los canales de televisión se verán obligados a conceder minutos gratuitos de espacio para los partidos políticos, de acuerdo con la cantidad de votos obtenidos por cada uno en la última Elección Nacional.

Pero no es todo. El partido de gobierno apunta con esta iniciativa a crear nuevos cargos públicos de confianza, en este caso en lo que refiere al control de la nueva norma. El mismo debería ser cometido de la Unidad de Regulación de los Servicios de Comunicación (URSEC), organismo que depende de la Presidencia de la República, pero una de las últimas modificaciones apunta a crear un órgano desconcentrado, lo que significa nuevos ingresos a la administración pública.

La intención del oficialismo es votar este proyecto en el Senado el martes 16 de diciembre, y en los días siguientes en la Cámara de Diputados.

Mientras tanto, Tabaré Vázquez, que había anunciado antes de la Elección Nacional que no estaba de acuerdo con esta ley, alteró su propuesta inicial en su primera aparición pública después del domingo 26 de octubre y lo calificó como un proyecto “impostergable”, anunciando su pronta aprobación, y comprometiéndose a reglamentarla de inmediato si es electo presidente.

La ley será una forma, mal disimulada y peor encubierta, de intervenir en los contenidos de los canales de televisión y de las emisoras de radio, con lo que la libertad de prensa, esencial para el sostenimiento del sistema democrático, está en juego.

Eso es lo primordial.

Y debería ser suficiente para generar el rechazo no sólo de todo el Parlamento, sino de toda la sociedad.